jueves, 6 de diciembre de 2012

Perpetua para Musa Azar y otros cuatro imputados, cinco con penas menores


Diez condenas en Santiago del Estero

Hubo condenas por delitos sexuales a autores directos, ambos policías, y otras dos a sus jefes como autores mediatos. Se declaró la nulidad de todos los procedimientos llevados a cabo por la vieja ley 20.840 de “actividades subversivas”.

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó ayer a prisión perpetua a cinco represores, incluido el ex hombre fuerte de la provincia, Musa Azar, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Otros cinco imputados fueron sentenciados a penas que van de cinco a veinte años de prisión. El tribunal que preside Graciela Fernández Vecino dictó dos condenas por delitos sexuales a autores directos, ambos policías, y otras dos a sus jefes como autores mediatos. Los jueces resolvieron que la sentencia se debe cumplir en una cárcel común: los condenados ya pasan sus días en la Unidad Penal 35 del Servicio Penitenciario Federal, en Colonia Pinto, a 40 kilómetros de Santiago.

En este juicio, una decena de acusados fueron juzgados por privación ilegítima de la libertad, tormentos, asociación ilícita, allanamiento ilegal, violaciones y abusos sexuales contra 44 víctimas. La mayor parte de los hechos ocurrieron luego del golpe de Estado aunque también se incluyeron casos de 1975 y de fines de 1974. Las penas de prisión perpetua, tal como lo habían solicitado los fiscales Gustavo Gimena y Félix Crous, recayeron sobre los ex policías provinciales Musa Azar, su segundo Miguel Tomás “Pirulo” Garbi, Ramiro López Veloso (único condenado por abuso deshonesto a un detenido), Juan Felipe “Sérpico” Bustamante y Francisco Antonio “Paco” Laitán, todos ex miembros de la denominada SIDE santiagueña. El ex mayor del Ejército Jorge Alberto D’Amico, para quien el Ministerio Público Fiscal había pedido 25 años de cárcel, recibió una pena de 20 años. Los jueces pidieron además su baja del Ejército. Otros cuatro ex policías recibieron penas menores: ocho años de cárcel para Carlos Héctor Capella, seis para Eduardo Bautista “Poroto” Baudano (los fiscales habían pedido 25 para cada uno) y cinco para José Gregorio “Pepe” Brao y Rolando Doroteo Salvatierra (los fiscales habían pedido 15 años). En los casos de Capella y Salvatierra, el tribunal ordenó la inmediata detención y traslado a la cárcel, ya que habían permanecido excarcelados durante el juicio oral.

En instrucción avanzan las imputaciones contra una decena de imputados, incluidos ex magistrados y funcionarios de la Justicia. Además continúa prófugo el ex policía Roberto Díaz, acusado por homicidio, por cuya captura el Ministerio de Justicia ofrece una recompensa de 100 mil pesos. La jornada comenzó a las ocho de la mañana, cuando familiares de desaparecidos, sobrevivientes y militantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales se concentraron en la plaza principal de Santiago. Desde allí marcharon quince cuadras hasta la puerta del juzgado federal. Poco después de las nueve, el tribunal que también integran Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asis ofreció a los acusados hacer uso de sus últimas palabras antes de la sentencia. La mayoría se limitó a remarcar su inocencia y a agradecer el trabajo de sus abogados. Laitán, acusado por una violación, dijo haberse sentido impedido de ejercer su defensa porque era su palabra contra la de la víctima. El tribunal finalmente lo encontró culpable. Musa Azar prefirió el silencio. “No tengo nada que decir”, fueron las palabras del ex comisario de la policía santiagueña, que, igual que Garbi y López Veloso, fue condenado en 2010 por secuestrar y asesinar al estudiante Cecilio Kammenetzky. Las palabras de Musa Azar se escucharon a través del sistema de videoconferencias desde el Hospital Regional Ramón Carrillo, en la capital santiagueña, donde permanece internado.

Luego de un cuarto intermedio, a las 17 la sala estaba colmada por más de ochenta personas. Otras 50 se ubicaron en una sala contigua con monitores, mientras el grueso de los militantes se ubicó sobre la avenida Belgrano, donde seguían las instancias desde una pantalla gigante. Los represores, excepto Laitán, optaron por evitar las miradas de víctimas y familiares y escucharon sus condenas desde una sala contigua.

“Es una causa emblemática y el veredicto deja más que contenta a esta fiscalía, ya que el tribunal prácticamente ha receptado los alegatos del Ministerio Público y de las querellas, salvo en cuanto a la pena de cuatro imputados”, reflexionó el fiscal Gustavo Gimena. “Creemos que debieron aplicarse los máximos o al menos una escala cercana al máximo, ya que los secuestros y tormentos, además de ser aberrantes, se cometieron en el marco de un genocidio, de un plan de persecusión y exterminio de militantes políticos”, agregó. El fiscal destacó que, a pedido del Ministerio Público, el tribunal declaró la nulidad de todos los procedimientos llevados a cabo por la vieja ley 20.840 de “actividades subversivas”. “En los prontaurios y legajos judiciales de muchos sobrevivientes sigue constando esa condena. Es un gran avance, una reparación, que ahora deban eliminarse de esos legajos, ya que se consideran nulas”, celebró.

Con esta sentencia, asciende a 346 el número de condenados por secuestros, tormentos y homicidios durante el terrorismo de Estado.

martes, 4 de diciembre de 2012

5de diciembre todos en la sentencia


Quince puntos clave y revelaciones que dejó la Megacausa

El Tribunal Oral Federal dará a a conocer este miércoles el veredicto sobre el juicio que tiene como principales responsables a Azar Curi, Tomás Garbi, Ramiro López Veloso y Francisco Laitán.
 
Quince puntos clave y revelaciones que dejo la Megacausa
TOF. El tribunal llevó adelante ocho meses de audiencias con los testimonios de unos 200 testigos que aportaron datos sobre los hechos.

 * Torturas. El titular del Ministerio Público Fiscal, Gustavo Gimena, expresó durante las audiencias que debido a la derogada ley 20.840, que penaba las actividades subversivas, ‘las víctimas declaraban frente a la persona que las torturaba’. Sostuvo acerca de los métodos que empleaba Musa Azar Curi junto con el grupo de tareas que lideraba, que “era el sistema imperante en el terrorismo de Estado, los detenían sin orden y cuando tenían orden, era por la ley 20.840”. Asimismo detalló que “la privación ilegítima de la libertad era legítima en cuanto al inicio, porque salía con una orden del juez, después se transformaba en ilegítima en cuanto al modo de cumplimiento, porque el Side no era un penal, sino que fue el centro clandestino de detención más salvaje de Santiago”.

* Armado de causas. Sobrevivientes del terrorismo de Estado denunciaron que Musa Azar Curi “armaba las causas” y que luego los torturaba en el Departamento de Informaciones Policiales para que firmaran los escritos que preparaba él junto con sus colaboradores, reconociendo delitos de subversión.

* Ensañamiento con jóvenes. En una audiencia, uno de los testigos aportó con su declaración dos datos fundamentales. Uno de ellos, sobre el padecimiento que debieron soportar, aún estando libres de su cautiverio, las víctimas del terrorismo de Estado; el otro, estuvo referido al ensañamiento de las fuerzas de tarea de la dictadura con los más jóvenes, incluso adolescentes.
Según comentó el fiscal federal general, Gustavo Gimena, una de las personas que se sentó frente al estrado relató que fue detenida dos veces aún siendo menor de edad. Otro sobreviviente dijo que cuando fue detenido con apenas 16 años, pudo reconocer durante su cautiverio a dos familiares directos de apenas 13 años de edad.

* Alumbramiento y cautiverio. La ex presa política Gladys Lois de Gallardo brindó un estremecedor relato en el que contó los padecimientos que sufrió durante su detención, 18 días antes de dar a luz, y la vida de su primer hijo, que fue criado en cautiverio durante sus primeros meses. En ese marco calificó de “duradera y definitiva” la tortura que sufrió por parte del grupo de tareas que lideraba Musa Azar Curi, antes del golpe militar de 1976.

