Jornada tras jornada, los testigos fueron develando su existencia: actos de pillaje, robo de vehículos, vejámenes a mujeres y hombres, extorsión y trata de personas.
OPERATIVOS. Durante las audiencias, se revelaron detalles del proceder en los allanamientos, amparados en la impunidad que les daba el poder absoluto.
FISCAL. Podría ampliar imputaciones contra algunos de los 10 acusados.
‘Me mostraron sus armas de fuego y dijeron que iba a morir en prisión, que defendían a la Patria y a la Iglesia, del comunismo’, relató el testigo víctima, Juan Perié, sobre un episodio dramático cuando fue amenazado por Musa Azar Curi y Ramiro López Veloso, en la Escuela de Policía.
La lucha contra el terrorismo fue el argumento utilizado por los militares y los grupos parapoliciales para cometer secuestros, torturas y desapariciones. Sin embargo, el desarrollo del juicio de la Megacausa desnudó una trama oculta: hubo otros delitos cometidos por policías y militares, amparados en la impunidad que les daba el poder absoluto de la fuerza de las armas.
Pillaje; robo de vehículos, algunos para ser utilizados en secuestros en otras provincias o para trasladar detenidos; vejámenes tanto a mujeres como a hombres, extorsión, privación ilegítima de la libertad, hasta trata de personas, fueron denunciados por los testigos a lo largo de las 14 jornadas que lleva el juicio y que son motivo de análisis por parte del fiscal federal general, Gustavo Gimena, para ampliar las imputaciones contra algunos de los acusados.
A un mes del inicio del segundo juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Santiago del Estero, EL LIBERAL hizo un repaso de algunos de los delitos cometidos por parte de los imputados, de acuerdo con los testimonios aportados por las víctimas.
El robo de vehículos fue uno de los hechos que fueron develados en varias declaraciones realizadas en el marco de las audiencias. Luis Garay recordó luego de testimoniar que tuvo conocimiento del robo de un auto Peugeot 504, propiedad de una persona que participaba de un casamiento realizado la misma noche que desapareció Mario Giribaldi.
El testigo víctima señaló que de acuerdo con los datos que manejan, “en ese vehículo habría sido trasladado Giribaldi, luego lo habrían ejecutado y abandonaron el cuerpo en algún lugar”.
Un par de días después del hecho, narró Garay, el dueño del vehículo recorrió comisarías para tratar de dar con pistas que lo conduzcan al rodado. Finalmente y luego de recibir amenazas en las que le sugerían que deje de buscar su auto, personal del Ejército le informó que “vaya a buscar el auto, en una fecha estipulada, en la plaza Independencia de la provincia de Tucumán”.
El hombre fue a buscarlo y encontró el auto con los cables del encendido cortados y el vehículo muy sucio. Al traerlo nuevamente a Santiago, lo llevó a un lavadero, para luego recibir el llamado de uno de los empleados para informarle que el baúl estaba lleno de sangre. El propietario del auto pidió que no cuenten nada y al tiempo lo vendió.
Por su parte, Fernando Garay contó que el día que detuvieron a su hermano Luis en su domicilio de la capital santiagueña, policías y militares realizaron paralelamente un allanamiento en la casa de su abuelo en Villa la Punta, donde la familia se encontraba vacacionando.
Además de llevarse armas de caza y pertenencias, “la policía se llevó una moto Gilera que era de Luis; al tiempo mi papá me contó que veía frecuentemente a personal del DIP que usaban la motocicleta”.
La misma suerte corrió Juan Perié, un estudiante oriundo de Misiones que cursaba la universidad en Santiago. En un operativo realizado por personal del DIP, le sustrajeron una Gilera 125 cc. “Era lo único que tenía y se lo llevaron”, narró durante el testimonio brindado en el transcurso de esta semana.
Mecanismos
Durante los diversos testimonios, se conocieron diversos mecanismos utilizados por policías y militares, quienes robaban automóviles y los llevaban a otras jurisdicciones para realizar operativos o el traslado de detenidos.
Además del caso de Giribaldi, narrado por Luis Garay, se suma la historia del ingeniero Roberto Bugatti, un santiagueño que desempeñaba sus funciones en Catamarca.
