jueves, 28 de junio de 2012

Represores acusados por violaciones, abuso sexual y robos

Francisco Laitán
Acusaron a ex policías de haber cometido violaciones, abusos, robos y de provocar un aborto.
Con algunas diferencias, todas las querellas adhirieron a la presentación efectuada por el Ministerio Público Fiscal.
ACUSADO. Francisco Laitán fue señalado por Gimena como el autor material de la violación de una detenida.
Publicado el 27/06/2012
El fiscal federal general Gustavo Gimena solicitó al Tribunal Oral Federal del juicio de la Megacausa que ampliara las imputaciones por violaciones y abuso sexual de presos políticos, por el aborto producido a Cristina Torres a raíz de las torturas, y por robo agravado, a casi la totalidad de los 10 acusados. En todos los casos, Gimena señaló a Musa Azar Curi y Tomás Garbi con distintos grados de participación.

Casos y acusados
Por el delito de violación en perjuicio de Alcira Chávez en el Departamento de Informaciones Policiales (DIP), acusó a Francisco Laitán como autor material y autores mediatos a Azar Curi y Tomás Garbi (como jefe y subjefe).

Por la violación a Cristina Torres en la sala de torturas del DIP, acusó como autores mediatos a Azar Curi y Garbi. Además, por el aborto que sufrió Torres a causa de las torturas, acusó a Azar Curi, Garbi y Ramiro López Veloso.

Por el abuso deshonesto a Luis Garay, Gimena pidió ampliar imputación contra Ramiro López Veloso como autor material, y Azar Curi y Garbi, como autores mediatos.

Además, pidió que se imputara por robo agravado en poblado y en banda, a los 9 ex policías que cumplieron funciones en el DIP y que son juzgados: los mencionados Azar Curi, Garbi, López Veloso, Laitán; y también Juan Felipe Bustamante, Eduardo Baudano, José Brao, Rolando Salvatierra y Carlos Capella. Estos últimos cuatro fueron acusados por el robo de una motocicleta a Garay. Los otros ex represores están mencionados en más de un caso. Entre los hechos denunciados se encuentran los robos a la familia Salomón, y al detenido Juan Perié. 

Todas las querellas adhirieron a la petición del fiscal: Secretaría de Derechos Humanos, Codesedh, Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia; Liga Argentina por los Derechos Humanos, y particulares. La Secretaría de DD.HH. consideró que en vez de autores mediatos en los casos de violaciones y abuso sexual, Azar Curi y Garbi tenían que ser acusados de partícipes necesarios y agravarse la situación, porque las víctimas estaban bajo su custodia. Además, sumó el caso de la familia López Saracco, entre los actos de pillaje cometidos por los grupos de tarea.

Por otra parte, todas las querellas defendieron su derecho a peticionar que se amplíe la acusación contra parte de los imputados, ante la objeción planteada por parte de la defensa.

miércoles, 27 de junio de 2012

El DIP reclutaba menores para infiltrarlos entre estudiantes

Una de las testigos contó que, junto con su hermana, fueron investigadas por compañeros de la escuela secundaria.
 
 Durante la audiencia de ayer (26/6/12), surgió un dato revelador referido a que en el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) reclutaban menores para infiltrarlos en los grupos estudiantiles de los diversos establecimientos escolares, con el objetivo de conseguir información de las actividades que desarrollaban.
 
El dato fue corroborado por el testimonio de Ana María Domínguez, quien fue detenida cuando tenía 14 años, junto con su hermana Gladis, de 16, por personal que respondía al grupo de tareas que lideraba Musa Azar Curi. En su relato, la víctima reconoció como las personas que la detuvieron a los policías “García, Brao, Obeid, Bustamante y López”.
Domínguez contó que durante sus tres días de detención estuvo ‘primero en dependencias del DIP y después en el Penal, con dos prostitutas menores de edad y una empleada doméstica que había sido acusada de robarle dinero a su patrona”.
 
La víctima narró además que luego de haber sido detenida, un compañero de la secundaria le confesó que “estaba trabajando como agente secreto, sin dimensionar lo que hacía, porque éramos chicos y no comprendía; después me contó arrepentido que le habían exigido que les contara todo las actividades que hacíamos”.
 
La misma suerte corrió su hermana Gladis, que había acordado reunirse con dos compañeros en la plaza Sarmiento, lugar desde el cual la detuvieron. “Después nos enteramos que uno de ellos era informante de la Side”, detalló.
 
Domínguez relató que “Santiago también tuvo su noche de los lápices”, en referencia a la serie de diez secuestros de estudiantes de secundaria, ocurridos en Buenos Aires.
Recordó que la misma noche detuvieron, además de su hermana, a Silvia Gardella, Félix Daniel López Saracco, Walter Salvatierra, Pedro Ramírez y Margarita Urtubey, entre otros. “Yo tenía 14 años y me trataban como subversiva porque realizaba algunos trabajos sociales en el barrio 8 de Abril y en algunas escuelistas”, concluyó.

lunes, 18 de junio de 2012

Los testimonios que involucran a los jueces cómplices

“Le dije que no deje que me lleven a ese lugar”

 Por Alejandra Dandan

En las audiencias por la megacausa que se hace en Santiago del Estero volvieron a escucharse los nombres de los jueces. Luis Roberto Avila Otrera, ex delegado gremial bancario, dijo en la audiencia que fue torturado en presencia de Liendo Roca.

Cristina Torres es una de las ex detenidas políticas, integrante de la organización Memoria, Verdad y Justicia que nuclea a familiares de desaparecidos y ex presos políticos. Cristina declara desde 1984 y declaró el último mes en el juicio oral por la megacausa abierta en Santiago. Ella habló en uno y otro momento de la responsabilidad de la Justicia, como lo hicieron varios de sus compañeros. En diálogo con Página/12, recuerda algunas escenas y explica el origen de las causas.

“La causa de Olmedo se abrió en 2004 –dice– cuando su nombre volvió a salir a la luz porque la Iglesia lo propuso como candidato a interventor federal. Cuando nos enteramos escribimos cartas al Congreso y a la Presidencia recordando que era uno de los jueces que habíamos denunciado ya en 1984, en la Conadep.”

