Casación anuló la absolución de un ex juez federal por crímenes cometidos durante la dictadura

La Cámara de Casación Penal anuló hoy la absolución del ex juez federal Santiago David Olmedo de Arzuaga en el juicio por la Megacausa III, por crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura en Santiago del Estero, informaron fuentes judiciales.

Los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal del país anularon la decisión del Tribunal Oral Federal de la provincia y le indicaron que condene al ex juez.

El fallo, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, se produjo en la causa que investigó la responsabilidad de ex policías, militares y autoridades judiciales en 38 crímenes.

En un fallo de 390 páginas, los camaristas confirmaron además las condenas a prisión perpetua de los ex militares Ramón Warfy Herrera y Jorge Alberto D 'Amico y la 22 años de cárcel a los jefes de la llamada "Gestapo santiagueña", Antonio Musa Azar y Miguel Tomás Garbi.

En relación al ex juez Olmedo de Arzuaga, los camaristas entendieron que es penalmente responsable de los delitos de omisión agravada de hacer cesar la detención ilegal, abuso de autoridad, y privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Gladys Estela Loys, Mercedes Cristina Torres, Sara Alicia Ponce y Miguel Ángel Cavallín.

También sostuvieron que tiene responsabilidad penal epor no haber hecho cesar los tormentos agravados en perjuicio de Mercedes Cristina Torres y de haber cometido el delito asociación ilícita en carácter de miembro.

"El fundamento utilizado por el tribunal para restarle responsabilidad al imputado -que, como juez subrogante actuó 'en el contexto normativo y las prácticas forenses inquisitivas propias de la época'- resulta ser meramente aparente, carente de lógica y que controvierte el derecho aplicable a la especie", sostuvieron los jueces al anular la absolución del ex magistrado.

EL TOF de Santiago del Estero había absuelto al ex magistrado en base a consideraciones sobre el Código de Procedimientos en Materia Criminal vigente al momento de los hechos, según informó el portal del Ministerio Público Fiscal.

Entre los querellantes del caso intervinieron  la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia y la agrupación de Familiares de Detenidos–Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Santiago del Estero. 

El sacerdote que torturaba en el batallón

Procesaron en Santiago del Estero a un ex Capellán por delitos de lesa humanidad. 

Carlos Luis Marozzi está involucrado en la imposición de tormentos contra el secuestrado Hugo Alberto Gómez y como parte de una asociación ilícita. Actualmente es párroco del Santuario de Nuestra Señora de la Consolación, en Sumampa.

El sacerdote Carlos Luis Marozzi, ex capellán auxiliar del Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero, fue procesado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Luego de reiterados pedidos de la fiscal federal Indiana Garzón, a cargo de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público de la provincia, el juez federal Guillermo Molinari procesó al ex capellán por la imposición de tormentos contra el secuestrado Hugo Alberto Gómez y como parte de una asociación ilícita. La resolución no incluye la prisión preventiva de Marozzi. Por su edad avanzada (81 años), su movilidad reducida (usa silla de ruedas) y por considerar que no existe riesgo de fuga, el magistrado le permitió continuar en libertad. Marozzi es actualmente párroco del Santuario de Nuestra Señora de la Consolación, en Sumampa, departamento Quebrachos, al sur de Santiago del Estero.

Gómez fue secuestrado en el Concejo Deliberante, donde trabajaba, el 19 de noviembre de 1975. Durante casi un mes estuvo privado ilegalmente de la libertad y fue torturado en el Batallón 141, ubicado en el campo militar Santo Domingo, y en una cárcel de la provincia de Chaco. Al relatar sus padecimientos, el sobreviviente contó que pudo ver a un sujeto vestido como sacerdote, con una camisa celeste y cuello blanco, quien le introducía sus pulgares en los ojos y le decía que estaba poseído por el demonio. Dijo creer que se trataba del cura Marozzi, que fue capellán auxiliar de esa unidad militar entre 1974 y 1997, cuando el Ejército lo dio la baja.

El testimonio que involucra a Marozzi formó parte de una elevación a juicio de agosto de 2012 que incluyó al ex jefe del Departamento de Informaciones policiales de Santiago, Musa Azar –en prisión con tres condenas a prisión perpetua en el haber– y a un grupo de oficiales y suboficiales del Ejército. En marzo último, según informó el sitio web del Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Derechos Humanos santiagueña requirió por tercera vez que el juez citara a indagatoria al sacerdote en la causa “Gómez Hugo c/Azar Musa y otros, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita”.