* Mintió que era un guerrillero. Otros de los testigos fue Dardo Salloum, quien contó que en una de las sesiones de torturas a las que fue sometido, decidió mentir que pertenecía a una célula extremista para que lo dejasen de castigar.
Salloum, dijo que este episodio se produjo durante su segunda detención al final del ciclo lectivo del 75 (era docente) en un megaoperativo que condujo Musa Azar Curi, quien lo esposó. En un relato conmovedor, dijo que cuando estuvo en el Batallón de Ingenieros de Combate 141, una noche, hastiado y con temor de morir por los golpes y los submarinos que le aplicaban sus torturadores, mintió que era de una célula subversiva. Incluso recordó que inventó su nombre de guerra: “Henry Ford”.

* Desligarse de la causa. En una sorpresiva declaración Musa Azar Curi insistió que “el Ejército Argentino fue responsable de los procedimientos de las personas que, hasta la fecha, figuran como desaparecidas en la provincia”. Inclusive, al ser interrogado, negó la existencia de “secuestros políticos”.

* Robo de pruebas valiosas. El abogado Antenor Ferreyra le endilgó a Musa Azar Curi haber hecho desaparecer documentos de actuaciones de la Justicia provincial, que se llevaron adelante en los años 80. Dijo que muchos de los acusados siguieron en función al retornar la democracia y que “ante la posibilidad del inicio de los juicios han hecho desaparecer valiosas pruebas documentales”.

* Centros del horror. A lo largo de las audiencias, víctimas y testigos sacaron a luz el funcionamiento de varios centros clandestinos de detención (CCD). Fueron lugares de tortura para los presos políticos y según datos de organismos de derechos humanos locales, hay ocho CCD denunciados por los que pasaron alrededor de 1.000 santiagueños, hombres y mujeres.

* Detenido y torturado a los 14 años. Gerardo More contó que fue detenido el 9 de agosto de 1976, junto a su madre, y torturado en la sede del DIP por Musa Azar Curi y Miguel Tomás Garbi, según sus expresiones. El testigo contó: “Hubo un operativo y me llevaron a mi mamá y a mí hasta el DIP, en el lugar fui torturado por Musa Azar y Garbi, me pegaban en el estómago y me pedían que les diga todo lo que sabía de Julio Salomón, que era amigo de mi padre”.

* Le dijo “asesino” en la cara. Pedro Ramírez, actual director de Cultura de la Municipalidad de La Banda, le dijo “asesino” a Musa Azar Curi, en el marco de una rueda de reconocimiento. El testigo manifestó además que por intermedio de un anónimo, le revelaron que “el asesino de Félix Daniel López Saracco fue ‘Paco’ Laitán”.

* Actos de pillaje y saqueos. Durante los testimonios de familiares de presos políticos y de sobrevivientes al terrorismo de Estado, se puso sobre el tapete otro delito que cometían los grupos de tareas, como el robo de dinero y joyas, incluso hasta se llevaron artefactos de una vivienda en construcción que pertenecía a la familia de Daniel Rizzo Patrón y Graciela Arán que contó que sufrió el robo de dinero tanto en su domicilio como en su estudio de arquitectura. Quien también denunció el robo de pertenencias y que apuntó contra uno de los imputados, fue María Eugenia Di Lullo de Garay, quien contó que en su vivienda de calle 24 de Septiembre, entraron Musa Azar Curi y Tomás Garbi, mientras la familia no estaba, y que en esa oportunidad le desapareció un arma que era una joya: una daga que tenía baño de oro y piedras preciosas incrustadas.

* Ampliación de imputaciones. A través de una presentación del fiscal Gustavo Gimena, el TOF realizó la ampliación de imputación por delitos sexuales y robo agravado en contra de algunos de los 10 imputados. La medida fue producto de las revelaciones de los sobrevivientes al terrorismo del Estado, que además de secuestros y torturas, sufrieron otros tipos de delitos, como los robos y abusos.

* Videoconferencias. Tras los problemas de salud de Musa Azar Curi, el TOF resolvió la continuidad del proceso con el represor internado en el Hospital Regional, a través de videoconferencias que transmitían las audiencias.

* Aparición de pintadas. En el medio del desarrollo del juicio, comenzaron a aparecer pintadas en distintos lugares de la ciudad con frases en contra de los organismos de derechos humanos, por parte de una agrupación denominada La Aguja, que se autoadjudicó el hecho. A lo que sumó algunas polémicas declaraciones de familiares de los imputados, a quienes les terminaron prohibiendo el ingreso a la sala para evitar incidentes.

Pero las pintadas no fue lo que más preocupó a las querellas, Antenor Ferreyra, uno de los letrados que representa a las víctimas del aparato represivo conducido por Musa Azar Curi y los órganos adelantados de inteligencia militar, advirtió que con las pintadas también llegaron los amedrentamientos y las amenazas contra los testigos.
Por eso los querellantes presentaron una denuncia ante el magistrado federal, Guillermo Molinari. No obstante, con la atención puesta en el juicio, no ha habido tiempo de aportar muchas pruebas e información a esa causa.

* Penas. Tanto desde el Ministerio Público Fiscal, como desde la querella, se pidieron las pensas más severas para los once imputados que son juzgados por 44 casos de crímenes de lesa humanidad. Por su parte, la defensa pidió la absolución de los imputados y, en caso de ser condenados, que el tribunal no aplique duras sanciones por considerar que no se probaron muchos hechos.
 

domingo, 25 de noviembre de 2012

5 de diciembre : exigimos Justicia

Y las mujeres que sobrevivieron y hoy piden justicia en la Megacausa santiagueña son:

ALCIRA CHÁVEZ
CRISTINA TORRES
SARA ALICIA PONCE
GLADYS AMELIA DOMÍNGUEZ
MARÍA SUSANA HABRA
ROSA DEL CARMEN TULLI
MARGARITA URTUBEY
RAQUEL NOEMÍ MORENO

Este 5 de Diciembre vamos a estar todos ahí con ustedes, mujeres hermosas y ejemplos de lucha.

jueves, 1 de noviembre de 2012

Juzgarán a represores por secuestros y torturas a 34 personas

La Justicia Federal de Santiago del Estero llevará adelante el próximo año el tercer juicio oral de la denominada causa "Grupo 4" por "violación de domicilios, secuestro forzado y torturas a 34 personas" en la dictadura cívico militar, informaron fuentes judiciales.

La causa, instruída por el juez federal Guillermo Molinari, tiene por imputados a los ex policías santiagueños Musa Azar, Miguel Tomás Garbi, Ramiro López, Francisco "Paco" Laitán, Roberto Díaz (prófugo), Juan Bustamante, José Gregorio Brao, Carlos Héctor Capella y Pedro Ledesma.

También serán juzgados el ex militar Jorge D`Amico y Marta Noemí Cejas, ex esposa del ex jefe de Inteligencia santiagueño Musa Azar, que cumplía funciones en la denominada "SIDE santiagueña".

La mayoría de los procesados afronta actualmente un proceso judicial similar, a punto de concluir, por el secuestro y desaparición forzada de 44 personas, antes y durante la última dictadura militar.

En el caso de Musa Azar, López y Garbi fueron condenados hace dos años a prisión perpetua por el asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky, ocurrido en noviembre de 1976.

La mayoría de las denuncias por delitos de lesa humanidad fueron impulsados en el 2004 por el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde.

Entre las víctimas por los secuestros y torturas entre los años 1976-77 que integran el Grupo 4 figuran Mercedes Yocca, Luis Avila Otrera, Héctor Galván, Ricardo García, Rina Farías de More, Gerardo More, Masría Gómez de Salomón, Sara Salomón, Rubén Salomón, Juan Serrano y Roberto Zamudio.

También fueron instruidas las denuncias presentadas por Felipe Acuña, René Arévalo, Aurora Banegas, Daniel Rizzo Patrón, Juan Carlos Asato, Manuel Cansinos, Juan Pérez, Miguel Escat y María Inés Fornés.