En lo personal, Cristina lo acusó porque cuando estaba detenida bajo su jurisdicción entendió que con el consentimiento de Olmedo los represores la sacaron de la celda y se la llevaron a torturar. “Yo volví a repetirlo ahora en el juicio oral –dice–. Una vez le dije que no deje que me lleven a ese lugar de muerte. El me respondió que iba a ser sólo unos minutos, y yo le respondí que ni siquiera un minuto porque iba a volver destrozada. ‘Usted es responsable de lo que me va a pasar’, le expliqué. Olmedo cortó el teléfono y en ese momento me sacan por la fuerza. Después de eso le pedí verlo para dar el testimonio, pero nunca más me llamó, o sea desconoció todo lo que nosotras queríamos denunciar, porque mis compañeras también le pidieron que me llame porque yo había sido torturada. Para nosotros eso fue complicidad porque no podía desconocer lo que estaba pasando.”

Un día su madre fue a verlo a la casa. Le hizo guardia en la puerta durante toda la noche porque él se negaba a recibirla: “Mi madre se quedó y a la mañana lo paró cuando él salía para el trabajo, le pidió que entienda la situación, que le estaba pidiendo que garantice mi vida y él le dijo: ‘ya voy a ver lo que puedo hacer’”.

Cristina recuerda que sobre el caso de López hubo dos personas que declararon como testigos en el juicio de Cecilio Kamenetzky, el primero que se hizo en la provincia. Y lo situaron presenciando las torturas antes de 1976. En su caso, López refrendó con su firma un allanamiento fraguado que se hizo en su casa. Para entonces ella ya estaba detenida. Como no tenían cargos con ella, dice, salieron a buscarlos con el operativo. Construyeron un informe en el que escribieron que se llevaron todo tipo de publicaciones desde Estrella Roja hasta Descamisados, pero el dato que menciona Cristina, que además es delegada en la provincia de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, es que los testigos que aparecieron firmando el allanamiento eran dos empleados de la SIDE: Sánchez y Roberto Díaz. “La orden está refrendada por el secretario y con eso me abren una causa judicial –dice– y con esa causa me condenan: como no había nada, fraguaron una acta de allanamiento que además hicieron muy mal.”

Definen causas que involucran a jueces que actuaron en Santiago del Estero durante la dictadura

Tres jueces con pasado muy turbio

La Cámara de Casación debe definir hoy en una audiencia los casos de los ex jueces Roca y Olmedo, juez y fiscal durante la dictadura. Un caso más paradigmático es el de Luis López, a quien señalan integrando la DIP de Musa Azar.

 Por Alejandra Dandan

Los casos son, para Santiago del Estero, tan emblemáticos como Otilio Romano para Mendoza. En total, son tres jueces federales. Hoy habrá una audiencia en Casación por dos de ellos, Antonio Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga, que ya no están en el Poder Judicial, pero fueron juez y fiscal alternativamente durante la dictadura. La causa está abierta desde 2004, los dos están denunciados por participar en la represión, pero fueron sobreseídos en primera instancia y por el tribunal de alzada porque dieron los delitos como prescriptos. El tercero es un caso aún más paradigmático: se trata de Luis Eduardo López, secretario penal durante la dictadura y ahora presidente del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, separado por estas denuncias del último juicio y, en palabras de los querellas que integran los organismos de derechos humanos, una de las autoridades máximas del Poder Judicial local. Los testimonios los ubican tomando declaraciones indagatorias en la Dirección de Información Policial –la DIP de Musa Azar, en cuyo sótano funcionó un centro clandestino–, indican que no investigaron los hábeas corpus de los familiares y López aparece firmando una de las órdenes de allanamiento ilegal.

“Actualmente, Liendo Roca y Olmedo de Arzuaga están sobreseídos –explica el fiscal federal Gustavo Gimena, de Santiago del Estero, a cargo de las causas de lesa humanidad ahora con la asistencia del fiscal Félix Crous–. Nosotros estamos esperando de Casación dos cosas: la primera, que revoque el sobreseimiento por prescripción y, la segunda, que no aplique la ‘teoría del reenvío’ que aplica en algunos casos. Y, en consecuencia, que ordene al juzgado federal que reciba las indagatorias de los ex magistrados. Si no lo hace y aplica el reenvío, hay que volver a integrar un tribunal para que resuelva todo y el trámite demoraría mucho.”

Olmedo de Arzuaga quizás es el nombre más conocido afuera de Santiago del Estero. Presidió el juicio por el crimen de María Soledad Morales en Catamarca y las cámaras de televisión lo pescaron haciéndole un gesto a una de las partes. Durante la dictadura, Olmedo se desempeñó como fiscal y juez ad hoc alternando el rol con Liendo Roca. Liendo Roca fue fiscal hasta el golpe de Estado y luego fue nombrado juez. Como fiscal siguió varias causas de los detenidos políticos y, por eso, frente a esas causas, debía excusarse y Olmedo tomaba su lugar. Eduardo Luis López, en tanto, era secretario penal.

“En Santiago del Estero se repitió la misma situación que con Romano en Mendoza –recuerda el fiscal. Los presos políticos les decían a ellos que habían sido torturados o habían sido sumergidos en agua por la policía, ellos les respondían que eso era una mentira y les pedían que firmaran declaraciones indagatorias.”

–¿Ellos entraron al centro clandestino?

–Ellos no ingresaron al sótano donde estaba el centro clandestino, iban a las oficinas de Musa Azar, que estaban en el piso de arriba, y de otros policías torturadores. Les tomaban indagatorias a los presos políticos que estaban detenidos en ese momento por la ley, ya derogada, 20.840. Hubo algunos testigos y sobrevivientes que querían declarar ante el juez. Algunos pedían hablar con el juez, les contaban sobre las torturas que ya estaban viviendo y en algún caso, uno de ellos recuerda que lo hizo frente al entonces juez federal (Santiago) Grand, que estaba con López, entonces su secretario. Las víctimas explican que el juez les decía que firmaran las declaraciones porque si no volverían al lugar de donde venían, es decir, la sala de tortura. Liendo Roca y Olmedo mantuvieron a personas detenidas más allá de la cantidad de años que ellos mismos habían impuesto porque los consideraban peligrosos.

–¿Cuáles son los cargos por los que los denuncian?

–Les imputamos participación necesaria en este delito.

–¿Con López sucede lo mismo?

