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viernes, 5 de julio de 2019

Casación anuló la absolución de un ex juez federal por crímenes cometidos durante la dictadura

La Cámara de Casación Penal anuló hoy la absolución del ex juez federal Santiago David Olmedo de Arzuaga en el juicio por la Megacausa III, por crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura en Santiago del Estero, informaron fuentes judiciales.

Los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal del país anularon la decisión del Tribunal Oral Federal de la provincia y le indicaron que condene al ex juez.

El fallo, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, se produjo en la causa que investigó la responsabilidad de ex policías, militares y autoridades judiciales en 38 crímenes.

En un fallo de 390 páginas, los camaristas confirmaron además las condenas a prisión perpetua de los ex militares Ramón Warfy Herrera y Jorge Alberto D 'Amico y la 22 años de cárcel a los jefes de la llamada "Gestapo santiagueña", Antonio Musa Azar y Miguel Tomás Garbi.

En relación al ex juez Olmedo de Arzuaga, los camaristas entendieron que es penalmente responsable de los delitos de omisión agravada de hacer cesar la detención ilegal, abuso de autoridad, y privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Gladys Estela Loys, Mercedes Cristina Torres, Sara Alicia Ponce y Miguel Ángel Cavallín.

También sostuvieron que tiene responsabilidad penal epor no haber hecho cesar los tormentos agravados en perjuicio de Mercedes Cristina Torres y de haber cometido el delito asociación ilícita en carácter de miembro.

"El fundamento utilizado por el tribunal para restarle responsabilidad al imputado -que, como juez subrogante actuó 'en el contexto normativo y las prácticas forenses inquisitivas propias de la época'- resulta ser meramente aparente, carente de lógica y que controvierte el derecho aplicable a la especie", sostuvieron los jueces al anular la absolución del ex magistrado.

EL TOF de Santiago del Estero había absuelto al ex magistrado en base a consideraciones sobre el Código de Procedimientos en Materia Criminal vigente al momento de los hechos, según informó el portal del Ministerio Público Fiscal.

Entre los querellantes del caso intervinieron  la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia y la agrupación de Familiares de Detenidos–Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Santiago del Estero. 

jueves, 12 de noviembre de 2015

El sacerdote que torturaba en el batallón

Procesaron en Santiago del Estero a un ex Capellán por delitos de lesa humanidad. 

Carlos Luis Marozzi está involucrado en la imposición de tormentos contra el secuestrado Hugo Alberto Gómez y como parte de una asociación ilícita. Actualmente es párroco del Santuario de Nuestra Señora de la Consolación, en Sumampa.

El sacerdote Carlos Luis Marozzi, ex capellán auxiliar del Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero, fue procesado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Luego de reiterados pedidos de la fiscal federal Indiana Garzón, a cargo de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público de la provincia, el juez federal Guillermo Molinari procesó al ex capellán por la imposición de tormentos contra el secuestrado Hugo Alberto Gómez y como parte de una asociación ilícita. La resolución no incluye la prisión preventiva de Marozzi. Por su edad avanzada (81 años), su movilidad reducida (usa silla de ruedas) y por considerar que no existe riesgo de fuga, el magistrado le permitió continuar en libertad. Marozzi es actualmente párroco del Santuario de Nuestra Señora de la Consolación, en Sumampa, departamento Quebrachos, al sur de Santiago del Estero.

Gómez fue secuestrado en el Concejo Deliberante, donde trabajaba, el 19 de noviembre de 1975. Durante casi un mes estuvo privado ilegalmente de la libertad y fue torturado en el Batallón 141, ubicado en el campo militar Santo Domingo, y en una cárcel de la provincia de Chaco. Al relatar sus padecimientos, el sobreviviente contó que pudo ver a un sujeto vestido como sacerdote, con una camisa celeste y cuello blanco, quien le introducía sus pulgares en los ojos y le decía que estaba poseído por el demonio. Dijo creer que se trataba del cura Marozzi, que fue capellán auxiliar de esa unidad militar entre 1974 y 1997, cuando el Ejército lo dio la baja.

El testimonio que involucra a Marozzi formó parte de una elevación a juicio de agosto de 2012 que incluyó al ex jefe del Departamento de Informaciones policiales de Santiago, Musa Azar –en prisión con tres condenas a prisión perpetua en el haber– y a un grupo de oficiales y suboficiales del Ejército. En marzo último, según informó el sitio web del Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Derechos Humanos santiagueña requirió por tercera vez que el juez citara a indagatoria al sacerdote en la causa “Gómez Hugo c/Azar Musa y otros, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita”.

Pero la decisión se hizo esperar. A la desidia tradicional del poder judicial en los casos de civiles imputados por delitos de lesa humanidad se sumaron en el caso puntual las dificultades para concretar las pericias psicológicas y psiquiátricas del imputado, que se concretaron a principios de octubre en la casa del ex capellán. El caso trascendió luego de que el perito médico designado informara que la Corte Suprema carecía de fondos para pagar su viaje en avión y su estadía en Santiago del Estero y de que los organismos de derechos humanos ofrecieran costear el viaje con tal de terminar con la parálisis de la causa.

El testimonio de Gómez no es el único que involucra a Marozzi. Otra ex presa política, Graciela Yocca, también lo identificó al declarar en el juicio oral Megacausa II como uno de los torturadores de los detenidos. “Creo en Cristo. El resto es basura, como el cura Marozzi, que se vendió por un sueldo de capellán para ir a torturarnos en la cárcel”, dijo durante la audiencia. La mujer, que permaneció cinco años detenida durante la dictadura, recordó que el cura Marozzi “cambiaba de auto 0 km todos los años y siempre decía que a los jóvenes opositores al régimen terrorista de Estado había que matarlos porque ‘muerto el perro se acabó la rabia’”.

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Las causas en Santiago del Estero : Atraso y selectividad

Por Alejandra Dandan

A más de diez años de la reapertura de las causas por los crímenes de lesa humanidad, los organismos de derechos humanos de Santiago del Estero presentaron ante la Comisión Interpoderes un informe que señala que en los tres juicios orales que se hicieron con “tanto esfuerzo” en la provincia sólo fueron condenados un teniente primero, dos comisarios y cinco policías. Además, explican que entre ellos no están los “verdaderos responsables” del Estado represivo en la zona, sobre todo integrantes del Ejército y del Poder Judicial. En el texto, describen los mecanismos jurídicos que permitieron esta situación, hablan de una justicia de clases y selectiva y piden una auditoría profunda.

“Los verdaderos responsables militares y civiles, denunciados desde el año 2004, han gozado de una inconmovible impunidad gracias a un sistema de justicia displicente, cuando no cómplice.” En concreto, agregan, “venimos a poner en vuestro conocimiento y, a partir de ustedes, en conocimiento a la Suprema Corte de Justicia, de un estado de situación en la tramitación estos procesos que entendemos constituye un verdadero supuesto de gravedad institucional y privación de justicia”.

El comunicado lleva la firma de Luis Garay y Cristina Torres, de la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia de Familiares de Desaparecidos y ex presos políticos de Santiago. En él, dan cuenta del estado de situación de las causas en una provincia que hasta 2003 poseía metodologías y funcionarios que mostraban continuidades con el Estado represivo. Que con las primeras denuncias impulsadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el inicio de las investigaciones, avanzó aparentemente al condenar a las caras más visibles de la represión, en la que muchos de ellos, efectivamente, eran policías. Entre ellos están Musa Azar, Miguel Tomás Garbi, Ramiro López y el militar Jorge D’Amico. Pero lo que los organismos están mostrando es que ellos eran las caras de una estructura mayor y que la estructura del Poder Judicial impidió avanzar con otros responsables. Sobre todo porque, entre ellos, ubican a quienes también participaron como integrantes del Poder Judicial en el pasado.

