Ampliaron la acusación por delitos sexuales a represores de Santiago del Estero

El excomisario Francisco Laitán y al exoficial López Velloso fueron reconocidos por víctimas de abusos durante el juicio por crímenes de lesa humanidad.

El Tribunal Oral Federal (TOF) resolvió hoy ampliar la acusación a represores por delitos de contenido sexual, en el marco del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura militar en Santiago del Estero. Por unanimidad, el máximo tribunal presidido por Graciela Fernández Vecino, resolvió "la admisibilidad parcial por delitos de contenido sexual" en perjuicio de los ex presos políticos Alcira Chávez, Cristina Torres y Luis Garay.

En la reanudación del juicio oral, que se lleva adelante en los Tribunales de Santiago del Estero, el tribunal hizo lugar en forma parcial al pedido del fiscal federal Gustavo Gimena, relacionado con testigos que aseguraron haber sido víctimas de "violaciones y abusos sexuales" mientras permanecieron detenidos en la Dirección de Información Provincial (DIP), popularmente llamada la "SIDE santiagueña".

Tras conocerse la resolución, el fiscal Gimena manifestó que se siente contento que se haya hecho lugar al pedido, contemplando la acusación y la imputación por delitos de violación, abuso sexual y aborto, "para así poder probar que esto sucedía en el Departamento de Informaciones Policiales", según dijo.

En la misma resolución, el TOF no hizo lugar a la imputación del delito de "robo en poblado y banda" al que hicieron alusión algunos ex presos políticos que prestaron declaración como testigos del juicio oral y público. Poco antes de conocerse la resolución del tribunal, los abogados defensores de los 11 imputados, reclamaron la "desestimación de las acusaciones" por considerar que no existe ningún hecho nuevo agraviante.

Gimena consideró que "los robos que los grupos de tareas llevaban a cabo al momento de secuestrar a las tareas también eran motivo de juzgamiento". "Queríamos comprobar en el mismo juicio que además de torturadores, secuestradores asesinos, violadores también eran ladrones”, dijo.

Tras la lectura de la resolución, que complica principalmente al excomisario Francisco Laitán y al exoficial Ramiro López Velloso, que fueron reconocidos por víctimas de abusos sexuales, el tribunal pasó a un cuarto intermedio para mañana a las 9.

Entre los imputados en el juicio oral, se encuentran los ex policías santiagueños Musa Azar, reconocido como el jefe de la llamada SIDE santiagueña; el entonces subjefe, Tomás Miguel Garbi y el exoficial López Velloso.

Los tres represores fueron condenados hace dos años a reclusión perpetua por un Tribunal Oral Federal que los encontró culpables del asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky, ocurrido en noviembre de 1976.

En el juicio oral, también se juzga la conducta del ex mayor del Ejército, Jorge D'Amico, el excomisario Laitán y los ex policías Carlos Capella, Rolando Salvatierra, Baudano y José Gregorio Brao, que actualmente gozan del beneficio de excarcelación.

Represores acusados por violaciones, abuso sexual y robos

Francisco Laitán

Acusaron a ex policías de haber cometido violaciones, abusos, robos y de provocar un aborto.
Con algunas diferencias, todas las querellas adhirieron a la presentación efectuada por el Ministerio Público Fiscal.
ACUSADO. Francisco Laitán fue señalado por Gimena como el autor material de la violación de una detenida.
Publicado el 27/06/2012
El fiscal federal general Gustavo Gimena solicitó al Tribunal Oral Federal del juicio de la Megacausa que ampliara las imputaciones por violaciones y abuso sexual de presos políticos, por el aborto producido a Cristina Torres a raíz de las torturas, y por robo agravado, a casi la totalidad de los 10 acusados. En todos los casos, Gimena señaló a Musa Azar Curi y Tomás Garbi con distintos grados de participación.