–A López le imputamos participación necesaria en la privación ilegal de la libertad y tormentos de varios presos políticos.

Los expedientes siguieron caminos distintos. Liendo Roca y Olmedo están con una causa abierta desde 2004. El juez federal santiagueño Angel Toledo les dictó el sobreseimiento, confirmado más tarde por el Tribunal de alzada, que consideró que los delitos existieron, pero habían prescripto. En ese contexto, la fiscalía presentó el recurso que ahora empieza a ventilarse en Casación, en una audiencia que encabezará durante esta mañana el fiscal ante la Cámara Raúl Plee. La fiscalía pidió que se revoque el sobreseimiento para que los dos ex jueces puedan ser indagados.

Con López, la cosa avanza todavía más lenta. Uno de los hechos más simbólicos que denuncia Gimena sobre lo que puede leerse como “protección de la familia judicial” sucedió en abril del año pasado. Gimena, todavía sorprendido, lo define como “un escándalo”. “Cuando la fiscalía presentó el escrito con la denuncia sobre López, el juez federal Guillermo Molinari, que estaba a cargo de la denuncia, se tomó tres días de licencia. En ese lugar dejó a Eduardo Coroleu, un abogado de la lista de disponibles que actuó como juez ad hoc por esos tres días. Un juez nombrado en esas condiciones no está sujeto a juicio político. El asunto es que en esos tres días Coroleu firmó la resolución de sobreseimiento de López. Mi tesis y la de la fiscalía es que el juez Molinari preparó esta resolución, lo hizo firmar al otro y de esa forma él evitó cualquier responsabilidad.”

jueves, 14 de junio de 2012

Citaron a declarar al ex capellán y el fiscal Gimena analiza imputarlo por

El Tribunal Oral Federal (TOF) que integran Graciela Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís, resolvió hacer lugar al pedido del abogado querellante Héctor Carabajal y citó a declarar para hoy, a las 9, al ex capellán del Ejército, Carlos Marozzi. En ese marco, el fiscal Gustavo Gimena anticipó que tras la declaración del sacerdote, desde el Ministerio Público “analizaremos la posibilidad de imputarlo por delitos de lesa humanidad como cómplice”.

En ese sentido, Gimena expresó a EL LIBERAL que espera que el ex capellán ‘diga al tribunal todo lo que sabe sobre lo que sucedió en la provincia en los centros clandestinos que funcionaban en el DIP (Departamento de Informaciones Policiales) y en el Batallón 141”.

En ese sentido, el fiscal señaló que “independientemente de eso, el Ministerio Público analiza la posibilidad imputarle delitos de lesa humanidad al sacerdote por considerarlo cómplice”. Por último, el fiscal consideró que “son bastante los aportes que Marozzi puede dar para la causa judicial, porque tiene mucha información que esperemos que no se la guarde”.

MEGACAUSA
"Ahora se está viendo lo más oscuro, los abusos sexuales a seres indefensos"
Tal como lo adelantó EL LIBERAL, el fiscal Gustavo Gimena advirtió que las audiencias sacaron a la luz nuevos elementos incriminatorios sobre delitos sexuales y robo agravado para los diez acusados.
INCRIMINACIÓN. "Surgieron elementos que agravaron la situación de los imputados", reflejó el fiscal Gustavo Gimena.
Publicado el 13/06/2012
El fiscal federal general, Gustavo Gimena, adelantó que en la última audiencia de junio pedirá al Tribunal Oral Federal que integran Graciela Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís, que se agrave la imputación de muchos de los 10 acusados del juicio de la Megacausa, por delitos sexuales y robo agravado.

El fiscal aludió a estos crímenes que fueron surgiendo durante los testimonios en las audiencias y que fueron revelados a la opinión pública en un informe de EL LIBERAL. “Surgieron elementos que agravaron la situación de los imputados. Podemos separar en dos partes los nuevos elementos, uno que amerita una nueva investigación sobre hechos no traídos al juicio y los hechos traídos al juicio, pero donde faltan otros imputados. Otros elementos han servido para encontrar más calificado el delito, para agravar el delito, y que amerita una ampliación de imputación”, dijo.

Al respecto, Gimena manifestó que “tenemos el caso de delitos sexuales y el tema de robos que podemos imputar en estas audiencias, pero hay otros que amerita una nueva instrucción”.

Cristina Torres, titular de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y ex presa política, que sufrió vejámenes cuando estuvo en el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) abordó este tema: “Las audiencias van develando cuestiones que estaban un poco oscuras, como el papel del capellán del Ejército y el papel de los delitos contra la integridad sexual que han sido comunes y presentes a lo largo y ancho del país”.

"Lo que pasa -reflejó- es que ante la posibilidad de la pérdida de la propia vida, estos delitos quedaban en un segundo plano y lo que se buscaba era poner en evidencia la desaparición de personas, las gravísimas torturas y los asesinatos. Hoy estamos en otra etapa, podemos empezar a develar este proceso que estuvo oculto, y que con estos graves delitos había otros como corrupción, robo de bienes, de propiedades, ataques a la integridad sexual, violencia contra los niños, así como también la decisión de implantar el terror para el conjunto de la sociedad, de manera de actuar como inmovilizador y no resistencia a los planes de la dictadura”, manifestó.

Querellante pidió que se cite a declarar al ex capellán del Ejército.

El sacerdote Carlos Marozzi fue nombrado varias veces en los testimonios de aquellos que estuvieron detenidos.

Tras ser nombrado por varios de los testigos en la megacausa, el ex capellán del Ejército, Carlos Marozzi, sería citado a declarar en el juicio, por pedido del abogado querellante Héctor Carabajal,

“En el curso de las audiencias muchos de los testigos sobrevivientes, que pasaron por el Penal de Varones relataron las ‘particulares’ visitas que recibían del padre Marozzi”, señaló el letrado quien manifestó que por esa razón solicitó que sea citado para dar testimonio y “confirme esas declaraciones”.El letrado sostuvo que además espera poder “aclararle” algunas cuestiones al sacerdote.

“Él dice que éste es un ataque a toda la Iglesia Católica, yo quisiera decirle que eso no así, porque constantemente se ha rescatado las intervención de la hermana (Aldina) Bettoni, del padre Fils Pierre, es decir que no se está atacando a la Iglesia, sino que inclusive se destaca a aquellos que realmente obraron con fe cristiana”, sostuvo el letrado.