La nómina de víctimas se completa con el abogado Bailón Gerez, Gustavo Grimaldi, Ramón Ledesma Julio López, Aida Martínez Paz, Susana Mignani, Graciela Ninich, Jacinto Paz, María Eudenia Ruiz Taboada, Luis Saavedra Lina Abalos de Ciappino y Javier Silva.

viernes, 12 de octubre de 2012

Denuncia rol de jueces en la dictadura


Un ex preso político de Santiago del Estero describió ayer el rol de los jueces de la provincia durante el terrorismo de Estado. Osvaldo Bernabé Corvalán, que declaró como testigo en el proceso por el secuestro y la desaparición forzada de 44 personas, apuntó en particular a los ex magistrados Santiago Asencio Grand y Arturo Liendo Roca. El segundo había sido sobreseído por el Tribunal Oral Federal que ahora juzga a los represores, pero su caso volvió a primera instancia luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara investigarlo como “piedra basal de la impunidad” de policías y militares y comparara el rol del Poder Judicial santiagueño con “la judicatura de la Alemania nazi”.

“Liendo Roca fue la cabeza de la represión en el Juzgado Federal de Santiago del Estero. En mi caso, además de los seis años de cárcel, fui víctima de manipulación judicial por acusaciones que nunca pudieron ser comprobadas”, explicó Corvalán. El testigo recordó que a pocos días de su detención, el 17 de febrero de 1975, fue indagado por el ex juez federal Santiago Asencio Grand “para exigirme que reconozca que era el jefe de una célula subversiva del Partido Revolucionario de los Trabajadores”. “El juez Grand me amenazó diciéndome que acepte los cargos o que me iba a entregar a la SIDE y al Ejército para que ellos apliquen sus códigos y le ordenó al policía que me custodiaba que me lleve a la SIDE”, añadió. Destacó que aquellas amenazas “fueron realizadas en presencia de Liendo Roca, que no atinó a decir una sola palabra; incluso en dos careos mis acusadores se rectificaron de lo que habían firmado bajo amenazas del juez Grand y de Musa Azar”, afirmó. “Grand era una persona muy desagradable, se le notaba mucho odio en el rostro”, acotó.

Corvalán recordó también la salvaje represión sufrida en el penal santiagueño “en presencia de jueces y funcionarios federales” y nombró al “entonces ministro de Gobierno Robín Zaiek y la plana mayor de la policía”. “En el año 1978 nos trasladaron a la cárcel de La Plata y allí fui visitado por el juez Santiago Olmedo y Lorena Hernández, que tras utilizar las mismas acusaciones de una causa armada y fraguada por Grand y Liendo Roca, me condenó a seis años de prisión e inhabilitación absoluta”, añadió

domingo, 7 de octubre de 2012

Reconocimiento de la finca Laitán y testimonio sobre la desaparición de Carabajal


SORPRESA
Testigo aportó datos reveladores sobre Héctor Carabajal

El policía jubilado Dante Ramón Luna, quien declaró como testigo en la Megacausa, aportó nuevos datos sobre la desaparición de Héctor Carabajal, hecho que tomó por sorpresa a los presentes, principalmente al abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, hijo de la víctima quien lleva su mismo nombre.
Si bien Luna había sido citado para declarar sobre el caso Abdala Auad, cuando fue interrogado por abogados de la querella acerca de si conocía datos de otras víctimas, sorprendió al afirmar que había visto cuando secuestraron a Rudy Miguel y a Héctor Carabajal.
Luna, quien desempeñaba tareas en el Comando Radioeléctrico, contó que vio “de lejos cuando vehículos de la Side lo subían a Rudy Miguel” y dijo que no actuó porque sabía que se trataba de automóviles de la fuerza de seguridad. Lo mismo sucedió con el caso de Carabajal, cuando fue interceptado en avenida Belgrano, entre Avellaneda y 9 de Julio, por personal del DIP. En ese sentido, pudo reconocer a Carlos Capella, como el conductor del Peugeot amarillo en el que lo llevaron.

RICARDO ABDALA AUAT.
El abogado de la querella, Ricardo Abdala Auat, e hijo del desaparecido Abdala Auat, expresó que “la inspección a la finca de Laitán fue muy movilizadora, porque según algún testimonio, mi padre permaneció en cautiverio en ese lugar”.
El letrado señaló que, de acuerdo con lo aportado por Zamudio, “escuchó a sus captores cuando contaban que en el mismo lugar estaba detenido mi papá”.
Finalmente Abdala Auat señaló que “está conforme con los avances que hubo en la investigación, la última audiencia fue muy positiva porque hubo testigos que brindaron mucha información”.

ROBERTO ZAMUDIO.
Al finalizar la audiencia de la Megacausa, los integrantes del Tribunal Oral Federal se trasladaron hasta una finca ubicada en la localidad La Dársena, departamento Banda, propiedad del imputado Francisco Laitán, en donde el testigo víctima Roberto Zamudio afirmó haber estado detenido.
Zamudio realizó el reconocimiento del inmueble argumentando que era “una cárcel clandestina. Consistía de dos habitaciones, una galería y una bomba manual al frente. Actualmente hay muchas cosas que no estaban cuando estuvimos detenidos”.
“Los apremios eran constantes, nos golpeaban, todo eso está en el expediente. Yo no pude ver nada porque estaba con los ojos vendados. Al único que reconocí fue a Díaz Cura”, narró, aludiendo a Roberto Díaz Cura, imputado en la Megacausa que se encuentra prófugo de la Justicia Federal. También relató que lo tuvieron cerca de 45 días en diferentes locaciones.
Reveló que en ese lugar también estuvo el desaparecido Zárate Maldonado.
Por su parte, la jueza Graciela Fernández Vecino en diálogo con la prensa, manifestó que el Tribunal evaluará el testimonio y el resultado de la inspección. Además, expresó que el testigo le comentó que estuvo en Catamarca, en un sitio donde operaba otra cárcel clandestina (en el dique de Collagasta), y que el tribunal todavía no evaluó si irá hacia ese lugar.
Desde la defensa de Francisco Laitán consideraron que no hubo “un reconocimiento explícito del lugar”.

miércoles, 19 de septiembre de 2012

Musa Azar ¿en la cárcel o en la casa?

Se define la continuidad de Muza Azar en la MEGACAUSA.
Tras su supuesto infarto hoy lo revisa un perito de la Corte, quien en la audiencia de 19/09 (se realizara a las 12 hs) informará si puede seguir presencialmente, por videoconferencia o directamente hay que apartarlo del juicio.

Queremos que Muza sigua en el banquillo, en este juicio donde esta imputado en los 44 casos que se juzgan y todos sabemos que cometió muchos mas....

No perpetuemos la impunidad, que los privilegios queden en el pasado.

Concentremos a partir de las 10 30 en la puerta del Palacio de Tribunales (Alvear e Irigoyen) y a las 12 familiares, testigos, militantes, todos en la sala de audiencia apoyando (recordar acreditarse previamente).

¡Estar presente es importante!

lunes, 3 de septiembre de 2012

Exhuman cadáveres sepultados como NN en Santiago del Estero durante la dictadura

Integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense arribaron a Santiago del Estero para iniciar tareas de excavaciones y exhumación de cadáveres que, se sospecha, fueron enterrados como NN durante la última dictadura militar.

Por disposición del juez federal Guillermo Molinari, las exhumaciones de cadáveres se realizarán en los parajes de Puerta Chiquita y Santa María, ubicados en los departamentos Guasayán y Capital, respectivamente.

También, las excavaciones se concretarán en La Piedad, principal cementerio de la capital santiagueña y en el paraje Soconcho, en el que pobladores del lugar encontraron restos humanos en una zona de montes.

La justicia sospecha que en los referidos cementerios fueron enterrados personas desaparecidas en la última dictadura militar en Santiago del Estero y otras provincias vecinas.

Con anterioridad se realizaron similares procedimientos en los cementerios de Clodomira y Arraga, que permitieron identificar restos pertenecientes a Norma Delia Sibantos, una joven tucumana de 38 años, asesinada a balazos en 1978 y los de Consolación Carrizo, otra de las víctimas de la última dictadura.

Durante la instrucción judicial, un centenar de familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad comparecieron en el Juzgado Federal de Santiago del Estero para permitir la extracción de sangre para un banco de datos de ADN.

Los exámenes serán comparados con los restos humanos que se sospecha serán encontrados en los cementerios clandestinos de la provincia de Santiago del Estero.

martes, 14 de agosto de 2012

Se ventilará el caso Bugatti, secuestrado en Catamarca por orden de Azar Curi

El ingeniero se desempeñaba en Agua y Energía y en octubre de 1976, fue detenido por cuatro hombres que se movilizaban en un automóvil Opel K 180, que luego fue visto en el DIP.