“Las condenas siempre recaen sobre algunos y no sobre todos y tienen un tinte clasista”, dice Garay. “Hay policías presos y sobre los militares que fueron jerárquicamente más importantes todavía estamos peleando para poder procesarlos y no hablemos de los jueces que llevan más de una década sin procesamientos firmes. Hay una ingeniería para procurar cuidar a un grupo de gente.” En ese contexto pidieron a la Comisión Interpoderes que se realice una “auditoría profunda de todas las causas”.

En el informe describen cómo el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, sobre todo, se erigió en tribunal de alzada y de apelaciones para las causas. Y encuadró, frenó o habilitó determinadas investigaciones.

En la lista de acusados pendientes está Cayetano Fiorini, segundo jefe del Batallón 141 de Ingenieros de Combate con asiento en Santiago del Estero. Y tres jueces. Dos de ellos tienen una parte de la causa elevada por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de poder, pero las querellas están pidiendo imputaciones por torturas, asociación ilícita y privación ilegal de la libertad. Son los jueces Santiago Olmedo de Arzuaga y Horacio Liendo Roca. El tercer juez investigado es Luis Eduardo López, secretario penal durante la dictadura y, para terminar de explicar el cuadro, presidente del TOF de Santiago hasta 2012.

domingo, 17 de noviembre de 2013

Megacausa II: "Había compañeros que no podían comer del dolor en el estómago por los golpes"

Además hizo referencia a que muchas mujeres secuestradas por los ex represores, “fueron violadas”. Podrían solicitarse nuevas imputaciones.
Habia companeros que no podian comer del dolor en el estomago por los golpes
 
ETAPA DECISIVA. El juicio ingresó en un momento crucial y podrían dictarse las penas a mediados de diciembre próximo.
 
La mayoría de los testigos citados en la Megacausa II ya fueron parte de la audiencia y sólo restarían 4 para finalizar esa etapa, para dar pasó a la siguiente en donde se hará el pedido de ampliación de indagatorias así como también la presentación de alegatos.

Mientras tanto, ayer fue otra audiencia maratónica, en donde pasaron varios testigos, entre ellos Oscar Eduardo Páez, bandeño y empleado ferroviario. El ex preso político contextualizó a los presentes remitiéndose a 1976, momento en que fue detenido por Ramiro López, Francisco Laitán y Miguel Tomás Garbi, y además reconoció a Musa Azar Curi cuando lo llevaron a la “Side”.

Entre los datos vertidos, Páez remarcó que “había compañeros que no podían comer del dolor en el estómago por los golpes que le propinaron”, además señaló que “varias mujeres fueron sometidas a violaciones por los represores”.

Por otro lado, el bandeño reforzó las versiones que esgrimieron otros testigos sobre Carlos Marozzi, aseverando que el capellán del Ejército, cuando visitaba el lugar donde estaban los detenidos, “buscaba información acerca de qué pensábamos y hacíamos”.
El empleado ferroviario detalló que fue secuestrado en dos ocasiones. En la primera permaneció un año y ocho meses detenido entre las cárceles de Santiago, Córdoba, Sierra Chica y La Plata. “Cuando fui notificado de mi excarcelación, me dijeron que no apele ninguna resolución judicial, porque me iban a detener nuevamente”, relató.

Nuevas imputaciones
Por otra parte, fuentes judiciales señalaron que desde la Fiscalía y abogados de la querella analizan la posibilidad solicitar la imputación de nuevos delitos por “robo y abuso sexual”, datos que surgieron en las distintas audiencias, contra los represores; Musa Azar Curi y compañía. Esta situación será evaluada por el Tribunal.

sábado, 5 de octubre de 2013

El represor Musa Azar habló de la conformación de los grupos de tareas

“Había policías y militares”

El ex jefe de Inteligencia de Santiago del Estero, Musa Azar, que ya cumple condena, comenzó a ser juzgado por un asesinato y 34 secuestros y torturas. “Los operativos surgían cuando el sospechoso en actividades terroristas no comparecía a una citación”, dijo.

“Los grupos de tareas estaban conformados por policías y militares, comandados por un capitán del Ejército y un oficial de policía, en operativos que surgían cuando el sospechoso en actividades terroristas no comparecía a una citación”, dijo ayer el represor Musa Azar en la primera audiencia de un juicio que comenzó ayer en Santiago del Estero, donde es procesado junto con integrantes de un grupo de tareas que encabezaba.

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero comenzó con la lectura de la acusación fiscal. El ex jefe de Inteligencia Azar, principal acusado, decidió asistir al recinto, aunque las sucesivas audiencias las presenciaría por videoconferencia desde el Hospital Carrillo, donde ya cumple otra condena. “Nuestra misión era elaborar informes diarios relacionados con conflictos sociales, paros de gremios, que eran enviados a la SIDE central, a la Jefatura de Policía, a la guarnición militar y al gobernador”, dijo ayer aprovechando el auditorio, y luego deslindó responsabilidades en los demás acusados al explicar que “en general, no iba a los operativos”, sino que se quedaba “en su despacho”.

Musa Azar está siendo juzgado por el asesinato de la empleada doméstica Consolación Carrizo y el secuestro y torturas de otras 34 personas. Se trata de la denominada Megacausa II de Santiago del Estero, en la que alrededor de 120 personas, en su mayoría víctimas de la última dictadura, prestarán su testimonio durante los próximos tres meses.

En la misma causa también están acusados los ex policías santiagueños Miguel Tomás Garbi, segundo ex jefe de la División Informaciones Policiales; Ramiro López, Francisco Laitán, Juan Bustamante, José Brao, Carlos Capella y Pedro Ledesma. También escucharon las acusaciones por delitos de lesa humanidad el ex militar Jorge D’Amico y Marta Noemí Cejas, la primera esposa de Musa Azar, unión matrimonial de la que nació Julio Elías Azar Curi, abogado que asumió la defensa de sus padres. La ex esposa del jefe de la denominada Gestapo santiagueña se desempeñó durante la dictadura bajo las órdenes de Musa Azar en la Dirección de Informaciones Policiales (DIP) y, según denuncias, tenía a su cargo el traslado de presas políticas. En la misma causa, también se encuentra imputado el ex oficial Roberto Díaz, que hace varios años se encuentra prófugo de la Justicia y por el que se ofrece una recompensa de 150 mil pesos para el que aporte datos que permitan su detención.

Familiares de desaparecidos, dirigentes y militantes de distintas organizaciones de derechos humanos se movilizaron para reclamar prisión perpetua para los acusados. La mayoría de los represores juzgados cumple actualmente condenas de prisión perpetua por el secuestro y desaparición forzada de 44 personas, antes y durante la última dictadura militar. En el caso de Musa Azar, López y Garbi también cumplen esa condena por el asesinato del estudiante Cecilio Kamenetzky, en noviembre de 1976.

Estas denuncias fueron impulsadas en 2004 por el fallecido ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, durante la intervención federal de Pablo Lanusse. Entre las víctimas por los secuestros y torturas entre los años 1976-77, que integran el Grupo 4, figuran Mercedes Yocca, Luis Avila Otrera, Héctor Galván, Ricardo García, Rina Farías de More, Gerardo More, María Gómez de Salomón, Sara Salomón, Rubén Salomón, Juan Serrano y Roberto Zamudio.

miércoles, 6 de marzo de 2013

Se dieron a conocer los fundamentos del fallo en la Megacausa Santiago del Estero 2012

Las movilizaciones populares obtuvieron que se desterrase la impunidad de la Argentina.