Casos y acusados
Por el delito de violación en perjuicio de Alcira Chávez en el Departamento de Informaciones Policiales (DIP), acusó a Francisco Laitán como autor material y autores mediatos a Azar Curi y Tomás Garbi (como jefe y subjefe).

Por la violación a Cristina Torres en la sala de torturas del DIP, acusó como autores mediatos a Azar Curi y Garbi. Además, por el aborto que sufrió Torres a causa de las torturas, acusó a Azar Curi, Garbi y Ramiro López Veloso.

Por el abuso deshonesto a Luis Garay, Gimena pidió ampliar imputación contra Ramiro López Veloso como autor material, y Azar Curi y Garbi, como autores mediatos.

Además, pidió que se imputara por robo agravado en poblado y en banda, a los 9 ex policías que cumplieron funciones en el DIP y que son juzgados: los mencionados Azar Curi, Garbi, López Veloso, Laitán; y también Juan Felipe Bustamante, Eduardo Baudano, José Brao, Rolando Salvatierra y Carlos Capella. Estos últimos cuatro fueron acusados por el robo de una motocicleta a Garay. Los otros ex represores están mencionados en más de un caso. Entre los hechos denunciados se encuentran los robos a la familia Salomón, y al detenido Juan Perié. 

Todas las querellas adhirieron a la petición del fiscal: Secretaría de Derechos Humanos, Codesedh, Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia; Liga Argentina por los Derechos Humanos, y particulares. La Secretaría de DD.HH. consideró que en vez de autores mediatos en los casos de violaciones y abuso sexual, Azar Curi y Garbi tenían que ser acusados de partícipes necesarios y agravarse la situación, porque las víctimas estaban bajo su custodia. Además, sumó el caso de la familia López Saracco, entre los actos de pillaje cometidos por los grupos de tarea.

Por otra parte, todas las querellas defendieron su derecho a peticionar que se amplíe la acusación contra parte de los imputados, ante la objeción planteada por parte de la defensa.

El DIP reclutaba menores para infiltrarlos entre estudiantes

Una de las testigos contó que, junto con su hermana, fueron investigadas por compañeros de la escuela secundaria.
 

 Durante la audiencia de ayer (26/6/12), surgió un dato revelador referido a que en el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) reclutaban menores para infiltrarlos en los grupos estudiantiles de los diversos establecimientos escolares, con el objetivo de conseguir información de las actividades que desarrollaban.

 
El dato fue corroborado por el testimonio de Ana María Domínguez, quien fue detenida cuando tenía 14 años, junto con su hermana Gladis, de 16, por personal que respondía al grupo de tareas que lideraba Musa Azar Curi. En su relato, la víctima reconoció como las personas que la detuvieron a los policías “García, Brao, Obeid, Bustamante y López”.
Domínguez contó que durante sus tres días de detención estuvo ‘primero en dependencias del DIP y después en el Penal, con dos prostitutas menores de edad y una empleada doméstica que había sido acusada de robarle dinero a su patrona”.

 
La víctima narró además que luego de haber sido detenida, un compañero de la secundaria le confesó que “estaba trabajando como agente secreto, sin dimensionar lo que hacía, porque éramos chicos y no comprendía; después me contó arrepentido que le habían exigido que les contara todo las actividades que hacíamos”.

 
La misma suerte corrió su hermana Gladis, que había acordado reunirse con dos compañeros en la plaza Sarmiento, lugar desde el cual la detuvieron. “Después nos enteramos que uno de ellos era informante de la Side”, detalló.

 
Domínguez relató que “Santiago también tuvo su noche de los lápices”, en referencia a la serie de diez secuestros de estudiantes de secundaria, ocurridos en Buenos Aires.
Recordó que la misma noche detuvieron, además de su hermana, a Silvia Gardella, Félix Daniel López Saracco, Walter Salvatierra, Pedro Ramírez y Margarita Urtubey, entre otros. “Yo tenía 14 años y me trataban como subversiva porque realizaba algunos trabajos sociales en el barrio 8 de Abril y en algunas escuelistas”, concluyó.