IMPUTADO. Ramiro López Veloso fue identificado como uno de los presuntos secuestradores y que incluso, tras el hecho, amenazó a la familia Bugatti.
 
En el inicio de la undécima semana del juicio de la Megacausa, el Tribunal Oral Federal escuchará hoy cinco nuevos testimonios referidos a la desaparición de tres santiagueños, crímenes ocurridos durante la dictadura.

Los casos de Santiago Díaz, Dardo Ezequiel Arias y Roberto Bugatti, serán ventilados a través de los relatos de familiares y testigos y forman parte del Grupo Tres (desapariciones forzadas durante el gobierno de facto).
De acuerdo con expedientes judiciales al que tuvo acceso EL LIBERAL en exclusiva, el secuestro del ingeniero Bugatti tiene como particularidad que se produjo en la localidad Las Pirquitas, en la provincia vecina de Catamarca. Una familia amiga del profesional desaparecido, relató por entonces que cuatro personas de civil armadas se lo llevaron, entre ellas Ramiro López Veloso, ex miembro del Departamento de Informaciones Judiciales (DIP).
Bugatti trabajaba en Agua y Energía, delegación Santiago del Estero y en julio de 1976 fue trasladado como intendente de Riego a Catamarca, y junto a su familia se instaló en una vivienda de la empresa en la villa turística de Las Pirquitas. En octubre, en ocasión de que Bugatti debía emprender una gira de inspección por el interior catamarqueño, su esposa Lucrecia Seva y la hija del matrimonio partieron rumbo a Santiago del Estero, acordando con su marido que se reunirían el 23 de ese mes.

“Mientras la señora de Bugatti permaneció en la capital santiagueña, se presentaron en tres oportunidades en su casa materna, policías preguntando por su marido y la fecha de su regreso. El viernes 22, el ingeniero Melchor Vicente Nigro que se encontraba en la Intendencia de Riego de Catamarca, recibió a dos personas jóvenes que dijeron ser amigos de Bugatti y que lo buscaban para saludarlo ya que estaban de paso por Las Pirquitas. Éstos se movilizaban en un Opel K 180 color verde limón, sin chapa patente, en cuyo interior aguardaban otras dos personas”, reza el expediente.

De acuerdo con lo expuesto en el mismo, “Nigro les informó que Bugatti regresaría por la noche. Al término de la jornada laboral, Nigro regresó a su domicilio y vio por segunda vez al Opel estacionado en la entrada a Las Pirquitas. Su esposa vio pasar en reiteradas oportunidades al mismo vehículo, con las cuatro personas en su interior, quienes observaban la casa”.
“Alrededor de las 23 continúa-, Bugatti llegó de visita a la casa de la familia Nigro, oportunidad en la que tras llamar a la puerta, ingresan los cuatro hombres que habían deambulado por el pueblo. Armados con pistolas e identificándose como policías, redujeron a los ocupantes de la vivienda: el matrimonio Nigro fue encerrado en una habitación y Bugatti llevado con rumbo desconocido”. Según los relatos de la familia Nigro, uno de los cuatro secuestradores era López Veloso.
Angélica Seva de Bugatti intentó denunciar el secuestro de su marido ante la Policía de Santiago del Estero y ante el Ejército sin resultado alguno.

lunes, 13 de agosto de 2012

"Azar Curi debería ser condenado por genocida"

Rosenblun, presidenta de LADH, sostienen que Azar Curi "debería ser condenado por genocida"
La dirigente nacional dijo que fuera de la provincia, era “célebre” el accionar represivo del ex jefe de la “Side” santiagueña.
PROCESO. Entienden que Azar Curi y los demás imputados deben ser juzgados bajo la figura penal de genocida.
ABUSOS. Rosenblun juzgó un logro que se impute por este delito. 
La audiencia del juicio de la Megacausa fue presenciada por destacadas personalidades en la lucha por los derechos humanos como Graciela Rosenblun, titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); y Aldo Etchegoyen, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quienes remarcaron la importancia del proceso oral contra los 10 acusados por delitos de lesa humanidad.

Para Rosenblun, éstos tendrían que ser condenados por “genocidas”, pero dijo que esta figura no tiene pena en el Código Penal. Además, reflejó que Musa Azar Curi, era “célebre en el país por su accionar represivo”. La dirigente nacional consideró un “éxito” que se haya logrado ampliar la imputación por delitos sexuales a algunos de los acusados: “La violación fue parte de la acción genocida sobre las víctimas, una de las formas más terribles desde el punto de vista personal”. Rosenblun remarcó que “son pequeñas batallas que vamos ganando a esta idea de normalidad procesal, incorporando otros delitos”.

En ese sentido, consideró que se debe hacer lugar a la condena por genocidio a los represores. Dijo que Azar Curi y el resto de los imputados deberían ser condenados bajo esta figura. “La Argentina ratificó en el 58, la Convención contra el Genocidio, pero no tiene pena en el Código Penal, aunque es un argumento que tiene poco andamiaje desde el punto de vista jurídico.

Hasta el día de hoy no hemos logrado que se los condene por este delito”, indicó la activista por los derechos humanos. Rosenblun mencionó por otra parte, que Musa Azar Curi era célebre antes de los juicios, por “la impunidad con la cual actuaba” y que si bien “hay muchos testigos que sabían los hechos cometidos por la Policía y Ejército, pero también se conocían fuera de la provincia”, subrayó. Por su lado, Aldo Etchegoyen afirmó que los juicios por delitos de lesa humanidad que se están llevando a cabo en todo el país “están dejando una huella muy profunda en toda la Argentina, que es referente internacional” frente a otros países que tienen problemas para poder llevar adelante estos procesos.

“Estos juicios (por la Megacausa) son normales para nosotros, cosa que en otros países falta mucho camino para llegar a esa normalidad jurídica, es un avance significativo”, rescató.

MEDIDAS
El Tribunal pidió pericias en el ex campo militar La Guarida
El Tribunal Oral Federal tomó tres resoluciones con respecto de los juicios. Una, que el secretario del TOF se comisione en la propiedad de Aguirre norte en la que funciona un taller en el que se hallaría el automóvil Valiant, señalado por víctimas.

Luego, pidió al Juzgado Federal copia de autopsias practicadas en restos humanos de tres personas, hallados en 1976 en Puerta Chiquita, Guasayán. Por último, dispuso una pericia con ingenieros de la Unse para determinar destino y fecha de creación del ex campo militar de La Guarida, ante el descubrimiento de calabozos y sótanos. Por su lado, la defensa acercó una foto en la que figura personal del DIP.

El fiscal federal general, Gustavo Gimena, informó que hoy a partir de las 9, el ex suboficial del Ejército, Leopoldo Sánchez, será indagado en el Juzgado Federal local por su presunta participación en delitos de lesa humanidad.

“Su indagatoria estaba prevista originariamente para el primero de agosto; este represor era el órgano adelantado en Santiago del Estero cuando estaba destinado al Operativo Independencia en Tucumán”, mencionó el representante del Ministerio Público Fiscal en el juicio de la Megacausa.

El ex militar Sánchez fue citado al surgir nuevas pruebas, como los dichos del ex policía Juan Felipe Bustamante, imputado de la Megacausa. Durante las audiencias, Bustamante aseguró que el ex sargento del Ejército era el responsable de decidir sobre la “vida y la muerte” de los presos políticos y que también era quien ordenaba los traslados a los centros clandestinos de Tucumán.

domingo, 5 de agosto de 2012

El último testigo que vio con vida al concejal desaparecido brindó detalles clave para la investigación

Desde su lecho de enfermo, recibió en su casa a los miembros del Tribunal y detalló que en 1975 acompañó al edil “Chongo” Abdala a Casa de Gobierno donde había sido citado.

El ultimo testigo que vio con vida al concejal desaparecido brindo detalles clave para la investigacion
La declaración del doctor Jaime fue la única actividad que realizó el Tribunal Oral Federal en la jornada.