Pero la decisión se hizo esperar. A la desidia tradicional del poder judicial en los casos de civiles imputados por delitos de lesa humanidad se sumaron en el caso puntual las dificultades para concretar las pericias psicológicas y psiquiátricas del imputado, que se concretaron a principios de octubre en la casa del ex capellán. El caso trascendió luego de que el perito médico designado informara que la Corte Suprema carecía de fondos para pagar su viaje en avión y su estadía en Santiago del Estero y de que los organismos de derechos humanos ofrecieran costear el viaje con tal de terminar con la parálisis de la causa.

El testimonio de Gómez no es el único que involucra a Marozzi. Otra ex presa política, Graciela Yocca, también lo identificó al declarar en el juicio oral Megacausa II como uno de los torturadores de los detenidos. “Creo en Cristo. El resto es basura, como el cura Marozzi, que se vendió por un sueldo de capellán para ir a torturarnos en la cárcel”, dijo durante la audiencia. La mujer, que permaneció cinco años detenida durante la dictadura, recordó que el cura Marozzi “cambiaba de auto 0 km todos los años y siempre decía que a los jóvenes opositores al régimen terrorista de Estado había que matarlos porque ‘muerto el perro se acabó la rabia’”.

Las causas en Santiago del Estero : Atraso y selectividad

Por Alejandra Dandan

A más de diez años de la reapertura de las causas por los crímenes de lesa humanidad, los organismos de derechos humanos de Santiago del Estero presentaron ante la Comisión Interpoderes un informe que señala que en los tres juicios orales que se hicieron con “tanto esfuerzo” en la provincia sólo fueron condenados un teniente primero, dos comisarios y cinco policías. Además, explican que entre ellos no están los “verdaderos responsables” del Estado represivo en la zona, sobre todo integrantes del Ejército y del Poder Judicial. En el texto, describen los mecanismos jurídicos que permitieron esta situación, hablan de una justicia de clases y selectiva y piden una auditoría profunda.

“Los verdaderos responsables militares y civiles, denunciados desde el año 2004, han gozado de una inconmovible impunidad gracias a un sistema de justicia displicente, cuando no cómplice.” En concreto, agregan, “venimos a poner en vuestro conocimiento y, a partir de ustedes, en conocimiento a la Suprema Corte de Justicia, de un estado de situación en la tramitación estos procesos que entendemos constituye un verdadero supuesto de gravedad institucional y privación de justicia”.

El comunicado lleva la firma de Luis Garay y Cristina Torres, de la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia de Familiares de Desaparecidos y ex presos políticos de Santiago. En él, dan cuenta del estado de situación de las causas en una provincia que hasta 2003 poseía metodologías y funcionarios que mostraban continuidades con el Estado represivo. Que con las primeras denuncias impulsadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el inicio de las investigaciones, avanzó aparentemente al condenar a las caras más visibles de la represión, en la que muchos de ellos, efectivamente, eran policías. Entre ellos están Musa Azar, Miguel Tomás Garbi, Ramiro López y el militar Jorge D’Amico. Pero lo que los organismos están mostrando es que ellos eran las caras de una estructura mayor y que la estructura del Poder Judicial impidió avanzar con otros responsables. Sobre todo porque, entre ellos, ubican a quienes también participaron como integrantes del Poder Judicial en el pasado.

“Las condenas siempre recaen sobre algunos y no sobre todos y tienen un tinte clasista”, dice Garay. “Hay policías presos y sobre los militares que fueron jerárquicamente más importantes todavía estamos peleando para poder procesarlos y no hablemos de los jueces que llevan más de una década sin procesamientos firmes. Hay una ingeniería para procurar cuidar a un grupo de gente.” En ese contexto pidieron a la Comisión Interpoderes que se realice una “auditoría profunda de todas las causas”.

En el informe describen cómo el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, sobre todo, se erigió en tribunal de alzada y de apelaciones para las causas. Y encuadró, frenó o habilitó determinadas investigaciones.

En la lista de acusados pendientes está Cayetano Fiorini, segundo jefe del Batallón 141 de Ingenieros de Combate con asiento en Santiago del Estero. Y tres jueces. Dos de ellos tienen una parte de la causa elevada por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de poder, pero las querellas están pidiendo imputaciones por torturas, asociación ilícita y privación ilegal de la libertad. Son los jueces Santiago Olmedo de Arzuaga y Horacio Liendo Roca. El tercer juez investigado es Luis Eduardo López, secretario penal durante la dictadura y, para terminar de explicar el cuadro, presidente del TOF de Santiago hasta 2012.