Los testimonios que involucran a los jueces cómplices

“Le dije que no deje que me lleven a ese lugar”

 Por Alejandra Dandan

En las audiencias por la megacausa que se hace en Santiago del Estero volvieron a escucharse los nombres de los jueces. Luis Roberto Avila Otrera, ex delegado gremial bancario, dijo en la audiencia que fue torturado en presencia de Liendo Roca.

Cristina Torres es una de las ex detenidas políticas, integrante de la organización Memoria, Verdad y Justicia que nuclea a familiares de desaparecidos y ex presos políticos. Cristina declara desde 1984 y declaró el último mes en el juicio oral por la megacausa abierta en Santiago. Ella habló en uno y otro momento de la responsabilidad de la Justicia, como lo hicieron varios de sus compañeros. En diálogo con Página/12, recuerda algunas escenas y explica el origen de las causas.

“La causa de Olmedo se abrió en 2004 –dice– cuando su nombre volvió a salir a la luz porque la Iglesia lo propuso como candidato a interventor federal. Cuando nos enteramos escribimos cartas al Congreso y a la Presidencia recordando que era uno de los jueces que habíamos denunciado ya en 1984, en la Conadep.”

En lo personal, Cristina lo acusó porque cuando estaba detenida bajo su jurisdicción entendió que con el consentimiento de Olmedo los represores la sacaron de la celda y se la llevaron a torturar. “Yo volví a repetirlo ahora en el juicio oral –dice–. Una vez le dije que no deje que me lleven a ese lugar de muerte. El me respondió que iba a ser sólo unos minutos, y yo le respondí que ni siquiera un minuto porque iba a volver destrozada. ‘Usted es responsable de lo que me va a pasar’, le expliqué. Olmedo cortó el teléfono y en ese momento me sacan por la fuerza. Después de eso le pedí verlo para dar el testimonio, pero nunca más me llamó, o sea desconoció todo lo que nosotras queríamos denunciar, porque mis compañeras también le pidieron que me llame porque yo había sido torturada. Para nosotros eso fue complicidad porque no podía desconocer lo que estaba pasando.”

Un día su madre fue a verlo a la casa. Le hizo guardia en la puerta durante toda la noche porque él se negaba a recibirla: “Mi madre se quedó y a la mañana lo paró cuando él salía para el trabajo, le pidió que entienda la situación, que le estaba pidiendo que garantice mi vida y él le dijo: ‘ya voy a ver lo que puedo hacer’”.

Cristina recuerda que sobre el caso de López hubo dos personas que declararon como testigos en el juicio de Cecilio Kamenetzky, el primero que se hizo en la provincia. Y lo situaron presenciando las torturas antes de 1976. En su caso, López refrendó con su firma un allanamiento fraguado que se hizo en su casa. Para entonces ella ya estaba detenida. Como no tenían cargos con ella, dice, salieron a buscarlos con el operativo. Construyeron un informe en el que escribieron que se llevaron todo tipo de publicaciones desde Estrella Roja hasta Descamisados, pero el dato que menciona Cristina, que además es delegada en la provincia de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, es que los testigos que aparecieron firmando el allanamiento eran dos empleados de la SIDE: Sánchez y Roberto Díaz. “La orden está refrendada por el secretario y con eso me abren una causa judicial –dice– y con esa causa me condenan: como no había nada, fraguaron una acta de allanamiento que además hicieron muy mal.”

Definen causas que involucran a jueces que actuaron en Santiago del Estero durante la dictadura

Tres jueces con pasado muy turbio

La Cámara de Casación debe definir hoy en una audiencia los casos de los ex jueces Roca y Olmedo, juez y fiscal durante la dictadura. Un caso más paradigmático es el de Luis López, a quien señalan integrando la DIP de Musa Azar.