El Tribunal Oral Federal integrado por Graciela Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y Fabián Asís, se constituyó en la casa de un médico que brindó su testimonio sobre la desaparición del ex concejal justicialista Emilio Alberto Abdala, detenido a fines de 1975.
Se trata de Luis Alberto Jaime, quien por padecer una enfermedad se vio obligado a ofrecer su testimonio en su casa de Independencia al 3200, en el barrio Jardín de la capital santiagueña.
Jaime fue quien acompañó al edil “Chongo” Abdala, el 3 de diciembre de 1975, en respuesta a una citación realizada por el entonces ministro de Gobierno. De acuerdo a la instrucción judicial, durante la entrevista también se encontraban presentes Musa Azar Curi y Miguel Tomás Garbi, jefe y subjefe de la llamada “Side santiagueña”.
En la reunión en la Casa de Gobierno, el funcionario le reclamó al concejal que el Ejército lo acusaba de tener relaciones con “subversivos”.
De las investigaciones, se desprende que una vez concluido el encuentro, el entonces concejal por la Juventud Peronista de la localidad de Clodomira, fue trasladado al Departamento de Informaciones Provincial (DIP)que dirigía Musa Azar.

Al término del encuentro con el testigo, Fernández Vecino sostuvo que se trató de “un testimonio muy importante porque el doctor Jaime fue quien acompañó a Emilio Abdala hasta Casa de Gobierno y después contó todos los sucesos que le acaecieron al concejal”.
La jueza detalló que durante su testimonio, Jaime “ratificó lo que ya había declarado con anterioridad, dio algunas precisiones sobre algunos sucesos de esos días; contó que viajó desde Clodomira, se reunieron en Casa de Gobierno y de ahí Musa Azar y Garbi lo llevaron hasta el DIP y que después nunca más lo vio”.

Por otra parte, consultada acerca de las nuevas imputaciones sobre delitos sexuales, la magistrada señaló que “todos los hechos que se juzgan en esta causa, serán resueltos conforme al Código Penal vigente a la época de los hechos en los que fueron cometidos; a menos que la actual legislación prevea un tipo penal menos gravoso o penas más bajas”.
Revocatoria
Por otra parte, la Cámara de Casación revocó el sobreseimiento de dos ex funcionarios judiciales en causa por delitos de lesa humanidad; lo dispuso la Sala IV del máximo tribunal penal. Se trata de Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga, quienes se desempeñaban como fiscal y juez federal en la provincia.
En ese marco, el fiscal federal Gustavo Gimena manifestó que los ex funcionarios deberán ser citados a indagatoria.

jueves, 2 de agosto de 2012

Complicaciones en las audiencias, pero se mantienen firnes las denuncias por abuso sexual

Se mantienen firmes las denuncias por abuso sexual.
Mientras el TOF rechazó planteos de nulidad sobre las acusaciones de abuso sexual para algunos imputados, nuevas declaraciones aportaron dolorosas precisiones sobre los casos Salomón y Dicchiara. Hoy, interrogarán a un amigo del “Chongo” Abdala.

Tal como estaba previsto, los abogados defensores de los acusados hicieron uso de la palabra tras la ampliación de imputación por delito de abuso sexual y efectuaron una serie de pedidos.

El doctor Juan José Saín, abogado de “Paco” Laitán, pidió la nulidad de la imputación, careos, una pericia psicológica y la incorporación del testimonio de varias personas que cumplieron funciones en la DIP.

Además, indicó que su defendido ampliará la declaración indagatoria las veces que el TOF lo determine.

“Inconducente”
Posteriormente, sobrevino la respuesta desde el fiscal Gustavo Gimena y las querellas, quienes expresaron “inconducente a la verdad real” las pericias y los careos a una testigo-víctima. Tras un cuarto intermedio, el TOF rechazó el planteo de nulidad a la imputación de abusos sexuales en perjuicio de ex presos políticos, como así también los pedidos de careos y pericias psicológicas.

En definitiva, se mantienen firmes las acusaciones de abusos sexuales de los ex policías Francisco “Paco” Laitán y López Veloso, como autores: Musa Azar y Garbi, en calidad de “partícipes necesarios” por mantener en cautiverio a las víctimas.

"PUERTA CHIQUITA"
Megacausa: testigo revela la existencia de dos tumbas NN en el departamento Guasayán
Un ex miembro de la APDH brindó un crudo relato sobre un padre que realizó una incansable búsqueda de los restos de su hijo víctima de la represión.
Por otro lado, la Justicia retomó la causa por la desaparición de Dichiara.
PERSECUCIÓN. Fue espiado por Azar Curi por 29 años, sufrió tres allanamientos y su hermana estuvo presa en 1977, pero logró que recupere la libertad.

El abogado Miguel Juárez Quiroga, uno de los creadores de la filial local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), brindó un valioso testimonio en el que señaló que en la localidad Puerta Chiquita se hallaron dos tumbas con restos humanos que serían de víctimas de la represión.

Esta fue una de las mayores novedades que dejó una nueva jornada del juicio de la Megacausa que se sigue contra 10 ex miembros de la Policía y del Ejército por delitos de lesa humanidad, por 44 casos por secuestros, torturas y desapariciones, antes y después del golpe de Estado de 1976.

Juárez Quiroga contó que como miembro de la APDH, en enero del 84 formó parte de una comisión que acompañó a Jorge Salomón, padre del desaparecido Julio César “Lito” Salomón, ante el descubrimiento de dos tumbas en la localidad del departamento Guasayán, con restos de lo que presumían, eran víctimas del terrorismo de Estado. Según indicó, Salomón estaba convencido de que uno de los restos pertenecía a su hijo ya que había recibido varios anónimos que señalaban que el cuerpo de su hijo fue enterrado en ese sitio. Recordó que en septiembre de 1976, la Justicia de Frías ya había actuado por el hallazgo de tres cuerpos semienterrados en Puerta Chiquita y que el desaparecido forense David Waisman les practicó una autopsia que consta en los expedientes, y que tras ello la Justicia ordenó enterrarlos nuevamente.

Juárez Quiroga, contó que en 1984 los restos fueron enviados a la morgue judicial, pero que “se perdieron en la nebulosa”. Ante esta cuestión, desde las querellas pidieron la presencia de un colaborador de Waisman, el también forense Julio Roldán, y del funcionario judicial que en 1984 llevó adelante la causa. Este pedido tiene que ser resuelto por el tribunal, aunque ya hubo un antecedente en el que rechazó la presencia del forense ya que prestó declaración testimonial en el expediente de la Megacausa.

Incidentes por manifestaciones del ex represor Juan Bustamante

Al finalizar la exposición del abogado Miguel Juárez Quiroga, durante la cual mencionó un episodio en el que participó Juan Bustamante, uno de los imputados, al que señaló como agente infiltrado en una toma estudiantil, el ex represor pidió la palabra. A continuación, se originó un serio incidente cuando el ex policía, que estuvo bajo el mando de Musa Azar Curi, comenzó a dirigirse a algunos de los presentes, ex presos políticos, y a exigirles que digan si él los había torturado.

Esto provocó un repudio generalizado por parte de familiares de víctimas, ex presos políticos y militantes de organismos de derechos humanos.

Dos de ellos, un ex preso político de apellido Bravo y una mujer, identificada como Luciana Carraro, levantaron la voz para condenar la actitud de Bustamante, pero también para lanzar fuertes cuestionamientos a los otros imputados, en particular a Ramiro López Veloso, por su rol de verdugo en el DIP, acusándolo de tener manchadas las manos con sangre de las víctimas, según lanzó uno de los militantes.

Llamado al orden
Los gritos en la sala generó la intervención del Tribunal Oral Federal y su presidenta, Graciela Fernández Vecino, solicitó que ambas personas fueran retiradas de la sala y que se les retuviera sus acreditaciones para impedir que ingresen nuevamente al recinto, medida que hicieron efectiva los guardianes de la Policía Federal. 

 CASO DICHIARA
La Justicia retomó una causa emblemática de los Derechos Humanos en la provincia
Ante el jurado declaró la exesposa de la víctima que fue secuestrada a un mes de haberse casado.

La Justicia Federal tuvo ayer la responsabilidad de retomar una de las causas emblemáticas de los derechos humanos en nuestra provincia, la de Daniel Dichiara, que desapareció el 9 de agosto de 1976.