En ese sentido, en el requerimiento fiscal figura el testimonio de Luis Raúl Martínez, quien manifestó que su automóvil, Peugeot gris claro, fue robado en octubre de 1976. El testigo comprobó que la denuncia que radicara ante la policía de Catamarca no rindió frutos porque jamás se informó a las policías de Santiago, Tucumán, Córdoba y Rosario del hurto.
Martínez dijo que el oficial de policía René Rolando Romero le afirmó que el automóvil había sido llevado por la policía de Santiago, puesto que lo necesitaron para un operativo antisubversivo y le solicitó dinero para conseguir que se lo restituyan.
El propietario del auto accedió a darle el dinero, pero nunca encontró el rodado. En ese sentido, supo que el mismo Romero también le había pedido plata a la familia Sayes, a cambio de información por su hija desaparecida.
Por tal motivo, Martínez hizo la denuncia ante el Jefe de Policía, quien le confirmó que su auto había sido llevado por la policía santiagueña y que se relacionaba con el secuestro de Bugatti, a quien señalaron como integrante del ERP.
Hombres y mujeres sufrieron violaciones y ataques sexuales en la sala de torturas del DIP
Otros delitos que salieron a la luz fueron las violaciones y ataques sexuales, tanto a mujeres como a hombres. En la décima jornada, Cristina Mercedes Torres que perdió un embarazo de tres meses tras ser torturada en el DIP, reveló que ese año, “el entonces ministro de Gobierno” provincial hacía retirar menores de la cárcel de mujeres para llevarlas a fiestas privadas donde eran abusadas y que los encargados de retirarlas eran los miembros de los grupos de tareas que comandaba Musa Azar Curi. Torres también sufrió vejámenes en el DIP tras una sesión de tortura con picana eléctrica, en agosto del 76: se desvaneció y cuando se despertó, se dio con que uno de los verdugos la estaba vejando. Según su relato, la monja Aldina Bettoni, quien visitaba a las presas políticas en la cárcel, también sufrió vejaciones a manos de las guardiacárceles, que la sometían a una requisa “humillante”. Esto se corroboró con los testimonios de Gladys Lois y Margarita Urtubey.
Otro de los momentos más duros ocurrió en la quinta jornada, cuando Alcira Chávez señaló entre los acusados a quien consideraba el autor de haberla vejado en el DIP: el ex policía Francisco “Paco” Laitán.
Una revelación surgió durante la decimotercera jornada cuando Luis Garay, presidente del Instituto Espacio de la Memoria, narró la manera en que se daban los abusos sexuales y hasta un simulacro de violación.
Contó que le “tocó compartir la cárcel con compañeros que habían sido reiteradamente violados”.
Actos de pillaje y saqueos durante los operativos y secuestros de menores
Durante los testimonios de familiares de presos políticos y de sobrevivientes al terrorismo de Estado, se puso sobre el tapete otro delito que cometían los grupos de tareas, como el robo de dinero y joyas, incluso hasta se llevaron artefactos de una vivienda en construcción que pertenecía a la familia de Daniel Rizzo Patrón y Graciela Arán que contó que sufrió el robo de dinero tanto en su domicilio como en su estudio de arquitectura. Quien también denunció el robo de pertenencias y que apuntó contra uno de los imputados, fue María Eugenia Di Lullo de Garay, quien contó que en su vivienda de calle 24 de Septiembre, entraron Musa Azar Curi y Tomás Garbi, mientras la familia no estaba, y que en esa oportunidad le desapareció un arma que era una joya: una daga que tenía baño de oro y piedras preciosas incrustadas.
La madre de Luis Garay también denunció que los grupos de tarea se ensañaron con los amigos de su hijo a pesar de que eran menores de edad.
“Fueron secuestrados y están desaparecidos otros chicos, que apenas tenían 15 años, como el caso de Germán, Luis, Daniel y Anabela Cantos”, dijo Di Lullo de Garay, quien también mencionó a Pedro Ramírez, actual director de Cultura de La Banda, que tenía 17 años por entonces.