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero difundió los fundamentos de la sentencia que, el 5 de diciembre pasado, impuso la pena máxima para cinco represores acusados. Fijó además penas de hasta 20 años para otros cuatro imputados.

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero difundió este martes los fundamentos de la sentencia que, el 5 de diciembre pasado, condenó a la pena de prisión perpetua a los acusados Musa Azar, Miguel Tomás Garbi, Juan Bustamante, Francisco Laitán y Ramiro López Veloso, en el marco del juicio oral por la causa “Aliendro”, por crímenes de lesa humanidad ocurridos en esa provincia durante la última dictadura.
El tribunal -integrado por los jueces Graciela Nair Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís- también condenó a Jorge Alberto D’Amico (a 20 años de prisión), Carlos Héctor Capella (8 años), Eduardo Bautista Baudano (6 años) y Jorge Gregorio Brao (6 años) y Rodolfo Doroteo Salvatierra (5 años).
En el proceso se investigaron los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertada, imposición de tormentos agravados, violación y abuso deshonesto durante el último gobierno militar.
Los magistrados además dispusieron que los condenados sean trasladados a unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal.
El juicio oral comenzó el 8 de mayo último y se investigaron crímenes de lesa humanidad que tienen como víctimas a 44 personas, entre ellas 18 desapariciones forzada de personas, ocurridas entre los años 1974 y 1979, hechos cometidos en gobiernos democráticos y durante el gobierno de facto.
Durante las audiencias de debate prestaron su declaración testimonial cerca de 300 personas.

jueves, 3 de enero de 2013

Sobre el pedido de detención domiciliaria solicitada por Musa Azar

Este es un tema con el que viene insistiendo desde mucho tiempo antes de su enfermedad y de esta última condena, incluso en alguna oportunidad, como es su costumbre quizo negociaresta cuestión a cambio de información sobre las causas; es su tema pues sabe que de las condenas (3 perpetuas) no se puede desprender. 
Creemos que dada la gravedad de su reponsabilidad en todo lo actuado, antes, durante y con posterioridad a la dictadura militar, debe cumplir la pena impuesta que además de la cantidad de años a la que fue condenado, se le exige que este tiempo sea cumplido en una cárcel común. 

Es cierto el código contempla la posibilidad del cumplimiento domiciliario de la pena para personas mayores de setenta años, pero también es cierto que esta conseción no es obligatoria y queda sujeta a la discrecionalidad de los jueces y creo que en definitiva esta en directa proporcionalidad con la gravedad de los crímenes cometidos.
En este sentido, concederle la prisión domiciliaria sería desandar el camino construido en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad.

En definitiva " mandarlo a su casa" después de haberse comprobado de que durante casi 30 años fue uno de los dueños de la vida y de la muerte de nuestro pueblo, de que no hubo ni reconocimiento ni arrepentimiento por la gravedad de sus acciones y ni el más mínimo intento de colaborar en la búsqueda de la Verdad de sus propios y numerosos crímenes, lesionaría seriamente el sentido de justicia que todos los ciudadanos argentinos y santiagueños estamos tratando de construir para apuntalar la vida democrática en nuestro país.

Nos oponemos terminantemente a esta posibilidad.

jueves, 6 de diciembre de 2012

Perpetua para Musa Azar y otros cuatro imputados, cinco con penas menores


Diez condenas en Santiago del Estero

Hubo condenas por delitos sexuales a autores directos, ambos policías, y otras dos a sus jefes como autores mediatos. Se declaró la nulidad de todos los procedimientos llevados a cabo por la vieja ley 20.840 de “actividades subversivas”.

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó ayer a prisión perpetua a cinco represores, incluido el ex hombre fuerte de la provincia, Musa Azar, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Otros cinco imputados fueron sentenciados a penas que van de cinco a veinte años de prisión. El tribunal que preside Graciela Fernández Vecino dictó dos condenas por delitos sexuales a autores directos, ambos policías, y otras dos a sus jefes como autores mediatos. Los jueces resolvieron que la sentencia se debe cumplir en una cárcel común: los condenados ya pasan sus días en la Unidad Penal 35 del Servicio Penitenciario Federal, en Colonia Pinto, a 40 kilómetros de Santiago.

En este juicio, una decena de acusados fueron juzgados por privación ilegítima de la libertad, tormentos, asociación ilícita, allanamiento ilegal, violaciones y abusos sexuales contra 44 víctimas. La mayor parte de los hechos ocurrieron luego del golpe de Estado aunque también se incluyeron casos de 1975 y de fines de 1974. Las penas de prisión perpetua, tal como lo habían solicitado los fiscales Gustavo Gimena y Félix Crous, recayeron sobre los ex policías provinciales Musa Azar, su segundo Miguel Tomás “Pirulo” Garbi, Ramiro López Veloso (único condenado por abuso deshonesto a un detenido), Juan Felipe “Sérpico” Bustamante y Francisco Antonio “Paco” Laitán, todos ex miembros de la denominada SIDE santiagueña. El ex mayor del Ejército Jorge Alberto D’Amico, para quien el Ministerio Público Fiscal había pedido 25 años de cárcel, recibió una pena de 20 años. Los jueces pidieron además su baja del Ejército. Otros cuatro ex policías recibieron penas menores: ocho años de cárcel para Carlos Héctor Capella, seis para Eduardo Bautista “Poroto” Baudano (los fiscales habían pedido 25 para cada uno) y cinco para José Gregorio “Pepe” Brao y Rolando Doroteo Salvatierra (los fiscales habían pedido 15 años). En los casos de Capella y Salvatierra, el tribunal ordenó la inmediata detención y traslado a la cárcel, ya que habían permanecido excarcelados durante el juicio oral.

En instrucción avanzan las imputaciones contra una decena de imputados, incluidos ex magistrados y funcionarios de la Justicia. Además continúa prófugo el ex policía Roberto Díaz, acusado por homicidio, por cuya captura el Ministerio de Justicia ofrece una recompensa de 100 mil pesos. La jornada comenzó a las ocho de la mañana, cuando familiares de desaparecidos, sobrevivientes y militantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales se concentraron en la plaza principal de Santiago. Desde allí marcharon quince cuadras hasta la puerta del juzgado federal. Poco después de las nueve, el tribunal que también integran Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asis ofreció a los acusados hacer uso de sus últimas palabras antes de la sentencia. La mayoría se limitó a remarcar su inocencia y a agradecer el trabajo de sus abogados. Laitán, acusado por una violación, dijo haberse sentido impedido de ejercer su defensa porque era su palabra contra la de la víctima. El tribunal finalmente lo encontró culpable. Musa Azar prefirió el silencio. “No tengo nada que decir”, fueron las palabras del ex comisario de la policía santiagueña, que, igual que Garbi y López Veloso, fue condenado en 2010 por secuestrar y asesinar al estudiante Cecilio Kammenetzky. Las palabras de Musa Azar se escucharon a través del sistema de videoconferencias desde el Hospital Regional Ramón Carrillo, en la capital santiagueña, donde permanece internado.

Luego de un cuarto intermedio, a las 17 la sala estaba colmada por más de ochenta personas. Otras 50 se ubicaron en una sala contigua con monitores, mientras el grueso de los militantes se ubicó sobre la avenida Belgrano, donde seguían las instancias desde una pantalla gigante. Los represores, excepto Laitán, optaron por evitar las miradas de víctimas y familiares y escucharon sus condenas desde una sala contigua.