Esta causa es un símbolo en la provincia y el país, porque en el año 1984, cuando pocos lo creían posible, llegó hasta el procesamiento de Luciano Benjamín Menéndez. Además, por esta causa, en aquel tiempo, estuvieron detenidos durante casi dos años Musa Azar Curi, Tomás Garbi y Ramiro López Velloso. Seguros de cada palabra que decían se sentaron ante el Tribunal, Adela Kamenetzky, hermana de Cecilio; Andrés Vicente Dichiara, hermano de Daniel y Mercedes Maulú, exesposa del desaparecido.

Adela contó un episodio (ver nota aparte) que sirvió para comprobar que Dichiara estuvo detenido en la Dirección de Investigaciones Provinciales (DIP). El hermano de Daniel fue uno de los últimos en verlo con vida y uno de los primeros en participar en su búsqueda, cuando todas las fuerzas de seguridad negaban tenerlo detenido. De acuerdo con los testimonios aportados en la causa Dichiara estuvo detenido en la DIP, pero según contó Andrés, Musa Azar Curi le negó a su padre que estuviera ahí.

Uno de los datos fundamentales que aportó el hermano de la víctima de la represión estatal, fue que Daniel le contó, un día antes de ser detenido, que lo estaban siguiendo y que sus perseguidores eran Ramiro López y Juan Bustamente. Después no recibió más información de su hermano desde su desaparición, al menos hasta el retorno de la democracia.

Durante principio de los 80, un amigo le acercó un dato que quedó en su memoria y jamás logró corroborar. Le contaron que Daniel había sido secuestrado en la calle Avellaneda, en pleno centro de la ciudad, por dos o tres personas y subido a un Peugeot blanco o de color claro. Luego llegó el turno de la declaración de Mercedes Maulú, que estuvo casada con Daniel apenas un mes. La represión ilegal dejó a una feliz esposa de luto y a un niño por nacer, sin su padre.

La ex esposa de la víctima contó cómo buscaron a su marido, en la DIP y siempre recibieron la negativa de Azar Curi con relación a su detención allí. Además el padre de Dichiara, que tenía estrechos vínculos con el cuestionado padre Carlos Marozzi, le pidió a la Iglesia que intentaran ubicar a su hijo y nunca pudieron encontrarlo.

Por último, Maulú relató cómo un funcionario judicial, ya fallecido, intentó convencerla de que su exmarido se había fugado con otra mujer.

Una camisa que confirmó que Daniel estuvo en la DIP

Testimonio de Adela Kamenetzky
Aportó un testimonio clave en la causa

Adela Kamenetzky no pasó una juventud fácil, como la mayoría estudió, tuvo novio, se casó y tuvo hijos. Pero además, le tocó sufrir persecuciones, buscar a su hermano desaparecido y sufrir las muchas humillaciones a las que la sometió el aparato represivo del Estado.

Adela contó ayer un capítulo, triste como todos los de esta historia, en la desaparición de Cecilio. Mientras el joven estudiante estuvo detenido en la DIP, se le permitía a su familia que lo visitara para retirar la ropa sucia y buscar ropa limpia.

Según relató, la policía le entregaba un paquete con ropa, que ella llevaba a su casa “abrazandolo, como si abrazara a su hermano”. Pero un día, entre agosto y septiembre, abrió el paquete y se encontró con una sorpresa. Era la inconfundible camisa negra de Daniel Dichiara. Tenía un entretejido de hilo que la hacía fácilmente reconocible.

Sin perder tiempo, Adela llamó a la hermana y a la esposa de Daniel, ellas también reconocieron la particular prenda. Ayer, ante el Tribunal, Adela y Mercedes Maulú describieron con exactitud la camisa, una camisa negra liviana con hilos de colores, cosidos en el entramado, que formaban cuadros muy sutiles.
En aquel momento, igual que hoy, todos entendieron que se trataba de una señal: Daniel Dichiara estaba preso en el DIP. Pese a las negativas de Musa Azar Curi, Daniel estaba allí.

Fuente : Colectivo Ex Presos Pol.Y Sobrevivientes - Rosario

martes, 24 de julio de 2012

Ampliaron la acusación por delitos sexuales a represores de Santiago del Estero

El excomisario Francisco Laitán y al exoficial López Velloso fueron reconocidos por víctimas de abusos durante el juicio por crímenes de lesa humanidad.

El Tribunal Oral Federal (TOF) resolvió hoy ampliar la acusación a represores por delitos de contenido sexual, en el marco del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura militar en Santiago del Estero. Por unanimidad, el máximo tribunal presidido por Graciela Fernández Vecino, resolvió "la admisibilidad parcial por delitos de contenido sexual" en perjuicio de los ex presos políticos Alcira Chávez, Cristina Torres y Luis Garay.

En la reanudación del juicio oral, que se lleva adelante en los Tribunales de Santiago del Estero, el tribunal hizo lugar en forma parcial al pedido del fiscal federal Gustavo Gimena, relacionado con testigos que aseguraron haber sido víctimas de "violaciones y abusos sexuales" mientras permanecieron detenidos en la Dirección de Información Provincial (DIP), popularmente llamada la "SIDE santiagueña".

Tras conocerse la resolución, el fiscal Gimena manifestó que se siente contento que se haya hecho lugar al pedido, contemplando la acusación y la imputación por delitos de violación, abuso sexual y aborto, "para así poder probar que esto sucedía en el Departamento de Informaciones Policiales", según dijo.

En la misma resolución, el TOF no hizo lugar a la imputación del delito de "robo en poblado y banda" al que hicieron alusión algunos ex presos políticos que prestaron declaración como testigos del juicio oral y público. Poco antes de conocerse la resolución del tribunal, los abogados defensores de los 11 imputados, reclamaron la "desestimación de las acusaciones" por considerar que no existe ningún hecho nuevo agraviante.

Gimena consideró que "los robos que los grupos de tareas llevaban a cabo al momento de secuestrar a las tareas también eran motivo de juzgamiento". "Queríamos comprobar en el mismo juicio que además de torturadores, secuestradores asesinos, violadores también eran ladrones”, dijo.

Tras la lectura de la resolución, que complica principalmente al excomisario Francisco Laitán y al exoficial Ramiro López Velloso, que fueron reconocidos por víctimas de abusos sexuales, el tribunal pasó a un cuarto intermedio para mañana a las 9.

Entre los imputados en el juicio oral, se encuentran los ex policías santiagueños Musa Azar, reconocido como el jefe de la llamada SIDE santiagueña; el entonces subjefe, Tomás Miguel Garbi y el exoficial López Velloso.

Los tres represores fueron condenados hace dos años a reclusión perpetua por un Tribunal Oral Federal que los encontró culpables del asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky, ocurrido en noviembre de 1976.

En el juicio oral, también se juzga la conducta del ex mayor del Ejército, Jorge D'Amico, el excomisario Laitán y los ex policías Carlos Capella, Rolando Salvatierra, Baudano y José Gregorio Brao, que actualmente gozan del beneficio de excarcelación.

jueves, 28 de junio de 2012

Represores acusados por violaciones, abuso sexual y robos

Francisco Laitán
Acusaron a ex policías de haber cometido violaciones, abusos, robos y de provocar un aborto.
Con algunas diferencias, todas las querellas adhirieron a la presentación efectuada por el Ministerio Público Fiscal.
ACUSADO. Francisco Laitán fue señalado por Gimena como el autor material de la violación de una detenida.
Publicado el 27/06/2012
El fiscal federal general Gustavo Gimena solicitó al Tribunal Oral Federal del juicio de la Megacausa que ampliara las imputaciones por violaciones y abuso sexual de presos políticos, por el aborto producido a Cristina Torres a raíz de las torturas, y por robo agravado, a casi la totalidad de los 10 acusados. En todos los casos, Gimena señaló a Musa Azar Curi y Tomás Garbi con distintos grados de participación.

Casos y acusados
Por el delito de violación en perjuicio de Alcira Chávez en el Departamento de Informaciones Policiales (DIP), acusó a Francisco Laitán como autor material y autores mediatos a Azar Curi y Tomás Garbi (como jefe y subjefe).