El abogado cree que el sacerdote puede aportar, en su calidad de expárroco del Ejército, datos sobre el movimiento de algunos de los imputados en la megacausa que hoy se está juzgando.

El sacerdote, fue mencionado por varios de los testigos. Algunas personas manifestaron que Marozzi, les “recomendaba” que les den a sus captores toda la información que puedan.

Además, los querellantes, y el Ministerio Público, apelarán a la memoria del religioso, para saber si recuerda a algunos de los jóvenes que estuvieron detenidos en el Penal y nunca más volvieron a aparecer.

DETENCIÓN
Una testigo aportó datos para vincular la represión en Santiago con centros clandestinos en Tucumán

Una de las cuestiones más complejas de probar en las causas por violaciones de los derechos humanos en nuestra provincia, es la relación entre los acusados de nuestra provincia y los militares tucumanos, comandados por el represor fallecido Antonio Bussi.

La testigo Ana María Figueroa, sufrió la desaparición de dos de sus hermanos y la detención y tortura de otro de ellos y dio uno de los detalles fundamentales para establecer la relación entre ambos aparatos represivos.

Su hermana Gloria, según contó, fue detenida en Tucumán, junto con su hermano Miguel, ambos continúan desaparecidos.

La hermana de la testigo, pese a haber sido detenida en Tucumán fue vista en la cárcel de mujeres, una de las guardacárceles, la identificó y le contó a Ana María que su hermana estaba ahí, junto a otra chica de Tucumán llamada Ana.

“Es uno de los tantos testimonios que obran en la causa, y muestra como detenidos en nuestra provincia eran trasladados a centros clandestinos en Tucumán y que detenidos en Tucumán eran trasladados a Santiago tal como pasó con Mario Giribaldi”, señaló el querellante Héctor Carabajal.

RODOLFO BIANCHI
Testigo declaró sin presencia de público ni de imputados
El ex preso político Rodolfo Eduardo Bianchi prestó declaración testimonial sin la presencia de imputados y público, ni de la prensa. La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal a pedido del testigo ofrecido por el fiscal federal general Gustavo Gimena.

El fiscal remarcó que el testigo confirmó lo dicho en instrucción y sindicó como los autores de su tortura a los ex policías Musa Azar Curi, Miguel Tomás Garbi y Ramiro López Veloso, en el DIP. Bianchi, fue detenido el 10 de junio de 1975, según la instrucción judicial, fue secuestrado de su céntrica casa por un grupo dirigido por Oscar Nis, alías “El Boxeador”.

De acuerdo con su relato en el expediente, fue víctima de golpes y de un simulacro de fusilamiento a orillas del río Dulce. Semanas más tarde fue trasladado al Penal de Varones y de allí a la cárcel de La Plata donde permaneció detenido hasta junio de 1982, en el que recuperó su libertad. FuentedeOrigen:ElLiberal
Fuente:Agndh Colectivo Ex P. Pol. Sobrev. Rosario

"Ahora se está viendo lo más oscuro, los abusos sexuales a seres indefensos"
Tal como lo adelantó EL LIBERAL, el fiscal Gustavo Gimena advirtió que las audiencias sacaron a la luz nuevos elementos incriminatorios sobre delitos sexuales y robo agravado para los diez acusados.
Ahora se esta viendo lo mas oscuro los abusos sexuales a seres indefensos
 "Surgieron elementos que agravaron la situación de los imputados", reflejó el fiscal Gustavo Gimena.

 Ex policía no declaró por estar imputado en el Grupo 4
Publicado el 13/06/2012 - El fiscal federal general, Gustavo Gimena, adelantó que en la última audiencia de junio pedirá al Tribunal Oral Federal que integran Graciela Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís, que se agrave la imputación de muchos de los 10 acusados del juicio de la Megacausa, por delitos sexuales y robo agravado. El fiscal aludió a estos crímenes que fueron surgiendo durante los testimonios en las audiencias y que fueron revelados a la opinión pública en un informe de EL LIBERAL.
“Surgieron elementos que agravaron la situación de los imputados. Podemos separar en dos partes los nuevos elementos, uno que amerita una nueva investigación sobre hechos no traídos al juicio y los hechos traídos al juicio, pero donde faltan otros imputados. Otros elementos han servido para encontrar más calificado el delito, para agravar el delito, y que amerita una ampliación de imputación”, dijo.
Al respecto, Gimena manifestó que “tenemos el caso de delitos sexuales y el tema de robos que podemos imputar en estas audiencias, pero hay otros que amerita una nueva instrucción”.
Cristina Torres, titular de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y ex presa política, que sufrió vejámenes cuando estuvo en el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) abordó este tema: “Las audiencias van develando cuestiones que estaban un poco oscuras, como el papel del capellán del Ejército y el papel de los delitos contra la integridad sexual que han sido comunes y presentes a lo largo y ancho del país”.
“Lo que pasa -reflejó- es que ante la posibilidad de la pérdida de la propia vida, estos delitos quedaban en un segundo plano y lo que se buscaba era poner en evidencia la desaparición de personas, las gravísimas torturas y los asesinatos. Hoy estamos en otra etapa, podemos empezar a develar este proceso que estuvo oculto, y que con estos graves delitos había otros como corrupción, robo de bienes, de propiedades, ataques a la integridad sexual, violencia contra los niños, así como también la decisión de implantar el terror para el conjunto de la sociedad, de manera de actuar como inmovilizador y no resistencia a los planes de la dictadura”, manifestó.

lunes, 11 de junio de 2012

La Megacausa develó nuevos delitos de los represores a partir de los relatos de testigos

Jornada tras jornada, los testigos fueron develando su existencia: actos de pillaje, robo de vehículos, vejámenes a mujeres y hombres, extorsión y trata de personas.
 
OPERATIVOS. Durante las audiencias, se revelaron detalles del proceder en los allanamientos, amparados en la impunidad que les daba el poder absoluto.
 
FISCAL. Podría ampliar imputaciones contra algunos de los 10 acusados.
‘Me mostraron sus armas de fuego y dijeron que iba a morir en prisión, que defendían a la Patria y a la Iglesia, del comunismo’, relató el testigo víctima, Juan Perié, sobre un episodio dramático cuando fue amenazado por Musa Azar Curi y Ramiro López Veloso, en la Escuela de Policía.