“Es una causa emblemática y el veredicto deja más que contenta a esta fiscalía, ya que el tribunal prácticamente ha receptado los alegatos del Ministerio Público y de las querellas, salvo en cuanto a la pena de cuatro imputados”, reflexionó el fiscal Gustavo Gimena. “Creemos que debieron aplicarse los máximos o al menos una escala cercana al máximo, ya que los secuestros y tormentos, además de ser aberrantes, se cometieron en el marco de un genocidio, de un plan de persecusión y exterminio de militantes políticos”, agregó. El fiscal destacó que, a pedido del Ministerio Público, el tribunal declaró la nulidad de todos los procedimientos llevados a cabo por la vieja ley 20.840 de “actividades subversivas”. “En los prontaurios y legajos judiciales de muchos sobrevivientes sigue constando esa condena. Es un gran avance, una reparación, que ahora deban eliminarse de esos legajos, ya que se consideran nulas”, celebró.

Con esta sentencia, asciende a 346 el número de condenados por secuestros, tormentos y homicidios durante el terrorismo de Estado.

martes, 4 de diciembre de 2012

5de diciembre todos en la sentencia


Quince puntos clave y revelaciones que dejó la Megacausa

El Tribunal Oral Federal dará a a conocer este miércoles el veredicto sobre el juicio que tiene como principales responsables a Azar Curi, Tomás Garbi, Ramiro López Veloso y Francisco Laitán.
 
Quince puntos clave y revelaciones que dejo la Megacausa
TOF. El tribunal llevó adelante ocho meses de audiencias con los testimonios de unos 200 testigos que aportaron datos sobre los hechos.

 * Torturas. El titular del Ministerio Público Fiscal, Gustavo Gimena, expresó durante las audiencias que debido a la derogada ley 20.840, que penaba las actividades subversivas, ‘las víctimas declaraban frente a la persona que las torturaba’. Sostuvo acerca de los métodos que empleaba Musa Azar Curi junto con el grupo de tareas que lideraba, que “era el sistema imperante en el terrorismo de Estado, los detenían sin orden y cuando tenían orden, era por la ley 20.840”. Asimismo detalló que “la privación ilegítima de la libertad era legítima en cuanto al inicio, porque salía con una orden del juez, después se transformaba en ilegítima en cuanto al modo de cumplimiento, porque el Side no era un penal, sino que fue el centro clandestino de detención más salvaje de Santiago”.

* Armado de causas. Sobrevivientes del terrorismo de Estado denunciaron que Musa Azar Curi “armaba las causas” y que luego los torturaba en el Departamento de Informaciones Policiales para que firmaran los escritos que preparaba él junto con sus colaboradores, reconociendo delitos de subversión.

* Ensañamiento con jóvenes. En una audiencia, uno de los testigos aportó con su declaración dos datos fundamentales. Uno de ellos, sobre el padecimiento que debieron soportar, aún estando libres de su cautiverio, las víctimas del terrorismo de Estado; el otro, estuvo referido al ensañamiento de las fuerzas de tarea de la dictadura con los más jóvenes, incluso adolescentes.
Según comentó el fiscal federal general, Gustavo Gimena, una de las personas que se sentó frente al estrado relató que fue detenida dos veces aún siendo menor de edad. Otro sobreviviente dijo que cuando fue detenido con apenas 16 años, pudo reconocer durante su cautiverio a dos familiares directos de apenas 13 años de edad.

* Alumbramiento y cautiverio. La ex presa política Gladys Lois de Gallardo brindó un estremecedor relato en el que contó los padecimientos que sufrió durante su detención, 18 días antes de dar a luz, y la vida de su primer hijo, que fue criado en cautiverio durante sus primeros meses. En ese marco calificó de “duradera y definitiva” la tortura que sufrió por parte del grupo de tareas que lideraba Musa Azar Curi, antes del golpe militar de 1976.

* Mintió que era un guerrillero. Otros de los testigos fue Dardo Salloum, quien contó que en una de las sesiones de torturas a las que fue sometido, decidió mentir que pertenecía a una célula extremista para que lo dejasen de castigar.
Salloum, dijo que este episodio se produjo durante su segunda detención al final del ciclo lectivo del 75 (era docente) en un megaoperativo que condujo Musa Azar Curi, quien lo esposó. En un relato conmovedor, dijo que cuando estuvo en el Batallón de Ingenieros de Combate 141, una noche, hastiado y con temor de morir por los golpes y los submarinos que le aplicaban sus torturadores, mintió que era de una célula subversiva. Incluso recordó que inventó su nombre de guerra: “Henry Ford”.

* Desligarse de la causa. En una sorpresiva declaración Musa Azar Curi insistió que “el Ejército Argentino fue responsable de los procedimientos de las personas que, hasta la fecha, figuran como desaparecidas en la provincia”. Inclusive, al ser interrogado, negó la existencia de “secuestros políticos”.

* Robo de pruebas valiosas. El abogado Antenor Ferreyra le endilgó a Musa Azar Curi haber hecho desaparecer documentos de actuaciones de la Justicia provincial, que se llevaron adelante en los años 80. Dijo que muchos de los acusados siguieron en función al retornar la democracia y que “ante la posibilidad del inicio de los juicios han hecho desaparecer valiosas pruebas documentales”.

* Centros del horror. A lo largo de las audiencias, víctimas y testigos sacaron a luz el funcionamiento de varios centros clandestinos de detención (CCD). Fueron lugares de tortura para los presos políticos y según datos de organismos de derechos humanos locales, hay ocho CCD denunciados por los que pasaron alrededor de 1.000 santiagueños, hombres y mujeres.

* Detenido y torturado a los 14 años. Gerardo More contó que fue detenido el 9 de agosto de 1976, junto a su madre, y torturado en la sede del DIP por Musa Azar Curi y Miguel Tomás Garbi, según sus expresiones. El testigo contó: “Hubo un operativo y me llevaron a mi mamá y a mí hasta el DIP, en el lugar fui torturado por Musa Azar y Garbi, me pegaban en el estómago y me pedían que les diga todo lo que sabía de Julio Salomón, que era amigo de mi padre”.

* Le dijo “asesino” en la cara. Pedro Ramírez, actual director de Cultura de la Municipalidad de La Banda, le dijo “asesino” a Musa Azar Curi, en el marco de una rueda de reconocimiento. El testigo manifestó además que por intermedio de un anónimo, le revelaron que “el asesino de Félix Daniel López Saracco fue ‘Paco’ Laitán”.

* Actos de pillaje y saqueos. Durante los testimonios de familiares de presos políticos y de sobrevivientes al terrorismo de Estado, se puso sobre el tapete otro delito que cometían los grupos de tareas, como el robo de dinero y joyas, incluso hasta se llevaron artefactos de una vivienda en construcción que pertenecía a la familia de Daniel Rizzo Patrón y Graciela Arán que contó que sufrió el robo de dinero tanto en su domicilio como en su estudio de arquitectura. Quien también denunció el robo de pertenencias y que apuntó contra uno de los imputados, fue María Eugenia Di Lullo de Garay, quien contó que en su vivienda de calle 24 de Septiembre, entraron Musa Azar Curi y Tomás Garbi, mientras la familia no estaba, y que en esa oportunidad le desapareció un arma que era una joya: una daga que tenía baño de oro y piedras preciosas incrustadas.

* Ampliación de imputaciones. A través de una presentación del fiscal Gustavo Gimena, el TOF realizó la ampliación de imputación por delitos sexuales y robo agravado en contra de algunos de los 10 imputados. La medida fue producto de las revelaciones de los sobrevivientes al terrorismo del Estado, que además de secuestros y torturas, sufrieron otros tipos de delitos, como los robos y abusos.