 Por Alejandra Dandan

Los casos son, para Santiago del Estero, tan emblemáticos como Otilio Romano para Mendoza. En total, son tres jueces federales. Hoy habrá una audiencia en Casación por dos de ellos, Antonio Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga, que ya no están en el Poder Judicial, pero fueron juez y fiscal alternativamente durante la dictadura. La causa está abierta desde 2004, los dos están denunciados por participar en la represión, pero fueron sobreseídos en primera instancia y por el tribunal de alzada porque dieron los delitos como prescriptos. El tercero es un caso aún más paradigmático: se trata de Luis Eduardo López, secretario penal durante la dictadura y ahora presidente del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, separado por estas denuncias del último juicio y, en palabras de los querellas que integran los organismos de derechos humanos, una de las autoridades máximas del Poder Judicial local. Los testimonios los ubican tomando declaraciones indagatorias en la Dirección de Información Policial –la DIP de Musa Azar, en cuyo sótano funcionó un centro clandestino–, indican que no investigaron los hábeas corpus de los familiares y López aparece firmando una de las órdenes de allanamiento ilegal.

“Actualmente, Liendo Roca y Olmedo de Arzuaga están sobreseídos –explica el fiscal federal Gustavo Gimena, de Santiago del Estero, a cargo de las causas de lesa humanidad ahora con la asistencia del fiscal Félix Crous–. Nosotros estamos esperando de Casación dos cosas: la primera, que revoque el sobreseimiento por prescripción y, la segunda, que no aplique la ‘teoría del reenvío’ que aplica en algunos casos. Y, en consecuencia, que ordene al juzgado federal que reciba las indagatorias de los ex magistrados. Si no lo hace y aplica el reenvío, hay que volver a integrar un tribunal para que resuelva todo y el trámite demoraría mucho.”

Olmedo de Arzuaga quizás es el nombre más conocido afuera de Santiago del Estero. Presidió el juicio por el crimen de María Soledad Morales en Catamarca y las cámaras de televisión lo pescaron haciéndole un gesto a una de las partes. Durante la dictadura, Olmedo se desempeñó como fiscal y juez ad hoc alternando el rol con Liendo Roca. Liendo Roca fue fiscal hasta el golpe de Estado y luego fue nombrado juez. Como fiscal siguió varias causas de los detenidos políticos y, por eso, frente a esas causas, debía excusarse y Olmedo tomaba su lugar. Eduardo Luis López, en tanto, era secretario penal.

“En Santiago del Estero se repitió la misma situación que con Romano en Mendoza –recuerda el fiscal. Los presos políticos les decían a ellos que habían sido torturados o habían sido sumergidos en agua por la policía, ellos les respondían que eso era una mentira y les pedían que firmaran declaraciones indagatorias.”

–¿Ellos entraron al centro clandestino?

–Ellos no ingresaron al sótano donde estaba el centro clandestino, iban a las oficinas de Musa Azar, que estaban en el piso de arriba, y de otros policías torturadores. Les tomaban indagatorias a los presos políticos que estaban detenidos en ese momento por la ley, ya derogada, 20.840. Hubo algunos testigos y sobrevivientes que querían declarar ante el juez. Algunos pedían hablar con el juez, les contaban sobre las torturas que ya estaban viviendo y en algún caso, uno de ellos recuerda que lo hizo frente al entonces juez federal (Santiago) Grand, que estaba con López, entonces su secretario. Las víctimas explican que el juez les decía que firmaran las declaraciones porque si no volverían al lugar de donde venían, es decir, la sala de tortura. Liendo Roca y Olmedo mantuvieron a personas detenidas más allá de la cantidad de años que ellos mismos habían impuesto porque los consideraban peligrosos.

–¿Cuáles son los cargos por los que los denuncian?

–Les imputamos participación necesaria en este delito.

–¿Con López sucede lo mismo?

–A López le imputamos participación necesaria en la privación ilegal de la libertad y tormentos de varios presos políticos.