Por la violación a Cristina Torres en la sala de torturas del DIP, acusó como autores mediatos a Azar Curi y Garbi. Además, por el aborto que sufrió Torres a causa de las torturas, acusó a Azar Curi, Garbi y Ramiro López Veloso.

Por el abuso deshonesto a Luis Garay, Gimena pidió ampliar imputación contra Ramiro López Veloso como autor material, y Azar Curi y Garbi, como autores mediatos.

Además, pidió que se imputara por robo agravado en poblado y en banda, a los 9 ex policías que cumplieron funciones en el DIP y que son juzgados: los mencionados Azar Curi, Garbi, López Veloso, Laitán; y también Juan Felipe Bustamante, Eduardo Baudano, José Brao, Rolando Salvatierra y Carlos Capella. Estos últimos cuatro fueron acusados por el robo de una motocicleta a Garay. Los otros ex represores están mencionados en más de un caso. Entre los hechos denunciados se encuentran los robos a la familia Salomón, y al detenido Juan Perié. 

Todas las querellas adhirieron a la petición del fiscal: Secretaría de Derechos Humanos, Codesedh, Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia; Liga Argentina por los Derechos Humanos, y particulares. La Secretaría de DD.HH. consideró que en vez de autores mediatos en los casos de violaciones y abuso sexual, Azar Curi y Garbi tenían que ser acusados de partícipes necesarios y agravarse la situación, porque las víctimas estaban bajo su custodia. Además, sumó el caso de la familia López Saracco, entre los actos de pillaje cometidos por los grupos de tarea.

Por otra parte, todas las querellas defendieron su derecho a peticionar que se amplíe la acusación contra parte de los imputados, ante la objeción planteada por parte de la defensa.

miércoles, 27 de junio de 2012

El DIP reclutaba menores para infiltrarlos entre estudiantes

Una de las testigos contó que, junto con su hermana, fueron investigadas por compañeros de la escuela secundaria.
 
 Durante la audiencia de ayer (26/6/12), surgió un dato revelador referido a que en el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) reclutaban menores para infiltrarlos en los grupos estudiantiles de los diversos establecimientos escolares, con el objetivo de conseguir información de las actividades que desarrollaban.
 
El dato fue corroborado por el testimonio de Ana María Domínguez, quien fue detenida cuando tenía 14 años, junto con su hermana Gladis, de 16, por personal que respondía al grupo de tareas que lideraba Musa Azar Curi. En su relato, la víctima reconoció como las personas que la detuvieron a los policías “García, Brao, Obeid, Bustamante y López”.
Domínguez contó que durante sus tres días de detención estuvo ‘primero en dependencias del DIP y después en el Penal, con dos prostitutas menores de edad y una empleada doméstica que había sido acusada de robarle dinero a su patrona”.
 
La víctima narró además que luego de haber sido detenida, un compañero de la secundaria le confesó que “estaba trabajando como agente secreto, sin dimensionar lo que hacía, porque éramos chicos y no comprendía; después me contó arrepentido que le habían exigido que les contara todo las actividades que hacíamos”.
 
La misma suerte corrió su hermana Gladis, que había acordado reunirse con dos compañeros en la plaza Sarmiento, lugar desde el cual la detuvieron. “Después nos enteramos que uno de ellos era informante de la Side”, detalló.
 
Domínguez relató que “Santiago también tuvo su noche de los lápices”, en referencia a la serie de diez secuestros de estudiantes de secundaria, ocurridos en Buenos Aires.
Recordó que la misma noche detuvieron, además de su hermana, a Silvia Gardella, Félix Daniel López Saracco, Walter Salvatierra, Pedro Ramírez y Margarita Urtubey, entre otros. “Yo tenía 14 años y me trataban como subversiva porque realizaba algunos trabajos sociales en el barrio 8 de Abril y en algunas escuelistas”, concluyó.

lunes, 18 de junio de 2012

Los testimonios que involucran a los jueces cómplices

“Le dije que no deje que me lleven a ese lugar”

 Por Alejandra Dandan

En las audiencias por la megacausa que se hace en Santiago del Estero volvieron a escucharse los nombres de los jueces. Luis Roberto Avila Otrera, ex delegado gremial bancario, dijo en la audiencia que fue torturado en presencia de Liendo Roca.

Cristina Torres es una de las ex detenidas políticas, integrante de la organización Memoria, Verdad y Justicia que nuclea a familiares de desaparecidos y ex presos políticos. Cristina declara desde 1984 y declaró el último mes en el juicio oral por la megacausa abierta en Santiago. Ella habló en uno y otro momento de la responsabilidad de la Justicia, como lo hicieron varios de sus compañeros. En diálogo con Página/12, recuerda algunas escenas y explica el origen de las causas.

“La causa de Olmedo se abrió en 2004 –dice– cuando su nombre volvió a salir a la luz porque la Iglesia lo propuso como candidato a interventor federal. Cuando nos enteramos escribimos cartas al Congreso y a la Presidencia recordando que era uno de los jueces que habíamos denunciado ya en 1984, en la Conadep.”

En lo personal, Cristina lo acusó porque cuando estaba detenida bajo su jurisdicción entendió que con el consentimiento de Olmedo los represores la sacaron de la celda y se la llevaron a torturar. “Yo volví a repetirlo ahora en el juicio oral –dice–. Una vez le dije que no deje que me lleven a ese lugar de muerte. El me respondió que iba a ser sólo unos minutos, y yo le respondí que ni siquiera un minuto porque iba a volver destrozada. ‘Usted es responsable de lo que me va a pasar’, le expliqué. Olmedo cortó el teléfono y en ese momento me sacan por la fuerza. Después de eso le pedí verlo para dar el testimonio, pero nunca más me llamó, o sea desconoció todo lo que nosotras queríamos denunciar, porque mis compañeras también le pidieron que me llame porque yo había sido torturada. Para nosotros eso fue complicidad porque no podía desconocer lo que estaba pasando.”

Un día su madre fue a verlo a la casa. Le hizo guardia en la puerta durante toda la noche porque él se negaba a recibirla: “Mi madre se quedó y a la mañana lo paró cuando él salía para el trabajo, le pidió que entienda la situación, que le estaba pidiendo que garantice mi vida y él le dijo: ‘ya voy a ver lo que puedo hacer’”.

Cristina recuerda que sobre el caso de López hubo dos personas que declararon como testigos en el juicio de Cecilio Kamenetzky, el primero que se hizo en la provincia. Y lo situaron presenciando las torturas antes de 1976. En su caso, López refrendó con su firma un allanamiento fraguado que se hizo en su casa. Para entonces ella ya estaba detenida. Como no tenían cargos con ella, dice, salieron a buscarlos con el operativo. Construyeron un informe en el que escribieron que se llevaron todo tipo de publicaciones desde Estrella Roja hasta Descamisados, pero el dato que menciona Cristina, que además es delegada en la provincia de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, es que los testigos que aparecieron firmando el allanamiento eran dos empleados de la SIDE: Sánchez y Roberto Díaz. “La orden está refrendada por el secretario y con eso me abren una causa judicial –dice– y con esa causa me condenan: como no había nada, fraguaron una acta de allanamiento que además hicieron muy mal.”

Definen causas que involucran a jueces que actuaron en Santiago del Estero durante la dictadura

Tres jueces con pasado muy turbio

La Cámara de Casación debe definir hoy en una audiencia los casos de los ex jueces Roca y Olmedo, juez y fiscal durante la dictadura. Un caso más paradigmático es el de Luis López, a quien señalan integrando la DIP de Musa Azar.

 Por Alejandra Dandan

Los casos son, para Santiago del Estero, tan emblemáticos como Otilio Romano para Mendoza. En total, son tres jueces federales. Hoy habrá una audiencia en Casación por dos de ellos, Antonio Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga, que ya no están en el Poder Judicial, pero fueron juez y fiscal alternativamente durante la dictadura. La causa está abierta desde 2004, los dos están denunciados por participar en la represión, pero fueron sobreseídos en primera instancia y por el tribunal de alzada porque dieron los delitos como prescriptos. El tercero es un caso aún más paradigmático: se trata de Luis Eduardo López, secretario penal durante la dictadura y ahora presidente del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, separado por estas denuncias del último juicio y, en palabras de los querellas que integran los organismos de derechos humanos, una de las autoridades máximas del Poder Judicial local. Los testimonios los ubican tomando declaraciones indagatorias en la Dirección de Información Policial –la DIP de Musa Azar, en cuyo sótano funcionó un centro clandestino–, indican que no investigaron los hábeas corpus de los familiares y López aparece firmando una de las órdenes de allanamiento ilegal.