* Videoconferencias. Tras los problemas de salud de Musa Azar Curi, el TOF resolvió la continuidad del proceso con el represor internado en el Hospital Regional, a través de videoconferencias que transmitían las audiencias.

* Aparición de pintadas. En el medio del desarrollo del juicio, comenzaron a aparecer pintadas en distintos lugares de la ciudad con frases en contra de los organismos de derechos humanos, por parte de una agrupación denominada La Aguja, que se autoadjudicó el hecho. A lo que sumó algunas polémicas declaraciones de familiares de los imputados, a quienes les terminaron prohibiendo el ingreso a la sala para evitar incidentes.

Pero las pintadas no fue lo que más preocupó a las querellas, Antenor Ferreyra, uno de los letrados que representa a las víctimas del aparato represivo conducido por Musa Azar Curi y los órganos adelantados de inteligencia militar, advirtió que con las pintadas también llegaron los amedrentamientos y las amenazas contra los testigos.
Por eso los querellantes presentaron una denuncia ante el magistrado federal, Guillermo Molinari. No obstante, con la atención puesta en el juicio, no ha habido tiempo de aportar muchas pruebas e información a esa causa.

* Penas. Tanto desde el Ministerio Público Fiscal, como desde la querella, se pidieron las pensas más severas para los once imputados que son juzgados por 44 casos de crímenes de lesa humanidad. Por su parte, la defensa pidió la absolución de los imputados y, en caso de ser condenados, que el tribunal no aplique duras sanciones por considerar que no se probaron muchos hechos.
 

domingo, 25 de noviembre de 2012

5 de diciembre : exigimos Justicia

Y las mujeres que sobrevivieron y hoy piden justicia en la Megacausa santiagueña son:

ALCIRA CHÁVEZ
CRISTINA TORRES
SARA ALICIA PONCE
GLADYS AMELIA DOMÍNGUEZ
MARÍA SUSANA HABRA
ROSA DEL CARMEN TULLI
MARGARITA URTUBEY
RAQUEL NOEMÍ MORENO

Este 5 de Diciembre vamos a estar todos ahí con ustedes, mujeres hermosas y ejemplos de lucha.

jueves, 1 de noviembre de 2012

Juzgarán a represores por secuestros y torturas a 34 personas

La Justicia Federal de Santiago del Estero llevará adelante el próximo año el tercer juicio oral de la denominada causa "Grupo 4" por "violación de domicilios, secuestro forzado y torturas a 34 personas" en la dictadura cívico militar, informaron fuentes judiciales.

La causa, instruída por el juez federal Guillermo Molinari, tiene por imputados a los ex policías santiagueños Musa Azar, Miguel Tomás Garbi, Ramiro López, Francisco "Paco" Laitán, Roberto Díaz (prófugo), Juan Bustamante, José Gregorio Brao, Carlos Héctor Capella y Pedro Ledesma.

También serán juzgados el ex militar Jorge D`Amico y Marta Noemí Cejas, ex esposa del ex jefe de Inteligencia santiagueño Musa Azar, que cumplía funciones en la denominada "SIDE santiagueña".

La mayoría de los procesados afronta actualmente un proceso judicial similar, a punto de concluir, por el secuestro y desaparición forzada de 44 personas, antes y durante la última dictadura militar.

En el caso de Musa Azar, López y Garbi fueron condenados hace dos años a prisión perpetua por el asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky, ocurrido en noviembre de 1976.

La mayoría de las denuncias por delitos de lesa humanidad fueron impulsados en el 2004 por el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde.

Entre las víctimas por los secuestros y torturas entre los años 1976-77 que integran el Grupo 4 figuran Mercedes Yocca, Luis Avila Otrera, Héctor Galván, Ricardo García, Rina Farías de More, Gerardo More, Masría Gómez de Salomón, Sara Salomón, Rubén Salomón, Juan Serrano y Roberto Zamudio.

También fueron instruidas las denuncias presentadas por Felipe Acuña, René Arévalo, Aurora Banegas, Daniel Rizzo Patrón, Juan Carlos Asato, Manuel Cansinos, Juan Pérez, Miguel Escat y María Inés Fornés.

La nómina de víctimas se completa con el abogado Bailón Gerez, Gustavo Grimaldi, Ramón Ledesma Julio López, Aida Martínez Paz, Susana Mignani, Graciela Ninich, Jacinto Paz, María Eudenia Ruiz Taboada, Luis Saavedra Lina Abalos de Ciappino y Javier Silva.

viernes, 12 de octubre de 2012

Denuncia rol de jueces en la dictadura


Un ex preso político de Santiago del Estero describió ayer el rol de los jueces de la provincia durante el terrorismo de Estado. Osvaldo Bernabé Corvalán, que declaró como testigo en el proceso por el secuestro y la desaparición forzada de 44 personas, apuntó en particular a los ex magistrados Santiago Asencio Grand y Arturo Liendo Roca. El segundo había sido sobreseído por el Tribunal Oral Federal que ahora juzga a los represores, pero su caso volvió a primera instancia luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara investigarlo como “piedra basal de la impunidad” de policías y militares y comparara el rol del Poder Judicial santiagueño con “la judicatura de la Alemania nazi”.

“Liendo Roca fue la cabeza de la represión en el Juzgado Federal de Santiago del Estero. En mi caso, además de los seis años de cárcel, fui víctima de manipulación judicial por acusaciones que nunca pudieron ser comprobadas”, explicó Corvalán. El testigo recordó que a pocos días de su detención, el 17 de febrero de 1975, fue indagado por el ex juez federal Santiago Asencio Grand “para exigirme que reconozca que era el jefe de una célula subversiva del Partido Revolucionario de los Trabajadores”. “El juez Grand me amenazó diciéndome que acepte los cargos o que me iba a entregar a la SIDE y al Ejército para que ellos apliquen sus códigos y le ordenó al policía que me custodiaba que me lleve a la SIDE”, añadió. Destacó que aquellas amenazas “fueron realizadas en presencia de Liendo Roca, que no atinó a decir una sola palabra; incluso en dos careos mis acusadores se rectificaron de lo que habían firmado bajo amenazas del juez Grand y de Musa Azar”, afirmó. “Grand era una persona muy desagradable, se le notaba mucho odio en el rostro”, acotó.

Corvalán recordó también la salvaje represión sufrida en el penal santiagueño “en presencia de jueces y funcionarios federales” y nombró al “entonces ministro de Gobierno Robín Zaiek y la plana mayor de la policía”. “En el año 1978 nos trasladaron a la cárcel de La Plata y allí fui visitado por el juez Santiago Olmedo y Lorena Hernández, que tras utilizar las mismas acusaciones de una causa armada y fraguada por Grand y Liendo Roca, me condenó a seis años de prisión e inhabilitación absoluta”, añadió

domingo, 7 de octubre de 2012

Reconocimiento de la finca Laitán y testimonio sobre la desaparición de Carabajal


SORPRESA
Testigo aportó datos reveladores sobre Héctor Carabajal

El policía jubilado Dante Ramón Luna, quien declaró como testigo en la Megacausa, aportó nuevos datos sobre la desaparición de Héctor Carabajal, hecho que tomó por sorpresa a los presentes, principalmente al abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, hijo de la víctima quien lleva su mismo nombre.
Si bien Luna había sido citado para declarar sobre el caso Abdala Auad, cuando fue interrogado por abogados de la querella acerca de si conocía datos de otras víctimas, sorprendió al afirmar que había visto cuando secuestraron a Rudy Miguel y a Héctor Carabajal.
Luna, quien desempeñaba tareas en el Comando Radioeléctrico, contó que vio “de lejos cuando vehículos de la Side lo subían a Rudy Miguel” y dijo que no actuó porque sabía que se trataba de automóviles de la fuerza de seguridad. Lo mismo sucedió con el caso de Carabajal, cuando fue interceptado en avenida Belgrano, entre Avellaneda y 9 de Julio, por personal del DIP. En ese sentido, pudo reconocer a Carlos Capella, como el conductor del Peugeot amarillo en el que lo llevaron.

