domingo, 3 de junio de 2012

Santiago del Estero: Ubican el cuerpo que fue arrojado desde el aire

El Juzgado Federal local recibió una denuncia con datos certeros sobre el hallazgo de la tumba de una presunta víctima del terrorismo de Estado, en el paraje Caloj, departamento Copo.
El abogado Luis Santucho de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y Luis Garay, integrante de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y titular del Instituto Espacio por la Memoria viajaron hasta el lugar y ubicaron el sitio del enterramiento.
Los pobladores convirtieron el sitio en un santuario

También dialogaron con los vecinos, quienes indicaron que el cadáver era de un hombre joven que fue arrojado desde una nave, un avión o un helicóptero- aproximadamente en febrero de 1976, cerca del límite con Salta.
El abogado y los organismos de DD.HH. radicaron la denuncia en la Fiscalía Federal y esperan que el Juzgado Federal solicite los servicios del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) para que proceda a la recuperación de los restos y coteje la información del ADN con el banco genético de familiares de desaparecidos, ante la posibilidad cierta de poder identificar el cadáver.

Historia
De acuerdo con los testimonios recogidos entre los pobladores de Caloj, esta persona tendría entre unos 30 y 40 años y su cadáver estaba muy lastimado producto de haber rozado con arbustos espinosos y por la caída. Vestía ropas de obrero que estaban hechas harapos.
Santucho y Garay también escucharon otra versión: que la víctima tenía el aspecto de un linyera y que se había perdido en el monte tupido y que murió por falta de agua y comida, pero fue desestimada entre otras cosas, porque el cadáver a pesar de tener ropa de obrero, sus manos no denotaban que haya realizado trabajos pesados o de labor, ya que no tenían marca alguna.

Irregular procedimiento
En aquel entonces, ante el estupor del hallazgo del cadáver, los vecinos de Caloj informaron la novedad a la Policía que después de un par de días, envió dos efectivos policiales de Monte Quemado los que llegaron al lugar y se limitaron a ordenar que el cadáver sea enterrado en el sitio en el que apareció. Los pobladores rememoraron que entonces preguntaron a los policías por qué esa decisión, sin ni siquiera realizar alguna investigación para identificar a la persona o una autopsia. “Son órdenes”, fue la respuesta seca que recibieron.
Nunca más los volvieron a ver en el pueblo y el cadáver fue enterrado en el mismo lugar donde cayó y desde entonces su tumba se convirtió en un santuario.
“Es un lugar que está cerca de la triple frontera de Santiago, Chaco y Salta, aparentemente fue una persona lanzada desde arriba. Se hizo un procedimiento policial en la época, pero lo encontraron los lugareños”, comentó a EL LIBERAL el abogado Luis Santucho, quien indicó que fue encontrado el lugar donde están enterrados los restos y señalizado.
“Esperamos que el Eaaf intervenga para hacer la excavación, nosotros aportamos el dato al fiscal (Gustavo Gimena) y esperamos noticias del equipo de antropología forense”, dijo.
Investigación
Santucho reveló que recibió el dato y que fue con un guía y representantes de organismos de derechos humanos “a chequear el lugar. Llegamos, sacamos fotos y señalamos el sitio y pedimos a la Justicia que proteja el lugar”.
El letrado manifestó que también solicitaron en el Juzgado Federal que ordene la búsqueda en el archivo de la Policía, de los antecedentes sumariales sobre el tema, “porque hubo una situación muy rara”, apuntó.
“Vino una comisión policial relató-, ni siquiera ordenaron una autopsia, constataron la existencia de la persona muerta y ordenaron que la entierren en el lugar”.
Para Santucho, la versión de que el cuerpo fue lanzado desde una nave, es muy similar a una práctica utilizada por los militares y recordó el caso de Francisco Toconas, un integrante del ERP cuyo cadáver fue arrojado en 1975 en Pozo Hondo desde un helicóptero militar y cuyos restos fueron identificados por el Eaaf en 2010.
Este importante hallazgo se produce en un marco especial, por la realización del juicio oral por la Megacausa de Derechos Humanos, en la que se juzgan 44 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas, y donde uno de los aspectos clave, es poder determinar cuál fue el destino final de las personas que aún permanecen como desaparecidas.

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