Los expedientes siguieron caminos distintos. Liendo Roca y Olmedo están con una causa abierta desde 2004. El juez federal santiagueño Angel Toledo les dictó el sobreseimiento, confirmado más tarde por el Tribunal de alzada, que consideró que los delitos existieron, pero habían prescripto. En ese contexto, la fiscalía presentó el recurso que ahora empieza a ventilarse en Casación, en una audiencia que encabezará durante esta mañana el fiscal ante la Cámara Raúl Plee. La fiscalía pidió que se revoque el sobreseimiento para que los dos ex jueces puedan ser indagados.

Con López, la cosa avanza todavía más lenta. Uno de los hechos más simbólicos que denuncia Gimena sobre lo que puede leerse como “protección de la familia judicial” sucedió en abril del año pasado. Gimena, todavía sorprendido, lo define como “un escándalo”. “Cuando la fiscalía presentó el escrito con la denuncia sobre López, el juez federal Guillermo Molinari, que estaba a cargo de la denuncia, se tomó tres días de licencia. En ese lugar dejó a Eduardo Coroleu, un abogado de la lista de disponibles que actuó como juez ad hoc por esos tres días. Un juez nombrado en esas condiciones no está sujeto a juicio político. El asunto es que en esos tres días Coroleu firmó la resolución de sobreseimiento de López. Mi tesis y la de la fiscalía es que el juez Molinari preparó esta resolución, lo hizo firmar al otro y de esa forma él evitó cualquier responsabilidad.”

Citaron a declarar al ex capellán y el fiscal Gimena analiza imputarlo por

El Tribunal Oral Federal (TOF) que integran Graciela Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís, resolvió hacer lugar al pedido del abogado querellante Héctor Carabajal y citó a declarar para hoy, a las 9, al ex capellán del Ejército, Carlos Marozzi. En ese marco, el fiscal Gustavo Gimena anticipó que tras la declaración del sacerdote, desde el Ministerio Público “analizaremos la posibilidad de imputarlo por delitos de lesa humanidad como cómplice”.

En ese sentido, Gimena expresó a EL LIBERAL que espera que el ex capellán ‘diga al tribunal todo lo que sabe sobre lo que sucedió en la provincia en los centros clandestinos que funcionaban en el DIP (Departamento de Informaciones Policiales) y en el Batallón 141”.

En ese sentido, el fiscal señaló que “independientemente de eso, el Ministerio Público analiza la posibilidad imputarle delitos de lesa humanidad al sacerdote por considerarlo cómplice”. Por último, el fiscal consideró que “son bastante los aportes que Marozzi puede dar para la causa judicial, porque tiene mucha información que esperemos que no se la guarde”.

MEGACAUSA
"Ahora se está viendo lo más oscuro, los abusos sexuales a seres indefensos"
Tal como lo adelantó EL LIBERAL, el fiscal Gustavo Gimena advirtió que las audiencias sacaron a la luz nuevos elementos incriminatorios sobre delitos sexuales y robo agravado para los diez acusados.
INCRIMINACIÓN. "Surgieron elementos que agravaron la situación de los imputados", reflejó el fiscal Gustavo Gimena.
Publicado el 13/06/2012
El fiscal federal general, Gustavo Gimena, adelantó que en la última audiencia de junio pedirá al Tribunal Oral Federal que integran Graciela Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís, que se agrave la imputación de muchos de los 10 acusados del juicio de la Megacausa, por delitos sexuales y robo agravado.

El fiscal aludió a estos crímenes que fueron surgiendo durante los testimonios en las audiencias y que fueron revelados a la opinión pública en un informe de EL LIBERAL. “Surgieron elementos que agravaron la situación de los imputados. Podemos separar en dos partes los nuevos elementos, uno que amerita una nueva investigación sobre hechos no traídos al juicio y los hechos traídos al juicio, pero donde faltan otros imputados. Otros elementos han servido para encontrar más calificado el delito, para agravar el delito, y que amerita una ampliación de imputación”, dijo.