RICARDO ABDALA AUAT.
El abogado de la querella, Ricardo Abdala Auat, e hijo del desaparecido Abdala Auat, expresó que “la inspección a la finca de Laitán fue muy movilizadora, porque según algún testimonio, mi padre permaneció en cautiverio en ese lugar”.
El letrado señaló que, de acuerdo con lo aportado por Zamudio, “escuchó a sus captores cuando contaban que en el mismo lugar estaba detenido mi papá”.
Finalmente Abdala Auat señaló que “está conforme con los avances que hubo en la investigación, la última audiencia fue muy positiva porque hubo testigos que brindaron mucha información”.

ROBERTO ZAMUDIO.
Al finalizar la audiencia de la Megacausa, los integrantes del Tribunal Oral Federal se trasladaron hasta una finca ubicada en la localidad La Dársena, departamento Banda, propiedad del imputado Francisco Laitán, en donde el testigo víctima Roberto Zamudio afirmó haber estado detenido.
Zamudio realizó el reconocimiento del inmueble argumentando que era “una cárcel clandestina. Consistía de dos habitaciones, una galería y una bomba manual al frente. Actualmente hay muchas cosas que no estaban cuando estuvimos detenidos”.
“Los apremios eran constantes, nos golpeaban, todo eso está en el expediente. Yo no pude ver nada porque estaba con los ojos vendados. Al único que reconocí fue a Díaz Cura”, narró, aludiendo a Roberto Díaz Cura, imputado en la Megacausa que se encuentra prófugo de la Justicia Federal. También relató que lo tuvieron cerca de 45 días en diferentes locaciones.
Reveló que en ese lugar también estuvo el desaparecido Zárate Maldonado.
Por su parte, la jueza Graciela Fernández Vecino en diálogo con la prensa, manifestó que el Tribunal evaluará el testimonio y el resultado de la inspección. Además, expresó que el testigo le comentó que estuvo en Catamarca, en un sitio donde operaba otra cárcel clandestina (en el dique de Collagasta), y que el tribunal todavía no evaluó si irá hacia ese lugar.
Desde la defensa de Francisco Laitán consideraron que no hubo “un reconocimiento explícito del lugar”.

miércoles, 19 de septiembre de 2012

Musa Azar ¿en la cárcel o en la casa?

Se define la continuidad de Muza Azar en la MEGACAUSA.
Tras su supuesto infarto hoy lo revisa un perito de la Corte, quien en la audiencia de 19/09 (se realizara a las 12 hs) informará si puede seguir presencialmente, por videoconferencia o directamente hay que apartarlo del juicio.

Queremos que Muza sigua en el banquillo, en este juicio donde esta imputado en los 44 casos que se juzgan y todos sabemos que cometió muchos mas....

No perpetuemos la impunidad, que los privilegios queden en el pasado.

Concentremos a partir de las 10 30 en la puerta del Palacio de Tribunales (Alvear e Irigoyen) y a las 12 familiares, testigos, militantes, todos en la sala de audiencia apoyando (recordar acreditarse previamente).

¡Estar presente es importante!

martes, 14 de agosto de 2012

Se ventilará el caso Bugatti, secuestrado en Catamarca por orden de Azar Curi

El ingeniero se desempeñaba en Agua y Energía y en octubre de 1976, fue detenido por cuatro hombres que se movilizaban en un automóvil Opel K 180, que luego fue visto en el DIP.

IMPUTADO. Ramiro López Veloso fue identificado como uno de los presuntos secuestradores y que incluso, tras el hecho, amenazó a la familia Bugatti.
 
En el inicio de la undécima semana del juicio de la Megacausa, el Tribunal Oral Federal escuchará hoy cinco nuevos testimonios referidos a la desaparición de tres santiagueños, crímenes ocurridos durante la dictadura.

Los casos de Santiago Díaz, Dardo Ezequiel Arias y Roberto Bugatti, serán ventilados a través de los relatos de familiares y testigos y forman parte del Grupo Tres (desapariciones forzadas durante el gobierno de facto).
De acuerdo con expedientes judiciales al que tuvo acceso EL LIBERAL en exclusiva, el secuestro del ingeniero Bugatti tiene como particularidad que se produjo en la localidad Las Pirquitas, en la provincia vecina de Catamarca. Una familia amiga del profesional desaparecido, relató por entonces que cuatro personas de civil armadas se lo llevaron, entre ellas Ramiro López Veloso, ex miembro del Departamento de Informaciones Judiciales (DIP).
Bugatti trabajaba en Agua y Energía, delegación Santiago del Estero y en julio de 1976 fue trasladado como intendente de Riego a Catamarca, y junto a su familia se instaló en una vivienda de la empresa en la villa turística de Las Pirquitas. En octubre, en ocasión de que Bugatti debía emprender una gira de inspección por el interior catamarqueño, su esposa Lucrecia Seva y la hija del matrimonio partieron rumbo a Santiago del Estero, acordando con su marido que se reunirían el 23 de ese mes.

“Mientras la señora de Bugatti permaneció en la capital santiagueña, se presentaron en tres oportunidades en su casa materna, policías preguntando por su marido y la fecha de su regreso. El viernes 22, el ingeniero Melchor Vicente Nigro que se encontraba en la Intendencia de Riego de Catamarca, recibió a dos personas jóvenes que dijeron ser amigos de Bugatti y que lo buscaban para saludarlo ya que estaban de paso por Las Pirquitas. Éstos se movilizaban en un Opel K 180 color verde limón, sin chapa patente, en cuyo interior aguardaban otras dos personas”, reza el expediente.

De acuerdo con lo expuesto en el mismo, “Nigro les informó que Bugatti regresaría por la noche. Al término de la jornada laboral, Nigro regresó a su domicilio y vio por segunda vez al Opel estacionado en la entrada a Las Pirquitas. Su esposa vio pasar en reiteradas oportunidades al mismo vehículo, con las cuatro personas en su interior, quienes observaban la casa”.
“Alrededor de las 23 continúa-, Bugatti llegó de visita a la casa de la familia Nigro, oportunidad en la que tras llamar a la puerta, ingresan los cuatro hombres que habían deambulado por el pueblo. Armados con pistolas e identificándose como policías, redujeron a los ocupantes de la vivienda: el matrimonio Nigro fue encerrado en una habitación y Bugatti llevado con rumbo desconocido”. Según los relatos de la familia Nigro, uno de los cuatro secuestradores era López Veloso.
Angélica Seva de Bugatti intentó denunciar el secuestro de su marido ante la Policía de Santiago del Estero y ante el Ejército sin resultado alguno.

lunes, 13 de agosto de 2012

"Azar Curi debería ser condenado por genocida"

Rosenblun, presidenta de LADH, sostienen que Azar Curi "debería ser condenado por genocida"
La dirigente nacional dijo que fuera de la provincia, era “célebre” el accionar represivo del ex jefe de la “Side” santiagueña.
PROCESO. Entienden que Azar Curi y los demás imputados deben ser juzgados bajo la figura penal de genocida.
ABUSOS. Rosenblun juzgó un logro que se impute por este delito. 
La audiencia del juicio de la Megacausa fue presenciada por destacadas personalidades en la lucha por los derechos humanos como Graciela Rosenblun, titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); y Aldo Etchegoyen, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quienes remarcaron la importancia del proceso oral contra los 10 acusados por delitos de lesa humanidad.