“Actualmente, Liendo Roca y Olmedo de Arzuaga están sobreseídos –explica el fiscal federal Gustavo Gimena, de Santiago del Estero, a cargo de las causas de lesa humanidad ahora con la asistencia del fiscal Félix Crous–. Nosotros estamos esperando de Casación dos cosas: la primera, que revoque el sobreseimiento por prescripción y, la segunda, que no aplique la ‘teoría del reenvío’ que aplica en algunos casos. Y, en consecuencia, que ordene al juzgado federal que reciba las indagatorias de los ex magistrados. Si no lo hace y aplica el reenvío, hay que volver a integrar un tribunal para que resuelva todo y el trámite demoraría mucho.”

Olmedo de Arzuaga quizás es el nombre más conocido afuera de Santiago del Estero. Presidió el juicio por el crimen de María Soledad Morales en Catamarca y las cámaras de televisión lo pescaron haciéndole un gesto a una de las partes. Durante la dictadura, Olmedo se desempeñó como fiscal y juez ad hoc alternando el rol con Liendo Roca. Liendo Roca fue fiscal hasta el golpe de Estado y luego fue nombrado juez. Como fiscal siguió varias causas de los detenidos políticos y, por eso, frente a esas causas, debía excusarse y Olmedo tomaba su lugar. Eduardo Luis López, en tanto, era secretario penal.

“En Santiago del Estero se repitió la misma situación que con Romano en Mendoza –recuerda el fiscal. Los presos políticos les decían a ellos que habían sido torturados o habían sido sumergidos en agua por la policía, ellos les respondían que eso era una mentira y les pedían que firmaran declaraciones indagatorias.”

–¿Ellos entraron al centro clandestino?

–Ellos no ingresaron al sótano donde estaba el centro clandestino, iban a las oficinas de Musa Azar, que estaban en el piso de arriba, y de otros policías torturadores. Les tomaban indagatorias a los presos políticos que estaban detenidos en ese momento por la ley, ya derogada, 20.840. Hubo algunos testigos y sobrevivientes que querían declarar ante el juez. Algunos pedían hablar con el juez, les contaban sobre las torturas que ya estaban viviendo y en algún caso, uno de ellos recuerda que lo hizo frente al entonces juez federal (Santiago) Grand, que estaba con López, entonces su secretario. Las víctimas explican que el juez les decía que firmaran las declaraciones porque si no volverían al lugar de donde venían, es decir, la sala de tortura. Liendo Roca y Olmedo mantuvieron a personas detenidas más allá de la cantidad de años que ellos mismos habían impuesto porque los consideraban peligrosos.

–¿Cuáles son los cargos por los que los denuncian?

–Les imputamos participación necesaria en este delito.

–¿Con López sucede lo mismo?

–A López le imputamos participación necesaria en la privación ilegal de la libertad y tormentos de varios presos políticos.

Los expedientes siguieron caminos distintos. Liendo Roca y Olmedo están con una causa abierta desde 2004. El juez federal santiagueño Angel Toledo les dictó el sobreseimiento, confirmado más tarde por el Tribunal de alzada, que consideró que los delitos existieron, pero habían prescripto. En ese contexto, la fiscalía presentó el recurso que ahora empieza a ventilarse en Casación, en una audiencia que encabezará durante esta mañana el fiscal ante la Cámara Raúl Plee. La fiscalía pidió que se revoque el sobreseimiento para que los dos ex jueces puedan ser indagados.

Con López, la cosa avanza todavía más lenta. Uno de los hechos más simbólicos que denuncia Gimena sobre lo que puede leerse como “protección de la familia judicial” sucedió en abril del año pasado. Gimena, todavía sorprendido, lo define como “un escándalo”. “Cuando la fiscalía presentó el escrito con la denuncia sobre López, el juez federal Guillermo Molinari, que estaba a cargo de la denuncia, se tomó tres días de licencia. En ese lugar dejó a Eduardo Coroleu, un abogado de la lista de disponibles que actuó como juez ad hoc por esos tres días. Un juez nombrado en esas condiciones no está sujeto a juicio político. El asunto es que en esos tres días Coroleu firmó la resolución de sobreseimiento de López. Mi tesis y la de la fiscalía es que el juez Molinari preparó esta resolución, lo hizo firmar al otro y de esa forma él evitó cualquier responsabilidad.”

jueves, 14 de junio de 2012

Citaron a declarar al ex capellán y el fiscal Gimena analiza imputarlo por

El Tribunal Oral Federal (TOF) que integran Graciela Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís, resolvió hacer lugar al pedido del abogado querellante Héctor Carabajal y citó a declarar para hoy, a las 9, al ex capellán del Ejército, Carlos Marozzi. En ese marco, el fiscal Gustavo Gimena anticipó que tras la declaración del sacerdote, desde el Ministerio Público “analizaremos la posibilidad de imputarlo por delitos de lesa humanidad como cómplice”.

En ese sentido, Gimena expresó a EL LIBERAL que espera que el ex capellán ‘diga al tribunal todo lo que sabe sobre lo que sucedió en la provincia en los centros clandestinos que funcionaban en el DIP (Departamento de Informaciones Policiales) y en el Batallón 141”.

En ese sentido, el fiscal señaló que “independientemente de eso, el Ministerio Público analiza la posibilidad imputarle delitos de lesa humanidad al sacerdote por considerarlo cómplice”. Por último, el fiscal consideró que “son bastante los aportes que Marozzi puede dar para la causa judicial, porque tiene mucha información que esperemos que no se la guarde”.

MEGACAUSA
"Ahora se está viendo lo más oscuro, los abusos sexuales a seres indefensos"
Tal como lo adelantó EL LIBERAL, el fiscal Gustavo Gimena advirtió que las audiencias sacaron a la luz nuevos elementos incriminatorios sobre delitos sexuales y robo agravado para los diez acusados.
INCRIMINACIÓN. "Surgieron elementos que agravaron la situación de los imputados", reflejó el fiscal Gustavo Gimena.
Publicado el 13/06/2012
El fiscal federal general, Gustavo Gimena, adelantó que en la última audiencia de junio pedirá al Tribunal Oral Federal que integran Graciela Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís, que se agrave la imputación de muchos de los 10 acusados del juicio de la Megacausa, por delitos sexuales y robo agravado.

El fiscal aludió a estos crímenes que fueron surgiendo durante los testimonios en las audiencias y que fueron revelados a la opinión pública en un informe de EL LIBERAL. “Surgieron elementos que agravaron la situación de los imputados. Podemos separar en dos partes los nuevos elementos, uno que amerita una nueva investigación sobre hechos no traídos al juicio y los hechos traídos al juicio, pero donde faltan otros imputados. Otros elementos han servido para encontrar más calificado el delito, para agravar el delito, y que amerita una ampliación de imputación”, dijo.

Al respecto, Gimena manifestó que “tenemos el caso de delitos sexuales y el tema de robos que podemos imputar en estas audiencias, pero hay otros que amerita una nueva instrucción”.

Cristina Torres, titular de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y ex presa política, que sufrió vejámenes cuando estuvo en el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) abordó este tema: “Las audiencias van develando cuestiones que estaban un poco oscuras, como el papel del capellán del Ejército y el papel de los delitos contra la integridad sexual que han sido comunes y presentes a lo largo y ancho del país”.

"Lo que pasa -reflejó- es que ante la posibilidad de la pérdida de la propia vida, estos delitos quedaban en un segundo plano y lo que se buscaba era poner en evidencia la desaparición de personas, las gravísimas torturas y los asesinatos. Hoy estamos en otra etapa, podemos empezar a develar este proceso que estuvo oculto, y que con estos graves delitos había otros como corrupción, robo de bienes, de propiedades, ataques a la integridad sexual, violencia contra los niños, así como también la decisión de implantar el terror para el conjunto de la sociedad, de manera de actuar como inmovilizador y no resistencia a los planes de la dictadura”, manifestó.