La lucha contra el terrorismo fue el argumento utilizado por los militares y los grupos parapoliciales para cometer secuestros, torturas y desapariciones. Sin embargo, el desarrollo del juicio de la Megacausa desnudó una trama oculta: hubo otros delitos cometidos por policías y militares, amparados en la impunidad que les daba el poder absoluto de la fuerza de las armas.

Pillaje; robo de vehículos, algunos para ser utilizados en secuestros en otras provincias o para trasladar detenidos; vejámenes tanto a mujeres como a hombres, extorsión, privación ilegítima de la libertad, hasta trata de personas, fueron denunciados por los testigos a lo largo de las 14 jornadas que lleva el juicio y que son motivo de análisis por parte del fiscal federal general, Gustavo Gimena, para ampliar las imputaciones contra algunos de los acusados.

A un mes del inicio del segundo juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Santiago del Estero, EL LIBERAL hizo un repaso de algunos de los delitos cometidos por parte de los imputados, de acuerdo con los testimonios aportados por las víctimas.

El robo de vehículos fue uno de los hechos que fueron develados en varias declaraciones realizadas en el marco de las audiencias. Luis Garay recordó luego de testimoniar que tuvo conocimiento del robo de un auto Peugeot 504, propiedad de una persona que participaba de un casamiento realizado la misma noche que desapareció Mario Giribaldi.

El testigo víctima señaló que de acuerdo con los datos que manejan, “en ese vehículo habría sido trasladado Giribaldi, luego lo habrían ejecutado y abandonaron el cuerpo en algún lugar”.

Un par de días después del hecho, narró Garay, el dueño del vehículo recorrió comisarías para tratar de dar con pistas que lo conduzcan al rodado. Finalmente y luego de recibir amenazas en las que le sugerían que deje de buscar su auto, personal del Ejército le informó que “vaya a buscar el auto, en una fecha estipulada, en la plaza Independencia de la provincia de Tucumán”.

El hombre fue a buscarlo y encontró el auto con los cables del encendido cortados y el vehículo muy sucio. Al traerlo nuevamente a Santiago, lo llevó a un lavadero, para luego recibir el llamado de uno de los empleados para informarle que el baúl estaba lleno de sangre. El propietario del auto pidió que no cuenten nada y al tiempo lo vendió.

Por su parte, Fernando Garay contó que el día que detuvieron a su hermano Luis en su domicilio de la capital santiagueña, policías y militares realizaron paralelamente un allanamiento en la casa de su abuelo en Villa la Punta, donde la familia se encontraba vacacionando.

Además de llevarse armas de caza y pertenencias, “la policía se llevó una moto Gilera que era de Luis; al tiempo mi papá me contó que veía frecuentemente a personal del DIP que usaban la motocicleta”.

La misma suerte corrió Juan Perié, un estudiante oriundo de Misiones que cursaba la universidad en Santiago. En un operativo realizado por personal del DIP, le sustrajeron una Gilera 125 cc. “Era lo único que tenía y se lo llevaron”, narró durante el testimonio brindado en el transcurso de esta semana.

Mecanismos
Durante los diversos testimonios, se conocieron diversos mecanismos utilizados por policías y militares, quienes robaban automóviles y los llevaban a otras jurisdicciones para realizar operativos o el traslado de detenidos.

Además del caso de Giribaldi, narrado por Luis Garay, se suma la historia del ingeniero Roberto Bugatti, un santiagueño que desempeñaba sus funciones en Catamarca.

En ese sentido, en el requerimiento fiscal figura el testimonio de Luis Raúl Martínez, quien manifestó que su automóvil, Peugeot gris claro, fue robado en octubre de 1976. El testigo comprobó que la denuncia que radicara ante la policía de Catamarca no rindió frutos porque jamás se informó a las policías de Santiago, Tucumán, Córdoba y Rosario del hurto.

Martínez dijo que el oficial de policía René Rolando Romero le afirmó que el automóvil había sido llevado por la policía de Santiago, puesto que lo necesitaron para un operativo antisubversivo y le solicitó dinero para conseguir que se lo restituyan.

El propietario del auto accedió a darle el dinero, pero nunca encontró el rodado. En ese sentido, supo que el mismo Romero también le había pedido plata a la familia Sayes, a cambio de información por su hija desaparecida.

Por tal motivo, Martínez hizo la denuncia ante el Jefe de Policía, quien le confirmó que su auto había sido llevado por la policía santiagueña y que se relacionaba con el secuestro de Bugatti, a quien señalaron como integrante del ERP.

Hombres y mujeres sufrieron violaciones y ataques sexuales en la sala de torturas del DIP

Otros delitos que salieron a la luz fueron las violaciones y ataques sexuales, tanto a mujeres como a hombres. En la décima jornada, Cristina Mercedes Torres que perdió un embarazo de tres meses tras ser torturada en el DIP, reveló que ese año, “el entonces ministro de Gobierno” provincial hacía retirar menores de la cárcel de mujeres para llevarlas a fiestas privadas donde eran abusadas y que los encargados de retirarlas eran los miembros de los grupos de tareas que comandaba Musa Azar Curi. Torres también sufrió vejámenes en el DIP tras una sesión de tortura con picana eléctrica, en agosto del 76: se desvaneció y cuando se despertó, se dio con que uno de los verdugos la estaba vejando. Según su relato, la monja Aldina Bettoni, quien visitaba a las presas políticas en la cárcel, también sufrió vejaciones a manos de las guardiacárceles, que la sometían a una requisa “humillante”. Esto se corroboró con los testimonios de Gladys Lois y Margarita Urtubey.

Otro de los momentos más duros ocurrió en la quinta jornada, cuando Alcira Chávez señaló entre los acusados a quien consideraba el autor de haberla vejado en el DIP: el ex policía Francisco “Paco” Laitán.

Una revelación surgió durante la decimotercera jornada cuando Luis Garay, presidente del Instituto Espacio de la Memoria, narró la manera en que se daban los abusos sexuales y hasta un simulacro de violación.

Contó que le “tocó compartir la cárcel con compañeros que habían sido reiteradamente violados”.