Megacausa II: "Había compañeros que no podían comer del dolor en el estómago por los golpes"

Además hizo referencia a que muchas mujeres secuestradas por los ex represores, “fueron violadas”. Podrían solicitarse nuevas imputaciones.
Habia companeros que no podian comer del dolor en el estomago por los golpes
 
ETAPA DECISIVA. El juicio ingresó en un momento crucial y podrían dictarse las penas a mediados de diciembre próximo.
 
La mayoría de los testigos citados en la Megacausa II ya fueron parte de la audiencia y sólo restarían 4 para finalizar esa etapa, para dar pasó a la siguiente en donde se hará el pedido de ampliación de indagatorias así como también la presentación de alegatos.

Mientras tanto, ayer fue otra audiencia maratónica, en donde pasaron varios testigos, entre ellos Oscar Eduardo Páez, bandeño y empleado ferroviario. El ex preso político contextualizó a los presentes remitiéndose a 1976, momento en que fue detenido por Ramiro López, Francisco Laitán y Miguel Tomás Garbi, y además reconoció a Musa Azar Curi cuando lo llevaron a la “Side”.

Entre los datos vertidos, Páez remarcó que “había compañeros que no podían comer del dolor en el estómago por los golpes que le propinaron”, además señaló que “varias mujeres fueron sometidas a violaciones por los represores”.

Por otro lado, el bandeño reforzó las versiones que esgrimieron otros testigos sobre Carlos Marozzi, aseverando que el capellán del Ejército, cuando visitaba el lugar donde estaban los detenidos, “buscaba información acerca de qué pensábamos y hacíamos”.
El empleado ferroviario detalló que fue secuestrado en dos ocasiones. En la primera permaneció un año y ocho meses detenido entre las cárceles de Santiago, Córdoba, Sierra Chica y La Plata. “Cuando fui notificado de mi excarcelación, me dijeron que no apele ninguna resolución judicial, porque me iban a detener nuevamente”, relató.

Nuevas imputaciones
Por otra parte, fuentes judiciales señalaron que desde la Fiscalía y abogados de la querella analizan la posibilidad solicitar la imputación de nuevos delitos por “robo y abuso sexual”, datos que surgieron en las distintas audiencias, contra los represores; Musa Azar Curi y compañía. Esta situación será evaluada por el Tribunal.

El represor Musa Azar habló de la conformación de los grupos de tareas

“Había policías y militares”

El ex jefe de Inteligencia de Santiago del Estero, Musa Azar, que ya cumple condena, comenzó a ser juzgado por un asesinato y 34 secuestros y torturas. “Los operativos surgían cuando el sospechoso en actividades terroristas no comparecía a una citación”, dijo.

“Los grupos de tareas estaban conformados por policías y militares, comandados por un capitán del Ejército y un oficial de policía, en operativos que surgían cuando el sospechoso en actividades terroristas no comparecía a una citación”, dijo ayer el represor Musa Azar en la primera audiencia de un juicio que comenzó ayer en Santiago del Estero, donde es procesado junto con integrantes de un grupo de tareas que encabezaba.

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero comenzó con la lectura de la acusación fiscal. El ex jefe de Inteligencia Azar, principal acusado, decidió asistir al recinto, aunque las sucesivas audiencias las presenciaría por videoconferencia desde el Hospital Carrillo, donde ya cumple otra condena. “Nuestra misión era elaborar informes diarios relacionados con conflictos sociales, paros de gremios, que eran enviados a la SIDE central, a la Jefatura de Policía, a la guarnición militar y al gobernador”, dijo ayer aprovechando el auditorio, y luego deslindó responsabilidades en los demás acusados al explicar que “en general, no iba a los operativos”, sino que se quedaba “en su despacho”.

Musa Azar está siendo juzgado por el asesinato de la empleada doméstica Consolación Carrizo y el secuestro y torturas de otras 34 personas. Se trata de la denominada Megacausa II de Santiago del Estero, en la que alrededor de 120 personas, en su mayoría víctimas de la última dictadura, prestarán su testimonio durante los próximos tres meses.

En la misma causa también están acusados los ex policías santiagueños Miguel Tomás Garbi, segundo ex jefe de la División Informaciones Policiales; Ramiro López, Francisco Laitán, Juan Bustamante, José Brao, Carlos Capella y Pedro Ledesma. También escucharon las acusaciones por delitos de lesa humanidad el ex militar Jorge D’Amico y Marta Noemí Cejas, la primera esposa de Musa Azar, unión matrimonial de la que nació Julio Elías Azar Curi, abogado que asumió la defensa de sus padres. La ex esposa del jefe de la denominada Gestapo santiagueña se desempeñó durante la dictadura bajo las órdenes de Musa Azar en la Dirección de Informaciones Policiales (DIP) y, según denuncias, tenía a su cargo el traslado de presas políticas. En la misma causa, también se encuentra imputado el ex oficial Roberto Díaz, que hace varios años se encuentra prófugo de la Justicia y por el que se ofrece una recompensa de 150 mil pesos para el que aporte datos que permitan su detención.