Al respecto, Gimena manifestó que “tenemos el caso de delitos sexuales y el tema de robos que podemos imputar en estas audiencias, pero hay otros que amerita una nueva instrucción”.

Cristina Torres, titular de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y ex presa política, que sufrió vejámenes cuando estuvo en el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) abordó este tema: “Las audiencias van develando cuestiones que estaban un poco oscuras, como el papel del capellán del Ejército y el papel de los delitos contra la integridad sexual que han sido comunes y presentes a lo largo y ancho del país”.

"Lo que pasa -reflejó- es que ante la posibilidad de la pérdida de la propia vida, estos delitos quedaban en un segundo plano y lo que se buscaba era poner en evidencia la desaparición de personas, las gravísimas torturas y los asesinatos. Hoy estamos en otra etapa, podemos empezar a develar este proceso que estuvo oculto, y que con estos graves delitos había otros como corrupción, robo de bienes, de propiedades, ataques a la integridad sexual, violencia contra los niños, así como también la decisión de implantar el terror para el conjunto de la sociedad, de manera de actuar como inmovilizador y no resistencia a los planes de la dictadura”, manifestó.

Querellante pidió que se cite a declarar al ex capellán del Ejército.

El sacerdote Carlos Marozzi fue nombrado varias veces en los testimonios de aquellos que estuvieron detenidos.

Tras ser nombrado por varios de los testigos en la megacausa, el ex capellán del Ejército, Carlos Marozzi, sería citado a declarar en el juicio, por pedido del abogado querellante Héctor Carabajal,

“En el curso de las audiencias muchos de los testigos sobrevivientes, que pasaron por el Penal de Varones relataron las ‘particulares’ visitas que recibían del padre Marozzi”, señaló el letrado quien manifestó que por esa razón solicitó que sea citado para dar testimonio y “confirme esas declaraciones”.El letrado sostuvo que además espera poder “aclararle” algunas cuestiones al sacerdote.

“Él dice que éste es un ataque a toda la Iglesia Católica, yo quisiera decirle que eso no así, porque constantemente se ha rescatado las intervención de la hermana (Aldina) Bettoni, del padre Fils Pierre, es decir que no se está atacando a la Iglesia, sino que inclusive se destaca a aquellos que realmente obraron con fe cristiana”, sostuvo el letrado.

El abogado cree que el sacerdote puede aportar, en su calidad de expárroco del Ejército, datos sobre el movimiento de algunos de los imputados en la megacausa que hoy se está juzgando.

El sacerdote, fue mencionado por varios de los testigos. Algunas personas manifestaron que Marozzi, les “recomendaba” que les den a sus captores toda la información que puedan.

Además, los querellantes, y el Ministerio Público, apelarán a la memoria del religioso, para saber si recuerda a algunos de los jóvenes que estuvieron detenidos en el Penal y nunca más volvieron a aparecer.

DETENCIÓN
Una testigo aportó datos para vincular la represión en Santiago con centros clandestinos en Tucumán

Una de las cuestiones más complejas de probar en las causas por violaciones de los derechos humanos en nuestra provincia, es la relación entre los acusados de nuestra provincia y los militares tucumanos, comandados por el represor fallecido Antonio Bussi.

La testigo Ana María Figueroa, sufrió la desaparición de dos de sus hermanos y la detención y tortura de otro de ellos y dio uno de los detalles fundamentales para establecer la relación entre ambos aparatos represivos.

Su hermana Gloria, según contó, fue detenida en Tucumán, junto con su hermano Miguel, ambos continúan desaparecidos.

La hermana de la testigo, pese a haber sido detenida en Tucumán fue vista en la cárcel de mujeres, una de las guardacárceles, la identificó y le contó a Ana María que su hermana estaba ahí, junto a otra chica de Tucumán llamada Ana.