Para Rosenblun, éstos tendrían que ser condenados por “genocidas”, pero dijo que esta figura no tiene pena en el Código Penal. Además, reflejó que Musa Azar Curi, era “célebre en el país por su accionar represivo”. La dirigente nacional consideró un “éxito” que se haya logrado ampliar la imputación por delitos sexuales a algunos de los acusados: “La violación fue parte de la acción genocida sobre las víctimas, una de las formas más terribles desde el punto de vista personal”. Rosenblun remarcó que “son pequeñas batallas que vamos ganando a esta idea de normalidad procesal, incorporando otros delitos”.

En ese sentido, consideró que se debe hacer lugar a la condena por genocidio a los represores. Dijo que Azar Curi y el resto de los imputados deberían ser condenados bajo esta figura. “La Argentina ratificó en el 58, la Convención contra el Genocidio, pero no tiene pena en el Código Penal, aunque es un argumento que tiene poco andamiaje desde el punto de vista jurídico.

Hasta el día de hoy no hemos logrado que se los condene por este delito”, indicó la activista por los derechos humanos. Rosenblun mencionó por otra parte, que Musa Azar Curi era célebre antes de los juicios, por “la impunidad con la cual actuaba” y que si bien “hay muchos testigos que sabían los hechos cometidos por la Policía y Ejército, pero también se conocían fuera de la provincia”, subrayó. Por su lado, Aldo Etchegoyen afirmó que los juicios por delitos de lesa humanidad que se están llevando a cabo en todo el país “están dejando una huella muy profunda en toda la Argentina, que es referente internacional” frente a otros países que tienen problemas para poder llevar adelante estos procesos.

“Estos juicios (por la Megacausa) son normales para nosotros, cosa que en otros países falta mucho camino para llegar a esa normalidad jurídica, es un avance significativo”, rescató.

MEDIDAS
El Tribunal pidió pericias en el ex campo militar La Guarida
El Tribunal Oral Federal tomó tres resoluciones con respecto de los juicios. Una, que el secretario del TOF se comisione en la propiedad de Aguirre norte en la que funciona un taller en el que se hallaría el automóvil Valiant, señalado por víctimas.

Luego, pidió al Juzgado Federal copia de autopsias practicadas en restos humanos de tres personas, hallados en 1976 en Puerta Chiquita, Guasayán. Por último, dispuso una pericia con ingenieros de la Unse para determinar destino y fecha de creación del ex campo militar de La Guarida, ante el descubrimiento de calabozos y sótanos. Por su lado, la defensa acercó una foto en la que figura personal del DIP.

El fiscal federal general, Gustavo Gimena, informó que hoy a partir de las 9, el ex suboficial del Ejército, Leopoldo Sánchez, será indagado en el Juzgado Federal local por su presunta participación en delitos de lesa humanidad.

“Su indagatoria estaba prevista originariamente para el primero de agosto; este represor era el órgano adelantado en Santiago del Estero cuando estaba destinado al Operativo Independencia en Tucumán”, mencionó el representante del Ministerio Público Fiscal en el juicio de la Megacausa.

El ex militar Sánchez fue citado al surgir nuevas pruebas, como los dichos del ex policía Juan Felipe Bustamante, imputado de la Megacausa. Durante las audiencias, Bustamante aseguró que el ex sargento del Ejército era el responsable de decidir sobre la “vida y la muerte” de los presos políticos y que también era quien ordenaba los traslados a los centros clandestinos de Tucumán.

domingo, 5 de agosto de 2012

El último testigo que vio con vida al concejal desaparecido brindó detalles clave para la investigación

Desde su lecho de enfermo, recibió en su casa a los miembros del Tribunal y detalló que en 1975 acompañó al edil “Chongo” Abdala a Casa de Gobierno donde había sido citado.

El ultimo testigo que vio con vida al concejal desaparecido brindo detalles clave para la investigacion
La declaración del doctor Jaime fue la única actividad que realizó el Tribunal Oral Federal en la jornada.

El Tribunal Oral Federal integrado por Graciela Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y Fabián Asís, se constituyó en la casa de un médico que brindó su testimonio sobre la desaparición del ex concejal justicialista Emilio Alberto Abdala, detenido a fines de 1975.
Se trata de Luis Alberto Jaime, quien por padecer una enfermedad se vio obligado a ofrecer su testimonio en su casa de Independencia al 3200, en el barrio Jardín de la capital santiagueña.
Jaime fue quien acompañó al edil “Chongo” Abdala, el 3 de diciembre de 1975, en respuesta a una citación realizada por el entonces ministro de Gobierno. De acuerdo a la instrucción judicial, durante la entrevista también se encontraban presentes Musa Azar Curi y Miguel Tomás Garbi, jefe y subjefe de la llamada “Side santiagueña”.
En la reunión en la Casa de Gobierno, el funcionario le reclamó al concejal que el Ejército lo acusaba de tener relaciones con “subversivos”.
De las investigaciones, se desprende que una vez concluido el encuentro, el entonces concejal por la Juventud Peronista de la localidad de Clodomira, fue trasladado al Departamento de Informaciones Provincial (DIP)que dirigía Musa Azar.

Al término del encuentro con el testigo, Fernández Vecino sostuvo que se trató de “un testimonio muy importante porque el doctor Jaime fue quien acompañó a Emilio Abdala hasta Casa de Gobierno y después contó todos los sucesos que le acaecieron al concejal”.
La jueza detalló que durante su testimonio, Jaime “ratificó lo que ya había declarado con anterioridad, dio algunas precisiones sobre algunos sucesos de esos días; contó que viajó desde Clodomira, se reunieron en Casa de Gobierno y de ahí Musa Azar y Garbi lo llevaron hasta el DIP y que después nunca más lo vio”.

Por otra parte, consultada acerca de las nuevas imputaciones sobre delitos sexuales, la magistrada señaló que “todos los hechos que se juzgan en esta causa, serán resueltos conforme al Código Penal vigente a la época de los hechos en los que fueron cometidos; a menos que la actual legislación prevea un tipo penal menos gravoso o penas más bajas”.
Revocatoria
Por otra parte, la Cámara de Casación revocó el sobreseimiento de dos ex funcionarios judiciales en causa por delitos de lesa humanidad; lo dispuso la Sala IV del máximo tribunal penal. Se trata de Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga, quienes se desempeñaban como fiscal y juez federal en la provincia.
En ese marco, el fiscal federal Gustavo Gimena manifestó que los ex funcionarios deberán ser citados a indagatoria.

jueves, 2 de agosto de 2012

Complicaciones en las audiencias, pero se mantienen firnes las denuncias por abuso sexual

Se mantienen firmes las denuncias por abuso sexual.
Mientras el TOF rechazó planteos de nulidad sobre las acusaciones de abuso sexual para algunos imputados, nuevas declaraciones aportaron dolorosas precisiones sobre los casos Salomón y Dicchiara. Hoy, interrogarán a un amigo del “Chongo” Abdala.

Tal como estaba previsto, los abogados defensores de los acusados hicieron uso de la palabra tras la ampliación de imputación por delito de abuso sexual y efectuaron una serie de pedidos.