Actos de pillaje y saqueos durante los operativos y secuestros de menores 

Durante los testimonios de familiares de presos políticos y de sobrevivientes al terrorismo de Estado, se puso sobre el tapete otro delito que cometían los grupos de tareas, como el robo de dinero y joyas, incluso hasta se llevaron artefactos de una vivienda en construcción que pertenecía a la familia de Daniel Rizzo Patrón y Graciela Arán que contó que sufrió el robo de dinero tanto en su domicilio como en su estudio de arquitectura. Quien también denunció el robo de pertenencias y que apuntó contra uno de los imputados, fue María Eugenia Di Lullo de Garay, quien contó que en su vivienda de calle 24 de Septiembre, entraron Musa Azar Curi y Tomás Garbi, mientras la familia no estaba, y que en esa oportunidad le desapareció un arma que era una joya: una daga que tenía baño de oro y piedras preciosas incrustadas.

La madre de Luis Garay también denunció que los grupos de tarea se ensañaron con los amigos de su hijo a pesar de que eran menores de edad.

“Fueron secuestrados y están desaparecidos otros chicos, que apenas tenían 15 años, como el caso de Germán, Luis, Daniel y Anabela Cantos”, dijo Di Lullo de Garay, quien también mencionó a Pedro Ramírez, actual director de Cultura de La Banda, que tenía 17 años por entonces.

sábado, 9 de junio de 2012

"Nos metían en 'cana' por ir a alfabetizar", contó un ex preso político de la dictadura

"Nos metían en 'cana' por ir a alfabetizar", contó un ex preso político de la dictadura
Juan Perié declaró en el juicio por la desaparición de 44 personas, en Santiago del Estero. Relató que sufrió torturas y amenazas contra su vida. El recuerdo de un estudiante que estuvo en Tucumán.

El juicio por la desaparición de 44 personas durante la dictadura en Santiago del Estero suma más testimonios contra los acusados sobre los tormentos y humillaciones que sufrieron mientras estaban en cautiverio, antes y durante la dictadura que comenzó en marzo de 1976.

Juan Perié, secuestrado el 22 de enero de 1975, responsabilizó a Ramiro López Veloso como una de las personas que lo detuvo ilegalmente. Al igual que dos de sus hermanos, Perié permaneció ocho años y nueve meses en distintas cárceles después de pasar por la temida Dirección de Investigaciones, que estaba a cargo de Musa Azar Curi, a quien varios de los testigos coincidieron en señalar como "un monstruo".

Perié, oriundo de la provincia de Misiones, estudiaba Ingeniería Forestal cuando fue secuestrado. "Nos llevaban a un baño y en una bañera nos hacían sumergir la cabeza hasta asfixiarnos; querían saber de nuestras actividades, cuando en realidad nos dedicábamos a estudiar, alfabetizar, pedir por comedores universitarios y la creación de una facultad libre y gratuita”.

"Hoy el Estado nos da y amplía recursos económicos para alfabetizar a la gente y en el '75 nos metían en cana por realizar idéntica actividad”, dijo.

Perié señaló como sus torturadores a Azar Curi, López Veloso y a Tomás Garbi. Uno de los momentos más dramáticos que relató, fue cuando en la Escuela de Policía, López Veloso y Azar Curi le dijeron que iba a morir en prisión. El ex preso dijo que hoy sin embargo, vive en libertad, sin “odio ni rencor”.

Contó también que lo llevaron a ver al juez Santiago Grand "esposado, golpeado y torturado” y que, como se negó a firmar un papel en blanco, el magistrado le dijo que si no firmaba "afuera estaban los muchachos de la SIDE".

Consultado sobre Mario Giribaldi, estudiante universitario que según la justicia federal se fugó en noviembre de 1976 de la SIDE santiagueña, Perié consideró que es imposible. "Estaba flaco, decaído y en todo momento estaba esposado con los brazos hacia atrás. El venía de estar detenido en La Escuelita, en Tucumán y nos contó las situaciones dramáticas sufridas en cautiverio", recordó, según publicó el diario "El Liberal".

En la misma audiencia, otro ex preso político, el misionero Rubén Aníbal Janzon, declaró que fue detenido durante el gobierno constitucional de Carlos Juárez cuando trabajaba en la Dirección de Bosques y estudiaba la carrera de ingeniería forestal. "Trabajábamos en distritos forestales, que era el mayor presupuesto provincial y solíamos alfabetizar en un barrio humilde y realizar reclamos para la creación de una facultad en Santiago del Estero", precisó.

jueves, 7 de junio de 2012

Testigo se paró ante Azar Curi y le dijo en la cara: "Sos un asesino"

Se trata del director de Cultura de La Banda, Pedro Ramírez, quien fue detenido en 1975. Reconoció además del jefe del DIP, a Ramiro López, Tomás Garbi y Juan Bustamante como sus torturadores.
 
JUICIO. Jamás pensé que iba a poder pararme y señalarlos como lo que son, una escoria, expresó Ramírez.
 
 En la jornada de ayer declaró Pedro Ramírez, actual director de Cultura de la Municipalidad de La Banda, quien le dijo “asesino” a Musa Azar Curi, en el marco de una rueda de reconocimiento pedida por el fiscal Gustavo Gimena.
Ramírez manifestó además que por intermedio de un anónimo, le revelaron que “el asesino de Félix Daniel López Saracco fue ‘Paco’ Laitán”.
En su declaración, Ramírez narró que fue detenido el 20 de enero de 1975 y recién recuperó su libertad después de 6 años y 6 meses. En su relato responsabilizó a los acusados Musa Azar Curi, Tomás Garbi y Ramiro López Veloso como “integrantes del grupo de tareas que tenía a su cargo las detenciones, secuestros y torturas” de aquella época.
El testigo contó además la experiencia de tener sentado en el banquillo de los acusados a los responsables de sus torturas. “La sensación de verlos ahí, jamás pensé que iba a poder pararme y señalarlos como lo que son, una escoria; a Musa Azar pude decirle ‘asesino’ en la cara cuando me acerqué en medio de la audiencia”, contó.
Ramírez expresó que para los imputados “no hay olvido, ni perdón; no se puede perdonar porque ellos no se arrepienten de lo que hicieron, no piden perdón; los crímenes que se cometieron se los continúa cometiendo hasta que no aparezca un cuerpo, siguen desaparecidos”.
“Es un delito de acción permanente, continua, que comenzó cuando los secuestraron y aún no terminó y ellos no se arrepienten; entonces no habrá ni olvido ni perdón”, añadió.
También refirió su periplo por las unidades penales de La Plata, Sierra Chica, Caseros y Córdoba.