“Es uno de los tantos testimonios que obran en la causa, y muestra como detenidos en nuestra provincia eran trasladados a centros clandestinos en Tucumán y que detenidos en Tucumán eran trasladados a Santiago tal como pasó con Mario Giribaldi”, señaló el querellante Héctor Carabajal.

RODOLFO BIANCHI
Testigo declaró sin presencia de público ni de imputados
El ex preso político Rodolfo Eduardo Bianchi prestó declaración testimonial sin la presencia de imputados y público, ni de la prensa. La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal a pedido del testigo ofrecido por el fiscal federal general Gustavo Gimena.

El fiscal remarcó que el testigo confirmó lo dicho en instrucción y sindicó como los autores de su tortura a los ex policías Musa Azar Curi, Miguel Tomás Garbi y Ramiro López Veloso, en el DIP. Bianchi, fue detenido el 10 de junio de 1975, según la instrucción judicial, fue secuestrado de su céntrica casa por un grupo dirigido por Oscar Nis, alías “El Boxeador”.

De acuerdo con su relato en el expediente, fue víctima de golpes y de un simulacro de fusilamiento a orillas del río Dulce. Semanas más tarde fue trasladado al Penal de Varones y de allí a la cárcel de La Plata donde permaneció detenido hasta junio de 1982, en el que recuperó su libertad. FuentedeOrigen:ElLiberal
Fuente:Agndh Colectivo Ex P. Pol. Sobrev. Rosario

"Ahora se está viendo lo más oscuro, los abusos sexuales a seres indefensos"
Tal como lo adelantó EL LIBERAL, el fiscal Gustavo Gimena advirtió que las audiencias sacaron a la luz nuevos elementos incriminatorios sobre delitos sexuales y robo agravado para los diez acusados.
Ahora se esta viendo lo mas oscuro los abusos sexuales a seres indefensos
 "Surgieron elementos que agravaron la situación de los imputados", reflejó el fiscal Gustavo Gimena.

 Ex policía no declaró por estar imputado en el Grupo 4
Publicado el 13/06/2012 - El fiscal federal general, Gustavo Gimena, adelantó que en la última audiencia de junio pedirá al Tribunal Oral Federal que integran Graciela Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís, que se agrave la imputación de muchos de los 10 acusados del juicio de la Megacausa, por delitos sexuales y robo agravado. El fiscal aludió a estos crímenes que fueron surgiendo durante los testimonios en las audiencias y que fueron revelados a la opinión pública en un informe de EL LIBERAL.
“Surgieron elementos que agravaron la situación de los imputados. Podemos separar en dos partes los nuevos elementos, uno que amerita una nueva investigación sobre hechos no traídos al juicio y los hechos traídos al juicio, pero donde faltan otros imputados. Otros elementos han servido para encontrar más calificado el delito, para agravar el delito, y que amerita una ampliación de imputación”, dijo.
Al respecto, Gimena manifestó que “tenemos el caso de delitos sexuales y el tema de robos que podemos imputar en estas audiencias, pero hay otros que amerita una nueva instrucción”.
Cristina Torres, titular de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y ex presa política, que sufrió vejámenes cuando estuvo en el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) abordó este tema: “Las audiencias van develando cuestiones que estaban un poco oscuras, como el papel del capellán del Ejército y el papel de los delitos contra la integridad sexual que han sido comunes y presentes a lo largo y ancho del país”.
“Lo que pasa -reflejó- es que ante la posibilidad de la pérdida de la propia vida, estos delitos quedaban en un segundo plano y lo que se buscaba era poner en evidencia la desaparición de personas, las gravísimas torturas y los asesinatos. Hoy estamos en otra etapa, podemos empezar a develar este proceso que estuvo oculto, y que con estos graves delitos había otros como corrupción, robo de bienes, de propiedades, ataques a la integridad sexual, violencia contra los niños, así como también la decisión de implantar el terror para el conjunto de la sociedad, de manera de actuar como inmovilizador y no resistencia a los planes de la dictadura”, manifestó.