Familiares de desaparecidos, dirigentes y militantes de distintas organizaciones de derechos humanos se movilizaron para reclamar prisión perpetua para los acusados. La mayoría de los represores juzgados cumple actualmente condenas de prisión perpetua por el secuestro y desaparición forzada de 44 personas, antes y durante la última dictadura militar. En el caso de Musa Azar, López y Garbi también cumplen esa condena por el asesinato del estudiante Cecilio Kamenetzky, en noviembre de 1976.

Estas denuncias fueron impulsadas en 2004 por el fallecido ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, durante la intervención federal de Pablo Lanusse. Entre las víctimas por los secuestros y torturas entre los años 1976-77, que integran el Grupo 4, figuran Mercedes Yocca, Luis Avila Otrera, Héctor Galván, Ricardo García, Rina Farías de More, Gerardo More, María Gómez de Salomón, Sara Salomón, Rubén Salomón, Juan Serrano y Roberto Zamudio.

Se dieron a conocer los fundamentos del fallo en la Megacausa Santiago del Estero 2012

Las movilizaciones populares obtuvieron que se desterrase la impunidad de la Argentina.

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero difundió los fundamentos de la sentencia que, el 5 de diciembre pasado, impuso la pena máxima para cinco represores acusados. Fijó además penas de hasta 20 años para otros cuatro imputados.

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero difundió este martes los fundamentos de la sentencia que, el 5 de diciembre pasado, condenó a la pena de prisión perpetua a los acusados Musa Azar, Miguel Tomás Garbi, Juan Bustamante, Francisco Laitán y Ramiro López Veloso, en el marco del juicio oral por la causa “Aliendro”, por crímenes de lesa humanidad ocurridos en esa provincia durante la última dictadura.
El tribunal -integrado por los jueces Graciela Nair Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís- también condenó a Jorge Alberto D’Amico (a 20 años de prisión), Carlos Héctor Capella (8 años), Eduardo Bautista Baudano (6 años) y Jorge Gregorio Brao (6 años) y Rodolfo Doroteo Salvatierra (5 años).
En el proceso se investigaron los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertada, imposición de tormentos agravados, violación y abuso deshonesto durante el último gobierno militar.
Los magistrados además dispusieron que los condenados sean trasladados a unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal.
El juicio oral comenzó el 8 de mayo último y se investigaron crímenes de lesa humanidad que tienen como víctimas a 44 personas, entre ellas 18 desapariciones forzada de personas, ocurridas entre los años 1974 y 1979, hechos cometidos en gobiernos democráticos y durante el gobierno de facto.
Durante las audiencias de debate prestaron su declaración testimonial cerca de 300 personas.

Descargar el fallo completo:  (http://agenciadin.com.ar/Fundamentos-Megacausa.pdf)

Sobre el pedido de detención domiciliaria solicitada por Musa Azar

Este es un tema con el que viene insistiendo desde mucho tiempo antes de su enfermedad y de esta última condena, incluso en alguna oportunidad, como es su costumbre quizo negociaresta cuestión a cambio de información sobre las causas; es su tema pues sabe que de las condenas (3 perpetuas) no se puede desprender. 

Creemos que dada la gravedad de su reponsabilidad en todo lo actuado, antes, durante y con posterioridad a la dictadura militar, debe cumplir la pena impuesta que además de la cantidad de años a la que fue condenado, se le exige que este tiempo sea cumplido en una cárcel común. 

Es cierto el código contempla la posibilidad del cumplimiento domiciliario de la pena para personas mayores de setenta años, pero también es cierto que esta conseción no es obligatoria y queda sujeta a la discrecionalidad de los jueces y creo que en definitiva esta en directa proporcionalidad con la gravedad de los crímenes cometidos.

En este sentido, concederle la prisión domiciliaria sería desandar el camino construido en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad.

En definitiva " mandarlo a su casa" después de haberse comprobado de que durante casi 30 años fue uno de los dueños de la vida y de la muerte de nuestro pueblo, de que no hubo ni reconocimiento ni arrepentimiento por la gravedad de sus acciones y ni el más mínimo intento de colaborar en la búsqueda de la Verdad de sus propios y numerosos crímenes, lesionaría seriamente el sentido de justicia que todos los ciudadanos argentinos y santiagueños estamos tratando de construir para apuntalar la vida democrática en nuestro país.

Nos oponemos terminantemente a esta posibilidad.