López Saracco
Además, por pedido de uno de los abogados querellantes, el testigo realizó un reconocimiento e identificó a la mayoría de los imputados y sobre el resto manifestó que “no recuerdo los nombres, pero esos rostros no me olvido más; obviamente que todos estaban bajo las órdenes de Musa Azar”.
En ese marco, Ramírez se dirigió a los acusados calificándolos de “escorias” y manifestando conocer que “ahí está sentado uno de los asesinos de Félix Daniel López Saracco”; en referencia al estudiante residente de la ciudad de La Banda que fuera secuestrado en dos oportunidades y que actualmente se encuentra desaparecido.
Ante la consulta del fiscal, si podía identificar entre los presentes o decir quién presumía que podía ser el autor de la muerte de López Saracco, Ramírez expresó que “por información anónima de una fuente que prefiero preservar, supe que ‘Paco’ Laitán fue la persona que lo mató”.

Al término de su declaración y en diálogo con EL LIBERAL, el funcionario municipal sostuvo: “Yo manifesté que me dijeron que probablemente ‘Paco’ Laitán era el asesino, no lo imputo, me preguntaron una presunción y yo lo dije”.

Raúl Figueroa Nieva: "Musa Azar me interrogaba mientras Garbi me aplicaba picana eléctrica en la cabeza"

Estuvo 8 años detenido y fue llevado a las cárceles más duras del país, como los penales de Rawson y La Plata.
 
EPISODIO. Estando detenido en la Escuela de Policía fue golpeado por un preso común enviado por los represores.
  
En la jornada número 13 del juicio por la Megacausa de Derechos Humanos en el que se investigan 44 casos de secuestros, torturas y desapariciones, el ex preso político Raúl Figueroa Nieva describió duras sesiones de tormento en el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) que funcionó como centro clandestino de detención.
Ante el Tribunal Oral Federal compuesto por Graciela Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís, el sobreviviente al terrorismo de Estado, relató su calvario, desde que fue detenido el 22 de enero de 1975 por agentes de la DIP, el prófugo Roberto Díaz y otro de apellido Obeid; hasta que fue liberado en octubre de 1983, tras haber sido recluido en las cárceles de Santiago, La Plata, Rawson y Villa Devoto.
Recordó que la primera noche fue torturado a golpes en una habitación donde estuvieron Musa Azar Curi, Ramiro López Veloso, Roberto Díaz y Eduardo Baudano y que le remontaron una pistola apoyada sobre su cabeza.
Dijo que uno de los momentos más dramáticos de su detención, fue cuando Musa Azar Curi, el jefe del DIP y el segundo al mando, Tomás Garbi, lo torturaron en un sótano. “Me vendaron y me ataron a una cama de hierro, mientras Musa Azar me interrogaba, Garbi me aplicaba la picana eléctrica en distintas partes del cuerpo”, relató.
Antes de él declaró María Eugenia Di Lullo de Garay, madre del ex preso político Luis Garay, quien contó sobre la dura lucha de su familia para conseguir la liberación de su hijo
 
Pedido por sus hermanos
Al término de su declaración, Raúl Figueroa Nieva pidió que los imputados aporten “datos sobre dónde enterraron los cadáveres de los desaparecidos o qué hicieron”.
El testigo, que tiene actualmente desaparecidos a sus hermanos Gloria Susana y Miguel Ángel, dijo que los imputados “tienen un pacto del silencio y eso es difícil de romper, pero como todo hombre tiene una conciencia que los rige, aunque en muchos casos, como el de ellos, está anestesiada o adormecida, pero tarde o temprano el peso de su conciencia los va a derrumbar; yo creo que para aliviar ese peso, deberían dar datos sobre dónde enterraron los cadáveres de los desaparecidos o qué hicieron, eso sería una descarga en su conciencia”. l

EL LIBERAL/DANIEL PÉREZ

domingo, 3 de junio de 2012

Santiago del Estero: Ubican el cuerpo que fue arrojado desde el aire

El Juzgado Federal local recibió una denuncia con datos certeros sobre el hallazgo de la tumba de una presunta víctima del terrorismo de Estado, en el paraje Caloj, departamento Copo.
El abogado Luis Santucho de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y Luis Garay, integrante de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y titular del Instituto Espacio por la Memoria viajaron hasta el lugar y ubicaron el sitio del enterramiento.
Los pobladores convirtieron el sitio en un santuario

También dialogaron con los vecinos, quienes indicaron que el cadáver era de un hombre joven que fue arrojado desde una nave, un avión o un helicóptero- aproximadamente en febrero de 1976, cerca del límite con Salta.
El abogado y los organismos de DD.HH. radicaron la denuncia en la Fiscalía Federal y esperan que el Juzgado Federal solicite los servicios del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) para que proceda a la recuperación de los restos y coteje la información del ADN con el banco genético de familiares de desaparecidos, ante la posibilidad cierta de poder identificar el cadáver.

Historia
De acuerdo con los testimonios recogidos entre los pobladores de Caloj, esta persona tendría entre unos 30 y 40 años y su cadáver estaba muy lastimado producto de haber rozado con arbustos espinosos y por la caída. Vestía ropas de obrero que estaban hechas harapos.
Santucho y Garay también escucharon otra versión: que la víctima tenía el aspecto de un linyera y que se había perdido en el monte tupido y que murió por falta de agua y comida, pero fue desestimada entre otras cosas, porque el cadáver a pesar de tener ropa de obrero, sus manos no denotaban que haya realizado trabajos pesados o de labor, ya que no tenían marca alguna.