El doctor Juan José Saín, abogado de “Paco” Laitán, pidió la nulidad de la imputación, careos, una pericia psicológica y la incorporación del testimonio de varias personas que cumplieron funciones en la DIP.

Además, indicó que su defendido ampliará la declaración indagatoria las veces que el TOF lo determine.

“Inconducente”
Posteriormente, sobrevino la respuesta desde el fiscal Gustavo Gimena y las querellas, quienes expresaron “inconducente a la verdad real” las pericias y los careos a una testigo-víctima. Tras un cuarto intermedio, el TOF rechazó el planteo de nulidad a la imputación de abusos sexuales en perjuicio de ex presos políticos, como así también los pedidos de careos y pericias psicológicas.

En definitiva, se mantienen firmes las acusaciones de abusos sexuales de los ex policías Francisco “Paco” Laitán y López Veloso, como autores: Musa Azar y Garbi, en calidad de “partícipes necesarios” por mantener en cautiverio a las víctimas.

"PUERTA CHIQUITA"
Megacausa: testigo revela la existencia de dos tumbas NN en el departamento Guasayán
Un ex miembro de la APDH brindó un crudo relato sobre un padre que realizó una incansable búsqueda de los restos de su hijo víctima de la represión.
Por otro lado, la Justicia retomó la causa por la desaparición de Dichiara.
PERSECUCIÓN. Fue espiado por Azar Curi por 29 años, sufrió tres allanamientos y su hermana estuvo presa en 1977, pero logró que recupere la libertad.

El abogado Miguel Juárez Quiroga, uno de los creadores de la filial local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), brindó un valioso testimonio en el que señaló que en la localidad Puerta Chiquita se hallaron dos tumbas con restos humanos que serían de víctimas de la represión.

Esta fue una de las mayores novedades que dejó una nueva jornada del juicio de la Megacausa que se sigue contra 10 ex miembros de la Policía y del Ejército por delitos de lesa humanidad, por 44 casos por secuestros, torturas y desapariciones, antes y después del golpe de Estado de 1976.

Juárez Quiroga contó que como miembro de la APDH, en enero del 84 formó parte de una comisión que acompañó a Jorge Salomón, padre del desaparecido Julio César “Lito” Salomón, ante el descubrimiento de dos tumbas en la localidad del departamento Guasayán, con restos de lo que presumían, eran víctimas del terrorismo de Estado. Según indicó, Salomón estaba convencido de que uno de los restos pertenecía a su hijo ya que había recibido varios anónimos que señalaban que el cuerpo de su hijo fue enterrado en ese sitio. Recordó que en septiembre de 1976, la Justicia de Frías ya había actuado por el hallazgo de tres cuerpos semienterrados en Puerta Chiquita y que el desaparecido forense David Waisman les practicó una autopsia que consta en los expedientes, y que tras ello la Justicia ordenó enterrarlos nuevamente.

Juárez Quiroga, contó que en 1984 los restos fueron enviados a la morgue judicial, pero que “se perdieron en la nebulosa”. Ante esta cuestión, desde las querellas pidieron la presencia de un colaborador de Waisman, el también forense Julio Roldán, y del funcionario judicial que en 1984 llevó adelante la causa. Este pedido tiene que ser resuelto por el tribunal, aunque ya hubo un antecedente en el que rechazó la presencia del forense ya que prestó declaración testimonial en el expediente de la Megacausa.

Incidentes por manifestaciones del ex represor Juan Bustamante

Al finalizar la exposición del abogado Miguel Juárez Quiroga, durante la cual mencionó un episodio en el que participó Juan Bustamante, uno de los imputados, al que señaló como agente infiltrado en una toma estudiantil, el ex represor pidió la palabra. A continuación, se originó un serio incidente cuando el ex policía, que estuvo bajo el mando de Musa Azar Curi, comenzó a dirigirse a algunos de los presentes, ex presos políticos, y a exigirles que digan si él los había torturado.

Esto provocó un repudio generalizado por parte de familiares de víctimas, ex presos políticos y militantes de organismos de derechos humanos.

Dos de ellos, un ex preso político de apellido Bravo y una mujer, identificada como Luciana Carraro, levantaron la voz para condenar la actitud de Bustamante, pero también para lanzar fuertes cuestionamientos a los otros imputados, en particular a Ramiro López Veloso, por su rol de verdugo en el DIP, acusándolo de tener manchadas las manos con sangre de las víctimas, según lanzó uno de los militantes.

Llamado al orden
Los gritos en la sala generó la intervención del Tribunal Oral Federal y su presidenta, Graciela Fernández Vecino, solicitó que ambas personas fueran retiradas de la sala y que se les retuviera sus acreditaciones para impedir que ingresen nuevamente al recinto, medida que hicieron efectiva los guardianes de la Policía Federal. 

 CASO DICHIARA
La Justicia retomó una causa emblemática de los Derechos Humanos en la provincia
Ante el jurado declaró la exesposa de la víctima que fue secuestrada a un mes de haberse casado.

La Justicia Federal tuvo ayer la responsabilidad de retomar una de las causas emblemáticas de los derechos humanos en nuestra provincia, la de Daniel Dichiara, que desapareció el 9 de agosto de 1976.

Esta causa es un símbolo en la provincia y el país, porque en el año 1984, cuando pocos lo creían posible, llegó hasta el procesamiento de Luciano Benjamín Menéndez. Además, por esta causa, en aquel tiempo, estuvieron detenidos durante casi dos años Musa Azar Curi, Tomás Garbi y Ramiro López Velloso. Seguros de cada palabra que decían se sentaron ante el Tribunal, Adela Kamenetzky, hermana de Cecilio; Andrés Vicente Dichiara, hermano de Daniel y Mercedes Maulú, exesposa del desaparecido.

Adela contó un episodio (ver nota aparte) que sirvió para comprobar que Dichiara estuvo detenido en la Dirección de Investigaciones Provinciales (DIP). El hermano de Daniel fue uno de los últimos en verlo con vida y uno de los primeros en participar en su búsqueda, cuando todas las fuerzas de seguridad negaban tenerlo detenido. De acuerdo con los testimonios aportados en la causa Dichiara estuvo detenido en la DIP, pero según contó Andrés, Musa Azar Curi le negó a su padre que estuviera ahí.

Uno de los datos fundamentales que aportó el hermano de la víctima de la represión estatal, fue que Daniel le contó, un día antes de ser detenido, que lo estaban siguiendo y que sus perseguidores eran Ramiro López y Juan Bustamente. Después no recibió más información de su hermano desde su desaparición, al menos hasta el retorno de la democracia.

Durante principio de los 80, un amigo le acercó un dato que quedó en su memoria y jamás logró corroborar. Le contaron que Daniel había sido secuestrado en la calle Avellaneda, en pleno centro de la ciudad, por dos o tres personas y subido a un Peugeot blanco o de color claro. Luego llegó el turno de la declaración de Mercedes Maulú, que estuvo casada con Daniel apenas un mes. La represión ilegal dejó a una feliz esposa de luto y a un niño por nacer, sin su padre.

La ex esposa de la víctima contó cómo buscaron a su marido, en la DIP y siempre recibieron la negativa de Azar Curi con relación a su detención allí. Además el padre de Dichiara, que tenía estrechos vínculos con el cuestionado padre Carlos Marozzi, le pidió a la Iglesia que intentaran ubicar a su hijo y nunca pudieron encontrarlo.

Por último, Maulú relató cómo un funcionario judicial, ya fallecido, intentó convencerla de que su exmarido se había fugado con otra mujer.