Irregular procedimiento
En aquel entonces, ante el estupor del hallazgo del cadáver, los vecinos de Caloj informaron la novedad a la Policía que después de un par de días, envió dos efectivos policiales de Monte Quemado los que llegaron al lugar y se limitaron a ordenar que el cadáver sea enterrado en el sitio en el que apareció. Los pobladores rememoraron que entonces preguntaron a los policías por qué esa decisión, sin ni siquiera realizar alguna investigación para identificar a la persona o una autopsia. “Son órdenes”, fue la respuesta seca que recibieron.
Nunca más los volvieron a ver en el pueblo y el cadáver fue enterrado en el mismo lugar donde cayó y desde entonces su tumba se convirtió en un santuario.
“Es un lugar que está cerca de la triple frontera de Santiago, Chaco y Salta, aparentemente fue una persona lanzada desde arriba. Se hizo un procedimiento policial en la época, pero lo encontraron los lugareños”, comentó a EL LIBERAL el abogado Luis Santucho, quien indicó que fue encontrado el lugar donde están enterrados los restos y señalizado.
“Esperamos que el Eaaf intervenga para hacer la excavación, nosotros aportamos el dato al fiscal (Gustavo Gimena) y esperamos noticias del equipo de antropología forense”, dijo.
Investigación
Santucho reveló que recibió el dato y que fue con un guía y representantes de organismos de derechos humanos “a chequear el lugar. Llegamos, sacamos fotos y señalamos el sitio y pedimos a la Justicia que proteja el lugar”.
El letrado manifestó que también solicitaron en el Juzgado Federal que ordene la búsqueda en el archivo de la Policía, de los antecedentes sumariales sobre el tema, “porque hubo una situación muy rara”, apuntó.
“Vino una comisión policial relató-, ni siquiera ordenaron una autopsia, constataron la existencia de la persona muerta y ordenaron que la entierren en el lugar”.
Para Santucho, la versión de que el cuerpo fue lanzado desde una nave, es muy similar a una práctica utilizada por los militares y recordó el caso de Francisco Toconas, un integrante del ERP cuyo cadáver fue arrojado en 1975 en Pozo Hondo desde un helicóptero militar y cuyos restos fueron identificados por el Eaaf en 2010.
Este importante hallazgo se produce en un marco especial, por la realización del juicio oral por la Megacausa de Derechos Humanos, en la que se juzgan 44 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas, y donde uno de los aspectos clave, es poder determinar cuál fue el destino final de las personas que aún permanecen como desaparecidas.

El testimonio de Carmen Margarita Morales . “Estas escorias hoy tienen juicio digno”

"En el DIP sabían que torturaban y que había abusos sexuales por parte de Musa Azar, "Pirulo" Garbi y Ramiro López".

El testimonio de dos mujeres, una ex presa política y otra ex policía, complicó aún más a Musa Azar y Bustamante.
Carmen recibió contención y el aplauso de los presentes.
En el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que se está llevando a cabo en nuestra provincia, ayer fue otro día de conmovedores relatos. En esta oportunidad le tocó el turno a Carmen Margarita Morales, quien reveló que fue detenida, secuestrada y trasladada a las oficinas de la DIP. Después de 36 años, reveló que sufrió diferentes clases de torturas, pero el momento más cruel que le quedó marcado para toda su vida fue cuando “Juan Bustamante apuntó con la pistola en la sien de mi bebé, que tenía un año y cinco meses de vida”.

En su declaración, la mujer identifico a sus torturadores: Musa Azar,Tomás Garbi, Ramiro López, Bustamante, Ponce y Brau. Cabe señalar que Morales cuando fue detenida también llevó a su hija a la DIP.

Llanto e impotencia
“El llanto de mi bebé y la impotencia de una madre en ese momento nunca la voy a poder superar, tampoco cuando nos tiraron en un calabozo, en la cárcel, repleto de ratas”, acotó.

Durante el juicio, la mujer giró su mirada hacia los acusados y les dijo: “Estas escorias hoy tienen un juicio digno que nosotros no tuvimos, pero hoy soy la voz de muchos desaparecidos”. Carmen también reveló que cuando fue subida a un avión para ser trasladada a la cárcel de Devoto estuvo con los ojos vendados y con sus pies alcanzó a tocar unos cuerpos.

“En realidad no sabemos si fueron arrojados durante el viaje, que duró varias horas”, añadió. Otro de los momentos emotivos que fue cuando la ex presa política contó que vio a Mario Giribaldi en pésimas condiciones. “Sin uñas en los pies y manos, sin cejas, sin cabello, se burlaban de él, estaba destrozado”, recordó Carmen y en ese momento Ana Giribaldi, que escuchaba el relato, rompió en llanto.

Musa Azar goza de la permanencia en el Hospital Independencia de Sgo del Estero

Sabemos quién es quién
Publicado el 29/05/2012 por efemedelacalle

La Comisión de Apoyo a los Juicios de Bahía Blanca se solidariza con el Dr. Abel Córdoba, fiscal subrogante de la causa V Cuerpo de Ejército, ante los ataques recibidos por parte de sectores que intentan difamarlo y buscan entorpecer no sólo el avance del debate oral en marcha sino también las causas por los crímenes de la Armada Argentina y la Triple A.

Como hemos visto en estos últimos meses, las investigaciones judiciales y los cientos de testimonios que se escuchan en las audiencias no dejan de aportar información sobre el verdadero despliegue represivo en nuestra región, que no se limitó a las fuerzas armadas sino que contó con el apoyo directo o indirecto de parte de la sociedad civil.

Más temprano que tarde será el turno del análisis de las complicidades y el accionar de quienes hoy impulsan los ataques contra el representante del Ministerio Público y, a través suyo, a su equipo y a todas las personas que democráticamente caminamos más de tres décadas teniendo como destino una única consigna: Juicio y Castigo.

Sabemos quién es quién. No esperamos otra cosa de aquellos grupos que desde la justicia, los medios de comunicación o la política intentan cuestionar una acción sin fisuras para continuar aferrados a la impunidad. No dudamos del compromiso ni de la idoneidad del fiscal para llevar adelante la acusación del pueblo de Bahía Blanca contra los asesinos de nuestros familiares, compañeros y compañeras.

Por eso estamos a su lado. Por eso y porque buscamos a los bebés nacidos en La Escuelita y otros centros clandestinos de detención robados por sus captores. Por eso y porque queremos la aparición con vida de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables del asesinato de Silvia Suppo. Por eso y porque queremos juicios y condenas que respeten todas las garantías que los genocidas violaron sistemáticamente. Por eso y porque los queremos en cárcel común y efectiva.

Por eso y porque la lucha continúa:

30 mil compañer@s detenid@s-desaparecid@s PRESENTES!!